Urquijo multiplica los recursos legales para atar a la izquierda ‘abertzale’

Sonia Polo, la txupinera de la Aste Nagusia de 2009, era hermana de un etarra. El nombramiento no estuvo exento de polémica. PSE y PP criticaron la decisión de las comparsas, pero Polo pudo calzarse el traje rojo que le otorga el puesto durante las fiestas de Bilbao. Jone Artola, de momento, no sabe si podrá lanzar el txupin este sábado desde el balcón del Teatro Arriaga. Candidata a diversas elecciones por las ilegalizadas Euskal Herritarrok y ANV, portavoz de Etxerat, miembro y fundadora de la comparsa Txori Barrote, ligada a los reclusos de ETA y su entorno, un juzgado de Bilbao ha suspendido cautelarmente su designación a raíz del recurso contencioso administrativo presentado por la Abogacía del Estado a instancias del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo.

Entre el nombramiento de las dos txupineras distan cuatro años y dos decisiones por parte de la Delegación del Gobierno radicalmente distintas. El entonces representante del Ejecutivo central, Mikel Cabieces, no recurrió la designación de Polo; el actual, Urquijo, sí, al entender que el nombramiento de Artola puede vulnerar la ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

El socialista Cabieces, de perfil público bajo, fue un representante institucional discreto; su sucesor, el popular Urquijo, parece haberse especializado en saltar de titular en titular de prensa a golpe de recursos e impugnaciones. Unas decisiones que han despertado polémica pública en la mayoría de las ocasiones.

Urquijo abandera una política que tiene como máxima presionar a la izquierda abertzale haciendo uso de todos los resquicios legales posibles y que se sustenta en la lógica de que Bildu podrá gobernar en 101 municipios vascos, más la Diputación de Gipuzkoa, pero cada gesto, decisión o paso de sus responsables o de personas ligadas a su entorno que pueda rozar siquiera la ilegalidad, será perseguido. El nombramiento de Artola es, simplemente, el último apunte de una lista en la que figuran nombres como el de Pablo Gorostiaga, elegido pregonero en Llodio, exalcalde del municipio y preso por colaboración con ETA; el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre; el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano; o la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Laura Mintegi.

Urquijo, considerado miembro del sector más conservador del PP vasco, articula con las acciones legales que están en su mano, la política del Gobierno central de tratar de impedir toda actuación de la izquierda abertzale que puediera interpretarse como una ofensa a las víctimas o un apoyo a ETA. La ecuación se completa con la máxima difusión de cualquiera de sus decisiones a través de los medios de comunicación, en los que ha prodigado además sus declaraciones contra las actuaciones de la izquierda independentista.

Desde que el delegado del Gobierno tomó posesión de su cargo, en enero de 2012, diversos juzgados de lo Contencioso Administrativo de Euskadi han visto pasar 467 expedientes de causas contra municipios, abiertas a instancias de la Delegación del Gobierno, según datos facilitados por la misma. A estos asuntos habría que sumar todos los informes que por orden del delegado ha elaborado la policía para trasladarlos a la Fiscalía Superior vasca o de la Audiencia Nacional.

El desglose de los expedientes es el siguiente: 160 asuntos están relacionados con las banderas; 62, con la colocación de pancartas relacionadas con los presos de ETA en Ayuntamientos; 17, por la concesión de subvenciones a actos ligados con los reclusos; 152, por la negativa de los consistorios a remitir a la Delegación las actas de los plenos y 76 componen un capítulo denominado varios, y en los que se incluyen, según la institución, entre otros, los nombramientos de Artola y Gorostiaga y la iniciativa de Garitano de obligar a las empresas que licitan contratos con la Diputación a usar el euskera.

De estos 467 expedientes, las fuentes consultadas no concretaron cuántos han sido archivados o sobre cuántos hay sentencia y a favor de quién se ha fallado. La cifra contrasta con los 27 asuntos similares que destaca la memoria de la Abogacía del Estado correspondiente a 2008, el año en el que el también socialista y discreto Paulino Luesma dio el relevo a Cabieces.

Urquijo, natural de Llodio, el mismo municipio en el que ha recurrido el nombramiento de Gorostiaga y donde comenzó su carrera política como concejal, siempre se ha caracterizado por una actividad frenética. Antes de ser nombrado delegado, su carrera como parlamentario vasco sumaba casi 20 años. Urquijo, a lo largo de las sucesivas legislaturas, se erigió en el azote de los diversos consejeros de Interior, más desde que en 1999 accedió como vocal a la comisión correspondiente, convirtiéndose en una de las voces del PP vasco en la materia.

Los postulados de Urquijo no han cambiado de forma significativa si se compara su etapa en el Parlamento, en la que batió récords de iniciativas presentadas, con su cometido actual. Si cuando ocupaba un escaño formulaba multitud de preguntas sobre las actuaciones de la Ertzaintza, sobre si la policía vasca había remitido tal o cual informe a la Audiencia Nacional o cualquier otro asunto de Interior, ahora el resultado no son otras tantas respuestas del consejero de turno, sino la apertura de procesos judiciales a través de sus requerimientos a la Abogacía del Estado