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El exalcalde se exime del Algarrobico porque no había sentencias firmes

Cristóbal Fernández escuda en la Junta su decisión de ratificar el suelo como urbanizable

El hotel Azata del Sol, cuya construcción está paralizada, en El Algarrobico. Ampliar foto
El hotel Azata del Sol, cuya construcción está paralizada, en El Algarrobico.

El exalcalde socialista de Carboneras (Almería) Cristóbal Fernández ha sido el primer cargo público en pisar un juzgado por El Algarrobico. El exregidor ha acudido a los juzgados de Vera a prestar declaración como imputado por un presunto delito de prevaricación tras una denuncia de Ecologistas en Acción por una acción administrativa de 2009.

En agosto de ese año el pleno municipal volvía a clasificar como urbanizable el suelo de la playa de El Algarrobico —en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y sobre el que ya se levantaba un hotel de 21 alturas y 411 habitaciones— en un acuerdo por el que modificaban sus Normas Subsidiarias y las adaptaban a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Una década de conflictos

  • El Ayuntamiento de Carboneras (PSOE) concede en enero de 2003 licencia municipalpara la construcción de un hotel de cuatro estrellas, con 21 niveles y 411 habitaciones a menos de 100 metros del mar.
  • En febrero de 2006 el juez Jesús Rivera, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Almería, ordena la paralización cautelar de las obras en base a una demanda de los ecologistas.
  • Ese mismo juzgado, en septiembre de 2008, declara nula la licencia de obras, decisión recurrida por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol.
  • El Ayuntamiento de Carboneras, en agosto de 2009, al adaptar su planeamiento urbanístico a la LOUA, ratifica como urbanizable el terreno de El Algarrobico.
  • El Tribunal Supremo, en sentencia firme de septiembre de 2011, confirmó las medidas cautelares adoptadas meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía restableciendo en El Algarrobico el nivel de protección que tenía en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1994: espacio protegido no urbanizable.
  • En marzo de 2012, el Tribunal Supremo establece una servidumbre de protección de 100 metros en El Algarrobico y recrimina al Ayuntamiento de Carboneras el no haber adaptado en su día, 1988, el proyecto a esos 100 metros, donde no está permitido construir.

Varias sentencias anteriores a esta decisión y posteriores a la paralización de las obras del polémico hotel ya consideraban que el espacio era protegido e instaban a las Administraciones —Ayuntamiento y Junta— a plasmarlo en sus correspondientes normas urbanísticas para evitar que, en lo sucesivo, se permitieran más edificaciones en ese enclave. Carboneras debía modificar la calificación de suelo, pero aún hoy sigue siendo “suelo urbano consolidado”, según su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El exalcalde de Carboneras, que ha comparecido durante algo más de media hora ante la juez instructora del caso, María del Mar Alejo, ha argumentado que la decisión de su equipo de gobierno contaba con “todos los informes sectoriales en sentido favorable” y con la aprobación definitiva por parte de la Junta. En la misma línea se han pronunciado los otros seis imputados. Juan Manuel Llerena, abogado del exconcejal de Urbanismo Miguel París y otros tres imputados, ha asegurado que la juez ha sido bastante exhaustiva en su interrogatorio y ha solicitado el archivo de las actuaciones sobre tres de sus defendidos.

El exregidor de Carboneras ha sostenido ante la magistrada que en agosto de 2009 no había ningún pronunciamiento judicial “en firme” que obligase a cambiar la categoría del suelo del hotel de la promotora Azata del Sol. Las sentencias firmes se produjeron a posteriori, a partir de 2011. “Si hubiera sido alcalde en 2011, habría asumido todas las resoluciones de los tribunales con respecto al Algarrobico pero eso corresponde ahora al actual equipo de gobierno”, ha ahondado Fernández, cuyo partido perdió la alcaldía en las pasadas elecciones. Actualmente gobiernan el PP y el grupo independiente Gicar en coalición.

El actual alcalde, Salvador Hernández, también denunciado por Ecologistas en Acción, no solo es partidiario de la apertura del hotel, sino que hace un año llevó ante la Mancomunidad de Municipios del Almanzora un manifiesto en defensa del establecimiento. Por sus acciones, que sí se han producido tras las sentencias del TSJA y del Supremo, se le imputa un presunto delito de desobediencia al no respetar la servidumbre de protección de 100 metros que establece el Alto Tribunal según una sentencia de marzo de 2012.

La licencia de obras, la clave

La maraña legal en torno a la construcción de un hotel en el paraje de El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y en suelo de Carboneras, es compleja. Desde 2005, año en el que un juez de Almería mandó paralizar las obras, iniciadas en 2003 y que se encontraban al 90%, se han producido decenas de sentencias encaminadas a la ilegalización del proyecto y a la restitución de la protección original que se exigía en la zona según la normativa del Parque de 1994, modificada en 1998 por la Consejería de Medio Ambiente. Ese cambio —de cuya voluntariedad sospechó el magistrado que paralizó las obras— dio paso a la licencia municipal de obras y a que se levantara el hotel. Sobre este último trámite administrativo trata la sentencia más importante que podría conocerse este otoño.

De momento, sí se sabe con certeza que buena parte del hotel sería ilegal, en virtud de la sentencia en 2011 del Tribunal Supremo en la que dictó que se ha invadido parcialmente la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre fijada en 100 metros desde la orilla del mar, según la Ley de Costas.

Como todo indica que el hotel acabará demolido, las Administraciones autonómica y central ya acordaron un protocolo de actuación para derribar el edificio cuando se dispusiera del beneplácito judicial. Dicho protocolo fue cuestionado por el nuevo Gobierno del PP, aunque desde el Ministerio de Medio Ambiente se abraza cada vez más la idea de que el hotel debe desaparecer.