La batalla por Orihuela

El comportamiento del Partido Popular respecto a Orihuela (Alicante) en el último mes, en el que ha llegado a presentar dos mociones de censura, demuestra una voluntad descarada por recuperar la capital de la Vega Baja que se entiende bajo dos claves: una demoscópica, otra jurídica. La primera tiene su origen en los resultados de una encuesta primaveral de los socialistas, justo en mitad de legislatura, que habla de un salto del gobierno ecosocialista de los 9 actuales a los 11 concejales, uno menos que el PP. La segunda es de carácter más local: del Ayuntamiento están saliendo muchos expedientes rumbo a la fiscalía que embarran más la situación de la cúpula del PP local.

El último expediente que ha salido del Ayuntamiento es el referente a la adjudicación de las instalaciones en la feria turística Fitur durante la época en la que Pepa Ferrando, presidenta del partido local, era concejal de Turismo. Actualmente son cuatro los imputados del PP, incluyendo a la exalcaldesa Mónica Lorente, y un condenado por violencia. Cinco de 12 ediles. Si Ferrando fuera imputada la mitad de la bancada popular tendría el cartel de enjuiciable al cuello. La documentación ya se encuentra en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela. Allí deberá explicar entre muchas cosas cómo se puede facturar por 18.000 euros el alquiler de cuatro pantallas de 50 pulgadas y cuatro DVD.

Se trata de controlar causas judiciales que afectan a concejales y exconcejales

La situación se va complicando por momentos en el grupo municipal popular, con el 40% de sus miembros imputados, y unos juicios que podrían comenzar el próximo otoño. Recientemente, el concejal David Costa, con varias causas ya a cuestas, y el ex concejal Manuel Abadía han sido imputados en el caso que investiga la construcción de la ciudad deportiva oriolana.

Esta misma semana entrará otro expediente en fiscalía referente a la adjudicación en 2002 de un geriátrico al empresario Ángel Fenoll, imputado también en el caso Brugal junto a Mónica Lorente. Fue Lorente la que tramitó como alcaldesa la venta del centro de Fenoll a Gerocentros, empresa participada por Vicente Cotino y Enrique Ortiz, este último también imputado en Brugal. La venta justo se produjo cuando se negociaba el vertedero del plan zonal de la Vega Baja por el cual Ortiz, Fenoll y Lorente han sido imputados.

Esa es la urgencia más inmediata por la que la cúpula del PP oriolano tiene tantas ganas de retomar una ciudad que conquistó en 1987 con la marca de Alianza Popular y perdió en las últimas elecciones a manos de un gobienro de los verdes y el PSPV-PSOE en minoría. Se trata de controlar la acción judicial de un consistorio personado en varias causas que sentarán en el banquillo a ediles y ex ediles del PP. El gobierno municipal del ecologista Monserrate Guillén sabe que el asalto al poder no acaba en las dos mociones que le han intentado presentar en menos de un mes.

La batalla por Orihuela se presenta como una guerra de desgaste. El PP habla de legitimidad electoral con sus 12 ediles. “El equipo de gobierno son nueve concejales en un pleno de 25, la ingobernabilidad está servida” viene a ser el nuevo mantra popular. Pero la ciudad de Orihuela, con sus 90.000 habitantes, tiene estatuto de gran ciudad y desde su Junta de Gobierno, verdes y socialistas han demostrado que se puede resistir desde que Bob Houlliston, de una candidatura independiente, y uno de los firmantes de las mociones de censura, dejara al gobierno municipal en minoría a principios de 2012. Más con una encuesta que a dos años de las elecciones acercan al equipo de gobierno a los 12 concejales que tiene el PP.

El PP provincial no lo admite,

El PP provincial no lo admite, pero la preocupación por la imagen del grupo municipal y, por extensión, del partido es palpable y teme una caída en las previsiones electorales de la candidatura local, que ya viene de lejos. El 22 de mayo de 2011, 14.765 oriolanos confiaron en Mónica Lorente, imputada ya entonces, y ese mismo día unos 17.000 lo hicieron en el también imputado y ya dimitido presidente de la Generalitat, Francisco Camps. A Rajoy, meses más tarde, le votaron 21.000 personas. El techo del PP está mucho más arriba que los votos conseguidos por Lorente.

Hoy los populares no quieren ni oír hablar de encuestas ni hacer ninguna. “Las nacionales apuntan a que los grandes partidos van a sufrir y que los ciudadanos están pidiendo un plus. Ese plus se pide en Orihuela también”, eso es todo lo lejos que llegan fuentes cualificadas del PP provincial que desean para las elecciones de 2015 un lavado de cara que no incluya ni un solo imputado en sus candidaturas municipales.

El espectáculo ofrecido por las mociones de censura en menos de un mes tampoco ayuda. La primera moción la paró el PP al ser Lorente, una imputada, quien la encabezaba. La segunda simplemente la atajó el secretario municipal al no reunir los requisitos por contar con dos concejales no adscritos entre los firmantes, lo que hizo parecer la estrategia de recuperación de gobierno una chapuza. Orihuela esta vez se saltó a Alicante. Tenía el visto bueno del partido en Valencia.

Al conocido dicho político de que la oposición desgasta, habría que añadir que también desune a la tropa. Orihuela y Alicante no están en la misma onda. En la Vega Baja no siempre contestan al teléfono cuando llaman desde la dirección provincial. Pero en Valencia la recuperación de Orihuela, al margen de que se hiciera con el 40% de su grupo municipal imputado en distintas causas, tendría un carácter simbólico.

La ciudad es la capital de una comarca de más de 400.000 personas. Es la ciudad más grande de toda España que dirige un partido ecologista. La ciudad más grande de la Comunidad Valenciana en la que el PSPV tiene algo que decir tras la pérdida de Elche. El desembarco de varios pesos pesados socialistas el día de la segunda moción prueba que están por dar batalla. Sus encuestas sitúan al gobierno ecosocialista a dos concejales de la mayoría absoluta. El PP admite que en otoño intentará de nuevo el asalto al poder, esta vez tentando a los dos concejales liberales del CLR-Claro, expopulares escindidos. Pero para entonces alguno de sus ediles podría estar ya sentado frente a un juez. Quizás la última alcaldesa.