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Los papeles de Bárcenas implican al PP gallego en la financiación ilegal

El extesorero documenta ante el juez las donaciones opacas registradas en 2006

Un exgerente explicó por escrito a la sede nacional la contabilidad B de Galicia

Durante las más de cinco horas que Luis Bárcenas declaró como imputado ante el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP tuvo tiempo —después de confirmar los sobresueldos a diferentes cargos populares— para ratificar las donaciones opacas de su partido en Galicia registradas en 2006 y que suman más de 1,8 millones de euros procedentes, la gran mayoría, de empresas a las que la Xunta de Manuel Fraga adjudicó contratos millonarios.

Durante su comparecencia, el pasado 15 de julio en la Audiencia Nacional, el hombre que manejó las finanzas del Partido Popular durante dos décadas aseguró que el método para camuflar presuntos donativos ilegales en la contabilidad del PP consistía en fraccionar las aportaciones de empresas constructoras para darles apariencia de legalidad. Bárcenas aludió ante Ruz al informe que el entonces gerente del PP gallego, Modesto Fernández, remitió en 2006 —cuando Alberto Núñez Feijóo era ya el presidente de esta formación— a la sede nacional del partido para justificar el elevado gasto de la campaña autonómica de 2005, tras la que Manuel Fraga perdió el poder en Galicia. La explicación que supuestamente el PP gallego hizo llegar a la sede nacional, en la calle Génova de Madrid partía de la existencia de otros ingresos distintos a los que figuraban en la contabilidad oficial y suficientes para afrontar los gastos extraordinarios del año anterior.

Coincidencias en la presunta contabilidad del PP gallego ampliar foto
Coincidencias en la presunta contabilidad del PP gallego

En el informe por el gerente gallego al PP nacional figura una lista con 19 empresas, muchas de ellas contratistas de la Administración autonómica durante los mandatos de Fraga, y sus presuntas donaciones al partido. Dichos apuntes contables señalan que constructoras como Copasa, Teconsa o FCC entregaron más dinero al partido del que permite la ley, que fija un tope máximo de 60.000 euros.

Si en la contabilidad oficial del PP gallego figuraban donativos por 208.300 euros, en el documento remitido a Génova con la supuesta financiación opaca, las aportaciones de esa veintena de empresarios ascendía a 1.888.125 euros. La mayoría de los donantes además habían sido contratistas con la Xunta de Fraga, algo que prohíbe expresamente la ley.

Durante el interrogatorio del juez Ruz el pasado 15 de julio en la Audiencia Nacional, Bárcenas aludió a esa presunta contabilidad paralela del PP gallego. La citó mientras detallaba los métodos de su partido para ocultar la supuesta financiación ilegal. Estas son las palabras exactas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, a la hora de explicar al juez Ruz alguna de la documentación aportada al sumario: “Aquí, por ejemplo hay una serie de bloques de recibos que efectivamente demuestran que se fraccionaban determinadas aportaciones, en algunos de ellos figura a lápiz el nombre de la persona que entregaba la cantidad y figuran grapadas las cantidades, los distintos ingresos en que se fraccionaban las cantidades que se ingresaban. Y la última hoja es una relación que nos hizo llegar el gerente regional de Galicia con las aportaciones de una serie de empresas, son concretamente 2.600.000 euros pero vinculados a Galicia”.

En el informe remitido desde Santiago a la sede nacional del PP y que obra en poder de EL PAÍS (y ahora también del instructor de la causa), la cantidad exacta en el capítulo de ingresos es de 2.598.738,89 euros. Junto a las aportaciones de las empresas aparecen otras, como el dinero que ingresa el grupo parlamentario en Galicia (466.850 euros) y dos pagos recibidos del PP nacional (por 42.432 y 80.000 euros respectivamente).

Estos tres apuntes de la contabilidad paralela coinciden, céntimo a céntimo, con otros ingresos registrados en la documentación oficial del PP. Así, en el extracto de cuentas del PP nacional, consta el 12 de mayo de 2006 un pago a una empresa gallega de publicidad (BAP Conde) por 42.432 euros y el 27 de octubre de ese año constata una “subvención” al PP gallego de 80.000 euros.

De los papeles oficiales —los entregados en su día al Tribunal de Cuentas— se caen, sin embargo, las presuntas donaciones opacas. Si en el informe secreto del tesorero gallego figuran aportaciones de empresas por 1.888.125 euros, la contabilidad A detallada en el “Balance de sumas y saldos del PP gallego en 2006” solo recoge 208.300 euros, de los que 11.660 aparecen anotados como “donativos nominales” y 196.700 como “donativos anónimos”. Los otros casi dos millones de euros corresponden a esa contabilidad B, a la que recurrió presuntamente el exgerente en Galicia para justificar el coste de la última campaña electoral de Fraga. Junto a ese informe del exgerente en Galicia, en la sede nacional del PP figura una tarjeta de visita manuscrita del propio Modesto Fernández.

Cuando fue consultado por EL PAÍS, el pasado julio, el exgerente del PP de Galicia admitió que acudió cuatro veces a las oficinas de Génova a rendir cuentas ante el tesorero nacional. Pero dijo desconocer cómo puede existir una nota escrita de su puño y letra. “Pregunte en Génova 13”, se limitó a responder a este diario.

Ruz tiene en su poder documentos sobre aportaciones de 19 empresas

Desde que EL PAÍS publicó, el pasado 12 de julio, la existencia de ese informe con la contabilidad B del PP gallego, toda la oposición reclamó a Feijóo que acudiese al Parlamento a dar explicaciones. Tanto el BNG como Alternativa Galega de Esquerdas, el partido de Beiras, exigieron la dimisión del presidente de la Xunta y la convocatoria de elecciones anticipadas. El PSdeG invitó al jefe del Ejecutivo gallego a comparecer en la comisión para prevenir la corrupción abierta en la Cámara autónoma. El PP hizo oídos sordos, y el pasado 1 de agosto impuso su mayoría en la Diputación Permanente para evitar que el asunto de la presunta financiación irregular llegase al hemiciclo. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, invocó la investigación judicial sobre el caso Bárcenas para rechazar que el Parlamento indague sobre el mismo asunton puesto al entender que podría interferir en el trabajo de la justicia. Puy defendió la “presunción de inocencia” pero evitó aludir al informe del exgerente de su partido.

Como él, el resto de la cúpula del PP gallego permanece muda sobre este asunto. El propio presidente, que ha animado varias veces al Gobierno central a dar explicaciones sobre el caso Bárcenas, ha despejado las preguntas sobre Galicia. Y su número dos, en la Xunta y en el partido, el vicepresidente Alfonso Rueda, que ya era secretario general en 2006, cuando se registraron las presuntas donaciones opacas, también escapó de la cuestión y se limitó a decir que el exgerente había negado la información. En realidad, cuando fue consultado por este diario, Modesto Fernández no desmintió la noticia, dijo no recordar el informe ni la nota manuscrita y animó a este periódico a preguntar en la sede nacional del PP.

El extesorero ratificó al juez la contabilidad B de la sede gallega del Partido Popular

Entre las empresas que, según dicho informe, aportaron financiación al PP gallego aparecen viejos conocidos de la formación conservadora. El Grupo Campo figura en las anotaciones con 200.000 euros. Se trata de un conglomerado de empresas de la familia Campo, entre los que están el exalcalde de Ortigueira Antonio Campo por el Partido Popular. Una UTE integrada por dos firmas del grupo cobró seis millones de euros en 2003 para recubrir de cuarcita los edificios de la Cidade da Cultura. Cuando la piedra de la cantera de la familia Campo se agotó, la Xunta tuvo que importarla desde Brasil.

La constructora Necso aportó, según la misma documentación, 100.000 euros al PP gallego. Es la misma empresa que resultó adjudicataria el 17 de junio de 2005 (dos días antes de las elecciones autonómicas que desalojaron al PP del Gobierno gallego) de un contrato para levantar el Teatro de la Música en la Cidade da Cultura. La adjudicación, que firmó el Consello de la Xunta —en el que Fraga era presidente y Feijóo, vicepresidente primero— repartió 97 millones de euros entre Necso y el resto de las empresas que iban a acometer el edificio sobre el monte Gaiás: Entrecanales, Cubiertas, Mzov, Obrascón Huarte y Copasa. Esta última constructora de Ourense también recibió el encargo, durante el verano de 2005, del mismo Gobierno gallego para edificar en la Cidade da Cultura el Centro de Arte en una UTE junto a Acciona. Según el informe del exgerente del PP gallego, Copasa es el donante que más dinero entregó al partido aquel año: 380.245 euros.

FCC, también dedicada a la obra pública, aportó presuntamente 108.000 euros a las arcas populares. Su expresidente, José Mayor Oreja —hermano del que fue ministro del Interior— también figura como donante en los papeles de Bárcenas. Ya durante la presidencia de Feijóo, fue la elegida para construir la autovía de Carballo-Berdoias en una polémica adjudicación que contó con un presupuesto inicial de 979 millones de euros. Su oferta era la más cara de las tres licitadoras y finalmente tuvo que ser anulada ante las críticas de la oposición.

La lista de donantes que Bárcenas ha ratificado ante el juez detalla también una aportación de 120.000 euros de la constructora Teconsa, vinculada a la trama Gürtel y que bajo el mandato de Fraga edificó las oficinas de la Xunta en Vigo y la sede del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en Santiago. El listado incluye empresas como Antonio Ventoso (240.000 euros) Cortizo (222.000), Egasa (100.000), Bruesa (80.000), Invers Sanoa (77.850), ACS (60.000), Tojeiro (60.000), Espina y Delfín (47.700), C.R.C. Ramón Carro (33.000), Seixo (30.000) e ITV Amador de Castro (4.000). En otros epígrafes aparecen “aportación de cargos” con 22.706,89 euros, “venta invitaciones M. Fraga” con 98.625 euros y aportaciones de dos particulares (Teresa Rey y Manuel Vicente, por 4.500 y 3.000 euros, respectivamente).

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