El jefe policial de Ourense imputado usa a un agente de chófer particular

Abelardo Ulloa, el intendente de la Policía Local de Ourense imputado en la Operación Pokémon —la trama sobre supuesta corrupción política que investiga la juez de Lugo Pilar de Lara— ha logrado esquivar las molestias que supone su libertad bajo fianza. A diferencia de los cargos políticos que se cobró esta investigación judicial en la ciudad —costó la dimisión del exalcalde Francisco Rodríguez (PSOE) y del exconcejal de la Policía Local, Fernando Varela (BNG)— el intendente ha conseguido mantener casi todo su sueldo, algo más de 56.000 euros brutos anuales, el mismo despacho, el trabajo propio del cargo —con excepción de la jefatura municipal: un puesto de libre designación por el que percibía 480 euros mensuales que el gobierno local ourensano sostiene que le retiró como consecuencia de la imputación aunque Ulloa asegura que fue él quien renunció— y los desplazamientos diarios de casa al trabajo y vuelta a casa a cargo de un policía local que tiene “para hacer recados en el coche”, reconoce Ulloa. “Yo le doy 50 euros al mes para ayudar con la gasolina”, se apresura a matizar las condiciones de ese servicio cuando se le pregunta por esta misión del agente, siempre al volante.

 Fuentes del cuerpo policial sostienen que la “designación de un policía retirado de atestados para que transporte al intendente no figura en la Relación de Puestos de Trabajo [RPT]” de la Policía Local y “contraviene por lo tanto la normativa”. El gobierno municipal reconoce igualmente que la figura del chófer-policía no está incluida en la RPT “pero si un mando se lo ordenase, tenía que figurar en el cuadrante que mensualmente envía la jefatura y no consta en ninguno”. El grupo de gobierno muestra su sorpresa: “Si esto es así, pediremos explicaciones por escrito” a la actual jefa, la intendente María Barrera.

Las explicaciones las ofrece el propio Ulloa, quien justifica las funciones del policía local. “Lo tenemos para un montón de cosas; es básicamente un recadero: lleva papeles a la Subdelegación, hace de enlace y lo usamos para que nos desplace a la intendente-jefa y a mí a reuniones de trabajo porque aunque hay 30 coches en la policía estaría feo que fuéramos en uno rotulado”, detalla las labores asignadas al funcionario al que él mismo retiró de atestados hace dos años. “Es cierto que podía haber elegido a otro, pero lo escogí a él porque tiene ya experiencia y se desenvuelve bien para hablar con los jueces o los cargos; no fue un capricho personal”, revela el motivo de la liberación del agente de las tareas policiales. Miembros del cuerpo consultados por este diario precisan que “hay otro policía, vestido de uniforme, que hace esas tareas de recados” y sostienen que el liberado por Ulloa, siempre de paisano, “solo cumple el cometido de transportarlo a él”.

La policía dispone de un vehículo no rotulado para los desplazamientos de trabajo de los cargos pero “es tan viejo y está tan estropeado que no pasaría ni la ITV”, explica el intendente el motivo por el que el policía utiliza el suyo; el mismo con el que, asegura, lo lleva a él desde su casa hasta la sede policial aunque en este caso matice que contribuye, con los 50 euros mensuales, a pagar “la mitad de la gasolina”. “Así ahorramos y nos evitamos llevar dos coches al trabajo”, señala. El agente se desplazó a la puerta del juzgado de Lugo cuando Ulloa prestó declaración como imputado Esa vez lo recogió en otro coche, también de su propiedad, y lo trasladó a Ourense. “No hay ninguna utilización abusiva”, sentencia el intendente tras precisar que “en el Ayuntamiento hay muchos funcionarios imputados y no solo siguen en sus puestos sino que a alguno le concede [el gobierno local] préstamos humanitarios [en alusión al recaudador]”.

Tras 27 años como intendente de la policía, plaza que obtuvo por oposición —“por eso, salvo sentencia firme, nadie puede quitármela”— Ulloa, alejado por primera vez de la jefatura local, reconoce que le siguen “consultando aunque no es cierto que continúe mandando en la sombra” y advierte de que cuando la asociación de mandos de policía local de España se enteró de que el gobierno ourensano le retiraba la jefatura como consecuencia de su imputación “quisieron ir judicialmente contra el alcalde”. “Tuve que pararlos yo”, asegura.