El rechazo de Benestar compromete el macrogeriátrico de Guitiriz
La Xunta descarta concertar las 660 plazas que le ofrece el centro privado
El macrogeriátrico privado de 2.000 plazas que una pequeña promotora inmobiliaria de Alcalá de Henares quiere levantar en un monte comunal de 173 hectáreas de Guitiriz no se corresponde con el modelo de atención gerontológica que impulsa la Consellería do Benestar. Así lo admite el Gobierno gallego, que en dos respuestas parlamentarias indica que en la vertiente asistencial aún no tiene constancia oficial del proyecto. En materia urbanística la Xunta debe expropiar terrenos a la comunidad de montes para que la empresa pueda ceder gratuitamente al Ayuntamiento la parte que exige la ley a toda nueva urbanización. Una obligación que no se podría cumplir si la promotora alquilase directamente los terrenos a los comuneros, como preveía inicialmente.
El macrogeriátrico privado de Guitiriz se define como "senior resort" para jubilados de alto poder adquisitivo que puedan pagar 1.800 euros al mes y que aún sean independientes. Pero también pretende concertar con la Administración 660 de sus 2.000 plazas a 1.500 euros mensuales. Sin embargo, a preguntas del PSdeG sobre este proyecto, la Consellería de Benestar indica que "el modelo de atención social que defiende este departamento" se centra en "evitar la institucionalización siempre que sea posible". "Apostamos de una forma decidida por la política de prevención de la dependencia, así como por la promoción de la autonomía personal y por los servicios de proximidad, con la finalidad de que las personas mayores puedan pasar el mayor tiempo posible en su entorno en unas adecuadas condiciones de autonomía", añade el departamento que dirige Beatriz Mato. Un modelo alejado del previsto para el complejo de Guitiriz, que pretende atraer clientes incluso de fuera de España.
La promotora, una pequeña empresa madrileña, promete invertir 135 millones
Benestar también indica que "la cobertura de necesidades que deban llevarse a cabo a través de centros se realizará desde los principios de racionalización y optimización de recursos y teniendo en cuenta el mapa de infraestructuras elaborado por este departamento, así como las ratios de atención que presentan las distintas áreas geográficas". Por ello, descarta que necesite las 660 plazas que la empresa pretende concertar y de las que dependen parte de la viabilidad económica del complejo. Argumenta que "la provincia de Lugo es la que presenta un mayor porcentaje de plazas públicas residenciales en proporción a la población con la que cuenta". Las líneas de actuación que defiende la consellería son las mismas que recomiendan los geriatras, y chocan frontalmente con las que promueve la empresa inmobiliaria y que ya han sido criticadas por destacados geriatras, que han llegado a calificar el complejo de Guitiriz como "gueto de mayores".
La respuesta de Benestar sobre el proyecto es genérica sobre el modelo asistencial porque asegura que la consellería "hasta estos momentos no tiene constancia oficial del proyecto" y que "no consta hasta el momento que el órgano con competencias en materia de autorización de servicios recibiese, ni para los efectos de su valoración, ni para los efectos de su autorización, ningún proyecto formal de ninguna entidad para construir un centro geriátrico en Guitiriz". Según fuentes de Benestar, la empresa promotora solo les hizo saber, hace un par de años, que tenía intención de iniciar la tramitación del proyecto, sin que la consellería se comprometiese a brindar ningún tipo de apoyo al que sería el mayor geriátrico de España.
El complejo requeriría de una inversión de 135 millones de euros, según la documentación de la empresa promotora, Avance Arquitectónico, y reportaría unos resultados anuales antes de intereses e impuestos de 14,7 millones. La firma, que ya ha creado una web para promocionar el complejo aunque aún no ha puesto ni un ladrillo, admite en sus papeles que trabaja como intermediaria para "inversores particulares y empresas dedicadas a la financiación de este tipo de proyectos". Pero Avance Arquitectónico sigue guardando silencio tanto sobre la identidad de esos inversores como sobre el resto de dudas que suscita el proyecto.
Sin compromisos de empleo local
Fue uno de los motivos por los que los comuneros de Santa Mariña de Lagostelle, parroquia del municipio de Guitiriz en la que se quiere levantar el geriátrico, decidieron alquilar su monte a la promotora. Pero la contratación por esta de personal local tanto para la construcción del complejo como para su funcionamiento es una promesa que hace aguas. En su respuesta parlamentaria, la Consellería de Medio Ambiente, encargada de recalificar los terrenos e impulsora política del proyecto, admite que en su documentación "los promotores aluden a la contratación de trabajadores de Guitiriz y su ámbito de influencia" pero matiza que en la Xunta "no consta el compromiso".
Medio Ambiente también aclara cómo se haría la empresa con el terreno que necesita. Inicialmente iba a alquilar las 173 hectáreas a la comunidad de montes por 30.000 euros al año, cantidad equivalente a la madera que los comuneros dejarían de producir allí. Pero el pasado septiembre, y sin que los vecinos fuesen informados ni por el Gobierno gallego ni por la empresa, "se cambió a la expropiación como sistema de gestión", según documentación de la Xunta, que ahora lo justifica como una obligación para poder ceder al Ayuntamiento zonas verdes y espacios libres de la nueva urbanización.
"La necesidad de expropiación, aun en el caso de acuerdo de alquiler de los terrenos, vendría motivada porque, para la ejecución urbanística del proyecto sectorial, es preciso que el promotor realice cesiones a la Administración municipal, cesiones que son obligatorias y gratuitas, de viales, zonas verdes, espacios libres y dotaciones, que no se pueden realizar en régimen de alquiler", indica el Gobierno gallego. Esto es, si se aprobase finalmente el proyecto, la Xunta expropiaría a los comuneros para entregarle el terreno en concesión temporal a la empresa. Esta cedería gratuitamente una parte al Ayuntamiento, como deben hacer todas las nuevas urbanizaciones, y compensaría a los comuneros con una cantidad fijada por ley que, según la superficie afectada, podría ser superior al alquiler inicialmente pactado.
Medio Ambiente también recuerda que la empresa deberá depositar diversas fianzas como garantía de que si su proyecto se interrumpe los terrenos podrán ser revertidos a su situación original. E insiste en que "no está previsto otorgar ningún tipo de subvención o préstamo" público a la promotora.
