Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Un vacío legal permite eludir las multas a las pizarreras que secan ríos

Las empresas de Valdeorras acumulan sanciones por 781.000 euros desde 2005

Una de las grandes explotaciones de pizarra en la comarca ourensana de Valdeorras.
Una de las grandes explotaciones de pizarra en la comarca ourensana de Valdeorras.

El valle ourensano de Valdeorras, devorado por las canteras de pizarra, es una gran cloaca. Unos 25 kilómetros de los ríos San Xil, Valborraz y Casaio —afluentes del Sil— han sido secados y contaminados con metales pesados hasta fulminar cualquier forma de vida. Y las empresas mineras que arrasan desde hace medio siglo 30 kilómetros cuadrados de la Serra do Eixo, continúan contaminando cualquier río o regato que se cruce ante las descomunales escombreras de hasta 400 metros de altura en las que depositan desechos que no pueden comercializar. Algunas de esas empresas ni siquiera han pagado las multas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) tras los evidentes destrozos. Solo en el municipio de Carballeda, zona cero de la pizarra, se han incoado 43 expedientes sancionadores en los últimos siete años vinculados directamente a la “afección del dominio público hidráulico”. Sin embargo, no todos los responsables del destrozo han abonado las multas: una docena fueron recurridas ante la justicia.

 Las sanciones impuestas desde 2005 suman 781.000 euros, pero una estrategia evasiva urdida por las empresas que exprimen los montes ha mermado esa cantidad hasta 491.000 euros. En once de los doce recursos contencioso-administrativos planteados se ha dictado sentencia y los tribunales han estimado total o parcialmente seis de ellas. Prácticamente todos los recursos aceptados aprovecharon un vacío legal surgido tras la anulación de la orden ministerial de valoración de daños al dominio público acordada en noviembre de 2011 por el Tribunal Supremo. Un vacío que aún no se ha resuelto ya que el Gobierno central mantiene paralizada desde diciembre de 2012 la aprobación del Real Decreto que desarrolla esos mismos criterios de valoración en sustitución de la orden tumbada por el Supremo.

Algunas de esas sanciones incluyen la obligación de reponer los cauces a su estado primitivo, algo “imposible”, según explica la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Por ejemplo, los dos últimos kilómetros del San Xil discurren por tubos de hierro oxidado y el valle que formaba su cauce es ahora un enorme agujero gris de 150 metros de profundidad. Una dentellada descomunal en la montaña, justo al lado de una balsa artificial de agua azul eléctrico que acumula toneladas de residuos en medio del cauce original. Todavía no se ha restituido ni un solo metro de río, así que la Confederación mantiene abierta la posibilidad de imponer nuevas multas coercitivas.

El vaciado de cauces no es el único problema. Estos tres ríos presentan un elevadísimo grado de contaminación apreciable a simple vista: tonos ferruginosos, partículas en suspensión y aguas teñidas de verde salpican el curso del Casaio hasta su desembocadura en el Sil. Los informes técnicos internos que maneja la Confederación del Miño-Sil certifican el desastre. La red CEMA (Control del Estado de las Masas de Agua) dispone de dos puntos de registro en este río, que revelan datos alarmantes. Los controles realizados mensual y trimestralmente indican que el estado del agua “es malo”, según reconoce el propio organismo a este diario. Tiene una “concentración elevada de metales pesados como níquel, hierro, manganeso o zinc” y su PH (que da el nivel de ácido) es similar al del vinagre. Estas aguas desembocan directamente en el Sil, desde el que se bombea el abastecimiento del municipios de O Barco (15.000 habitantes) de forma puntual.

Ante estos preocupantes datos, el servicio de calidad de las aguas de la CHMS realiza periódicamente campañas de investigación en las cuencas del San Xil, Valborraz y Casaio para determinar el origen de los vertidos. La última se llevó a cabo el pasado mes de mayo pero, por ahora, no ha concluido qué empresas siguen contaminando los cauces a pesar de las sanciones. La investigación ha establecido ocho puntos de control en el valle de la pizarra (tres en el río Valvorraz, dos en el San Xil, uno en el Riodolas y dos más en el Casaio, que se suman a la red CEMA). A falta de concluir las pesquisas, de la información recopilada hasta la fecha por los técnicos de la CHMS se deduce que “los problemas se originan por la presencia de pirita en distintas zonas de los cauces, disolviéndose los metales presentes en la mineralogía a causa de la acidez”. La pirita es uno de los minerales más usados para la obtención del ácido sulfúrico y uno de los desechos habituales en el proceso de extracción de la pizarra. Por el momento las autoridades no concretan ni medidas correctoras ni responsabilidades legales, ya que continúan intentando “detectar con precisión la localización del material contaminante”.

Pero las canteras de Valdeorras —controladas mayoritariamente por el gigante gallego Cupa Group y por empresas alemanas— quieren más. El 7 de mayo de 2012, la patronal de la pizarra se reunió con el presidente de la Confederación Hidrográfica, Francisco Marín, y con la alcaldesa de Carballeda, María de Carmen González (PP). En el encuentro reclamaron desviar más ríos “ante la carencia de escombreras que amenaza el futuro del sector”. La patronal aseguró entonces que el presidente de la cuenca “se mostró receptivo a la idea”. Desde la CHMS matizan ahora que “habría que estudiar caso por caso ya que lo importante no solo es si se puede o no desviar un cauce, sino que es fundamental comprobar los valores ambientales y naturales del tramo y las posibilidades de restauración de no existir otra alternativa”.

 

Ofensiva judicial

P.T.

A pesar de la impunidad con la que algunas empresas siguen provocando el “mayor destrozo ambiental reciente de Galicia”, según denuncian agrupaciones ecologistas, la legislación es clara en materia de protección de ríos. Al detectarse una actividad que dañe el dominio público hidráulico proveniente de trabajos extractivos relacionadas con la minería, se tramita la correspondiente denuncia administrativa y se incoa un expediente sancionador que se resolverá, si procede, con una imposición de multas y la obligación de reponer lo destrozado a su estado primitivo. En el caso de vertidos con material contaminante (como en la comarca de Valdeorras), al no ser posible su reposición, se impone la obligación de abonar económicamente los daños causados, calculando la sanción a través del canon de control de vertidos no autorizados regulado en la Ley de Aguas.

No es la primera vez que las empresas mineras recurren a la justicia para intentar frenar normas que regulan la protección del medio ambiente a pesar de los destrozos