Comunidad y Ayuntamiento legalizan el campo de golf del Canal en Chamberí

Después de sortear la ley desde sus orígenes en 2003, el campo de golf de Chamberí y el resto de instalaciones deportivas levantadas en la superficie del Depósito Número Tres del Canal, en Chamberí, salen del purgatorio legal. Tras una década de parches burocráticos fallidos, la Comunidad ha elaborado un plan especial para legalizar el complejo con el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid.

Tras pasar por Urbanismo en abril, ser sometido a información pública y tener los informes favorables del Consistorio, Patrimonio Histórico y Evaluación Ambiental, la Comisión de Urbanismo dio ayer su aprobación definitiva. Previamente, el plan legitimaba los usos deportivos y de zonas verdes ya existentes en conformidad con la Ley del Suelo regional. “Los incumplimientos del Plan General de Ordenación Urbana exigen la necesidad de dotar a este plan especial de unas condiciones particulares que regulen y legitimen la existencia de las edificaciones e instalaciones descritas, pues resultan necesarias para la funcionalidad de los usos de zonas verdes y deportivos”, señala el documento. “Las instalaciones de golf exigen de un cerramiento singular para impedir la salida de bolas fuera de las canchas, a fin de evitar que puedan causar daños”, recoge. El elevado consumo de agua del césped se evitará mediante el empleo de otro artificial.

Los tribunales siempre han fallado que el campo no se ajustaba a la ley

Estos depósitos del Canal fueron construidos en 1925 en la confluencia de las calles de las Islas Filipinas, Santander y San Francisco de Sales. El Tercer Depósito es el mayor de los cuatro con que cuenta la compañía, con una capacidad de 461.000 metros cúbicos. El plan argumenta que las dimensiones de la parcela permiten “zonas verdes e instalaciones deportivas compatibles” con él. De los 118.944 metros cuadrados de superficie, 58.440 se destinan a zonas verdes y espacios libres. Otros 56.706 a uso deportivo —de los que 26.225 van a la zona de prácticas de golf y 16.430 al área de iniciación a este deporte—, y 1.044 a uso terciario.

“No existe en este distrito ningún centro deportivo municipal en funcionamiento, debido a la dificultad de obtener suelo en una zona urbana tan compacta y densa”, prosigue el informe. Para defender las instalaciones deportivas en el Depósito Número Tres se recuerda que el estadio de Vallehermoso, “en la parcela colindante”, se encuentra en obras. Según estudios realizados por el Canal, el 98% de los usuarios consideran que el parque añade valor al barrio.

Con un coste de 50 millones de euros, el recinto consta de un campo de fútbol 11 y otro de fútbol 7; ocho pistas de pádel; cancha de prácticas de golf y picht & putt de nueve hoyos par 27; una pista de tartán de 1,2 kilómetros para carreras; y un circuito deportivo para ejercicios.

La adjudicataria paga 4,19 millones por gestionar las instalaciones

Las instalaciones de golf se justifican “para enriquecer la oferta del entorno”. La demanda de usuarios de este deporte es del 4,5% frente al fútbol (19,6%), tenis (13,1%), carrera a pie (10,5%), baloncesto (8%), atletismo (7,7%), pádel (6%) y voleibol (5,1%). Desde su inauguración ha tenido 7,5 millones de usuarios (12.000 al mes).

El pasado mayo, el Canal renovó la adjudicación de la gestión del campo de golf y el resto de instalaciones por 4,19 millones de euros, IVA no incluido. La empresa Proingest Management Asociados SL relevó a la hasta entonces concesionaria, Green Canal Golf. El importe mínimo que debía ofertarse para quedarse con el contrato, con una duración original de cinco años y cinco meses, era de 3,79 millones, sin IVA.

El pasado diciembre el Tribunal Supremo falló, siguiendo los mismos pasos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2010, que el campo de golf no cumplía con los requisitos administrativos requeridos para justificar su condición de interés general, la receta con que la Comunidad pretendió salvar el proyecto después de que el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, le denegase la licencia por no cumplir ciertos requerimientos urbanísticos.

“Se desprende con meridiana claridad que el excepcional interés público (...) no está motivado en el caso de autos, pues responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística que, en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos (...) y no a la existencia de razones excepcionales de interés público que tendrían que haberse puesto convenientemente de manifiesto”, recogía la sentencia, que daba la razón, como anteriormente el Tribunal Superior de Justicia a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí.

La Comunidad obtuvo la primera licencia de obras en marzo de marzo de 2003. Entonces ya optó por incluir el campo de prácticas de golf. A los lados, se levantaron unas torres metálicas de 30 metros de altura como soportes de unas redes enormes que impiden que las pelotas salgan del complejo. Sin embargo, en octubre de 2006, cinco meses antes de la inauguración, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó “la suspensión inmediata" de las obras, dando un plazo de dos meses para que la Comunidad solicitara una "nueva licencia que ampare unas obras ilegales”. Dos meses más tarde, el Ayuntamiento emitió un informe “desfavorable” de la solicitud de modificación de licencia, cuestionando “las afecciones paisajísticas y la valla perimetral”. Ya entonces el proyecto suprimía la idea original de dotar a las instalaciones de un helipuerto.

Ahora, Comunidad y Ayuntamiento han cambiado la ley para que todo cuadre. Como remedio, el Ejecutivo autonómico en enero de 2007 se sacó de la chistera la declaración de bien interés general el proyecto de obras de restauración y consolidación del depósito, además de las zonas verdes y las instalaciones deportivas en la superficie del depósito. La solución no convenció, y el problema se enquistó durante los últimos seis años.

El Plan Especial recoge de hecho que las razones que llevaron a la justicia a anular el acuerdo de enero de 2007 fueron la "falta de motivación del interés general de las instalaciones de golf", así como la "ausencia de justificación del interés general que preside la necesidad de apartarse del cumplimiento del PGOUM en cuanto a vulneraciones" que puso de manifiesto el Ayuntamiento de Madrid, "fundamentalmente respecto del cerramiento que exigen las instalaciones del golf y la construcción de tres nuevos pabellones". La sentencia anulatoria del TJSM, confirmada por el Supremo, se fundamenta en la "carencia de motivación", esto es, se trata de una "anulación formal, sin que los tribunales se hayan pronunciado sobre los aspectos materiales del proyecto".

El número dos del Gobierno regional y presidente de Canal Gestión, Salvador Victoria, expresó en la Asamblea de Madrid el pasado febrero que para "cumplir con la legalidad" se iba a "tramitar un plan especial de infraestructuras que, de acuerdo con el interés general, venga a ajustarse a la legalidad urbanística". Después de 10 años de enredo legislativo, así ha sido.