Cádiz protesta contra la Zona Franca de Sevilla y exigirá las mismas inversiones

En una inusual intervención, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, presidenta del Consorcio de la Zona Franca gaditana, ha arremetido este miércoles contra el Gobierno del PP. "Soy una peleona nata y voy a luchar", ha anunciado. Aunque ha tratado de suavizar su indignación, Martínez se ha mostrado "dolida" y "disgustada" con el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Sevilla por haber firmado el convenio para crear la Zona Franca sevillana sin contar con ella ni evaluar las posibles consecuencias negativas que este proyecto puede tener para el recinto fiscal de Cádiz. También ha puesto en duda que las leyes de competencia europeas permitan esta nueva zona en Sevilla.

El pleno de la Zona Franca de Cádiz, reunido por primera vez en seis meses, ha evitado atender la petición del PSOE de aprobar una postura oficial contraria a la creación del consorcio sevillano. La alcaldesa ha preferido que sus indignadas declaraciones públicas no constaran como un acto institucional. El pleno se ha limitado a aprobar oficialmente la solicitud de un informe al ministerio sobre las repercusiones económicas que el recinto de Sevilla puede acarrear y una queja por la falta de información. También, una reclamación de que cualquier inversión destinada a la Zona Franca de Sevilla repercuta en la gaditana y la preparación de una solicitud formal para ampliar los suelos en Cádiz exentos de aranceles e impuestos aduaneros.

Tras el pleno, Martínez ha lanzado un discurso, cuidado en las formas, pero con un fondo de profundo malestar. "Estamos en contra de la puesta en marcha de una Zona Franca de Sevilla, muy especialmente si eso puede ser lesivo para los intereses de esta ciudad. Yo defiendo Cádiz. Defendiendo Cádiz, defiendo a Andalucía y a España". Martínez, junto con el resto del PP de Cádiz, quedaron en evidencia al enterarse por los medios de que este martes el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmaban el protocolo para crear el consorcio sevillano. Nadie avisó al Ayuntamiento, a la Zona Franca de Cádiz ni a ningún cargo del PP gaditano. "Creemos que deberían haberlo hecho porque podríamos haber aportado nuestras reservas pero también sugerencias para hacer mejor el proyecto", ha dicho Martínez. Ambos alcaldes han admitido este miércoles que, a pesar de la polémica, seguían sin ponerse en contacto para hablar de este asunto.

La Zona Franca de Sevilla ha sido una piedra inesperada en la lucha de Martínez para impulsar en Cádiz una plataforma logística para competir con los puertos más importantes. Y le ha dolido más porque la zancadilla se la han puesto los suyos. Encima ha sido una de las últimas en enterarse. "Hacienda nos ha ayudado a muchas cosas en esta ciudad y no entendemos que no se nos haya pedido opinión". Solo hace una semana que la alcaldesa puso en duda de que el proyecto pudiese hacerse realidad. "La podrán llamar Zona Franca pero no se podrá equiparar a la de Cádiz, ni a la de Barcelona, ni a la de Vigo". Este miércoles ha insistido en la misma idea y ha recordado que la UE ha frenado, con sus directivas de competencia, la creación de cualquier nuevo recinto. Así ocurrió en Canarias, cuando se pretendió que todas las islas tuvieran zonas francas. Y así le pasó a Cádiz cuando quiso ampliar la suya.

Martínez mantiene las formas con Hacienda porque, además de que está gobernada por su partido, espera ser compensada. De hecho, exigirá que cualquier inversión que llegue a Sevilla, se repita en Cádiz. "Si todo el mundo puede solicitar una zona franca, nosotros podemos ampliar la nuestra. Y así lo vamos a pedir. Y cualquier dinero que llegue para crear, desarrollar y consolidar la de Sevilla lo pediremos también para ampliar la nuestra". Ha dejado más frases desafiantes: "No nos vamos a dejar absorber por ningún otro instrumento de otra ciudad" o "vamos a defendernos con uñas y dientes".

Pero ha evitado la vehemencia empleada cuando Administraciones de otros partidos han tomado medidas que han perjudicado a la ciudad. Cuando el Gobierno de Zapatero frenó el segundo puente por falta de fondos inició una recogida de firmas. Al comisario Joaquín Almunia le acaba de declarar "persona non grata" por su exigencia de devolver las ayudas navales. De Montoro y Zoido, solo ha dicho, a pesar de los reproches, que les tiene el "máximo respeto".