Fomento reclama a los bancos la paralización “urgente” de los desahucios
Cortés pide a las entidades financieras que se adhieran al plan que evita los desalojos de familias
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, reclamó este martes a los representantes de 11 entidades financieras que paralicen los desahucios “con carácter urgente” hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que impide los desalojos y que se encuentra suspendido tras el recurso presentado por el Gobierno central. “Es urgente adoptar soluciones excepcionales”, reclamó la consejera.
Cortés recordó a los representantes de entidades financieras las 18 familias acogidas a la expropiación temporal del uso de las viviendas que les habían sido embargadas, medida que evitaba el desahucio. También señaló que decenas de familias habían solicitado beneficiarse de esta medida en los primeros tres meses en vigor de la misma.
“El decreto servía, era eficaz y protegía el derecho a la vivienda de todas y cada una de las personas en riesgo de desahucio en Andalucía, porque ejercía un efecto disuasorio sobre las entidades financieras”, argumentó Cortés, quien consideró “radicalmente injusto” que se sigan produciendo desahucios en Andalucía.
La consejera instó a las entidades financieras a adherirse mediante convenio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, al que se han sumado 215 ayuntamientos, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Este convenio permite a las familias que actualmente son incapaces de hacer frente a su hipoteca poder continuar en sus casas mediante la fórmula del alquiler con opción a compra. Además incluye alternativas para evitar en última instancia el desalojo, como la renegociación de las condiciones del préstamo hipotecario (ampliación del plazo de carencia o del plazo de amortización) o la dación en pago. Las cajas y bancos se comprometerían, por su parte, a no iniciar reclamación judicial contra el afectado en el plazo de un mes, tiempo en el que la Junta debe elaborar una propuesta individualizada para liquidar la deuda de la persona afectada.
