La larga mano de CDC en el Palau

El Palau de la Música ha sido víctima de un saqueo histórico: 26,5 millones volaron a manos del expresidente Fèlix Millet y su lugarteniente, Jordi Montull. La institución musical, sin embargo, se resiste a pedirle cuentas a uno de los presuntos beneficiarios del expolio: Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hasta en tres ocasiones los servicios jurídicos han liberado de toda culpa a la formación de Artur Mas, que el miércoles comparece en el Parlament por el caso Palau: primero, se opusieron a abrir una nueva línea de investigación sobre el pago de comisiones ilegales; después, concluyeron, en contra del criterio del fiscal, que no había indicios de financiación ilegal de CDC; y hace dos semanas, en un nuevo escrito enviado el juez, han omitido cualquier alusión a los 5,1 millones que, según los investigadores, se embolsó la formación nacionalista a cambio de adjudicar obra pública a Ferrovial.

El último escrito ha generado un especial malestar en determinados sectores del Palau porque se presentó a espaldas de la presidenta, Mariona Carulla, así como de la junta directiva del Orfeó y del patronato de la Fundació, las dos entidades privadas que integran el Palau. Según han confirmado a este diario distintas fuentes, los abogados hicieron llegar el documento al despacho de la presidenta y al del director general, Joan Oller, unos instantes antes de remitirlo al titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan. Ese día, 1 de julio, la Filarmónica de Berlín abría la temporada 2013-2014. “No hubo tiempo material para reaccionar ni mirar nada”, confirman fuentes de la institución.

“Hay una dislexia absoluta entre lo que hacen los abogados y lo que hace el Palau”, explican fuentes del organismo, que describen una “tensa reunión” entre Carulla y los servicios jurídicos por la ocultación del texto a los órganos de representación. “El mandato de los abogados es que los documentos delicados deben pasar esos controles; no pueden actuar por su cuenta”, añaden las mismas fuentes, que recuerdan los riesgos de que la víctima no reclame: “Si no acusas a quien se te ha llevado el dinero, puedes acabar teniendo la responsabilidad de devolverlo”.

El Orfeó —la institución centenaria del coro— y la Fundació —el órgano que, tras el escándalo de Millet, se encarga de la gestión— ejercen la acusación particular, como perjudicados, en el caso Palau. Sus abogados forman parte de la potente y renombrada consultora PriceWaterhouseCoopers. Uno de los socios de la firma en Barcelona es Joaquim Triadú, que fue consejero y secretario general de Presidència bajo los gobiernos de Jordi Pujol. Los mismos ejecutivos que, según los investigadores, llegaron a un “acuerdo” con Ferrovial para recibir suculentas comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas de envergadura, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia.

Fuentes cercanas a la investigación atribuyen a Triadú, que sigue muy próximo al ejecutivo catalán, un papel clave en la discutida postura que ha adoptado el Palau en relación con Convergència. El ex alto cargo de la Generalitat “maniobró” en la primera de las tres polémicas, en noviembre de 2010, para que la institución se opusiese a investigar el presunto pago de comisiones a través del extesorero Daniel Osácar.

Aquellos fueron meses convulsos en el Palau. Carulla acababa de renunciar a la presidencia para presentarse como candidata y fue designado para el puesto, de forma interina y sin poderes, Josep Maria Busquets, solo porque que “era el más viejo de la junta”. El despacho Garrigues era entonces el encargado de defender los intereses del Palau. El bufete barcelonés propuso a su cliente que se sumara a la iniciativa del fiscal de pedir la imputación del extesorero. Pero el Palau acabó oponiéndose. “Fue una pinza conjunta de Busquets y Triadú”, indican fuentes conocedoras del Palau.

“Hay una dislexia absoluta entre lo que hacen los abogados y el Palau”

Triadú trabajaba a la sazón en Garrigues. Y Busquets —que había ejercido altos cargos en el Liceo y el Teatro Nacional de Cataluña, también en la época de Jordi Pujol— defendió su decisión para evitar una malsana influencia en la campaña electoral catalana. La junta del Orfeó desautorizó a Busquets, que también tuvo enfrente al entonces director general del Palau, Joan Llinares. Pero Carulla, en plena campaña del Palau, avaló la decisión.

“Estos señores no han servido al Palau, sino a otros intereses”, aseguran las mismas fuentes. Carulla fue elegida presidenta y el Palau encargó la defensa de sus intereses a PriceWaterhouseCoopers, que, a su vez, fichó a Triadú. “Ha sido la persona que ha movido todos los conflictos posteriores”, abundan las mismas fuentes. Triadú alega en su defensa que no es el penalista encargado del caso Palau —es socio del área de sector público de PwC en Cataluña— y que está desvinculado de la actividad política desde hace muchos años.

El extraño posicionamiento del Palau sobre Convergència se ha repetido en otras dos ocasiones —julio de 2012 y hace dos semanas— con una secuencia de hechos repetida casi al milímetro: los abogados presentan, en nombre del Palau, un escrito que exime de responsabilidad a CDC; el partido hace bandera de ese escrito para proclamar su inocencia; y la institución emite un comunicado matizando que aún no ha dicho su última palabra.

En julio de 2012, el juez impuso a CDC una fianza de 3,2 millones en concepto de responsabilidad civil; como aval, el partido puso su sede central de la calle Còrsega. En un escrito ambiguo, el Palau dio a entender al juez que renunciaba a ejercer acciones legales contra Convergència porque no había “indicios” que acreditaran los pagos irregulares. El documento añadía que no había “créditos” contra el partido, por lo que no tenía sentido reclamarle nada. El Palau pidió, eso sí, que se aumentara en 3,2 millones la responsabilidad civil de Millet y Montull. El ex número dos de CDC, Oriol Pujol, esgrimió el escrito en el Parlament para defender que el partido no cobró comisiones. Media hora después, el Palau emitió un comunicado para matizar que siempre ha “exigido” la devolución del dinero expoliado.

Un excargo de Pujol “maniobró” en favor de CDC, según fuentes del organismo

El último escrito fue una respuesta a las tesis del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled. En su relato, el Palau omitió toda alusión a CDC, a la que ni siquiera considera responsable civil a título lucrativo; tampoco incluye entre su lista de imputados a Osácar. El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, recogió el guante y afirmó que, si el “principal perjudicado” por el saqueo no reclama nada al partido, eso es una prueba más de su inocencia.

El Palau emitió dos notas de prensa: una, para afirmar que fijará su posición definitiva en el escrito de acusación (que deberá ser sometido al criterio de los órganos de representación); y otra, tras la tensa junta del Orfeó, que se reunió ese mismo día. La institución lamentó la “mala interpretación” hecha por el portavoz del Ejecutivo catalán. Tanto en la junta del Orfeó —que, tras años de abandono en la etapa de Millet, ha recobrado protagonismo— como en el órgano gestor, el patronato de la Fundación, hay “múltiples sensibilidades”, por lo que “es normal que afloren las tensiones”. “Los intereses de un cantaire no son los mismos que los de un empresario”, resume una fuerte cercana al Palau.

Encabezado por Carulla, el patronato gestor lo integran 22 personas. No hay una mayoría nacionalista, pero sí destacados miembros y exmiembros de CDC; por encima de todos ellos, David Madí, que fue responsable de la campaña electoral que aupó a Mas a la presidencia de la Generalitat.