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El fiscal cree que el dinero de San Fernando pudo acabar en Marruecos

El ministerio público solicita la imputación de la mujer del cajero y de los siete miembros de una familia amiga del matrimonio

El trabajador del Ayuntamiento de San Fernando Clemente Ruiz en 2010. Ampliar foto
El trabajador del Ayuntamiento de San Fernando Clemente Ruiz en 2010.

La Fiscalía de Cádiz ha ampliado la petición de imputados en el caso abierto por el robo de 7,8 millones de euros de la caja del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), ahora gobernado por PP y PA. Hasta ahora solo habían sido imputados los dos cajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero, aunque siempre las principales sospechas han recaído sobre el hombre, que llegó a ingresar en prisión acusado de haberse apropiado del dinero. Ahora el ministerio público pide la imputación de su mujer, Manuela Oneto —quien también había estado bajo sospecha—, y de los siete miembros de una familia marroquí que pudieron ayudarle a blanquear el dinero.

Los informes policiales recogidos en el sumario alertaban de que el dinero del desfalco, detectado en 2009, pudo servir para financiar fiestas, coches de lujo o tratamientos estéticos. Eran gastos que constan en una documentación incautada a esta familia, muy amiga de Clemente Ruiz y su mujer. Tal era esa amistad que el cajero, que era propietario también de una inmobiliaria, guardaba sus libretas bancarias. Esos atestados revelan que una fiesta infantil y dos bodas costaron 345.000 euros y registran servicios sanitarios y estéticos por valor de 50.000 euros. En sus declaraciones, la mujer del funcionario atribuyó el alto nivel de vida de su familia, por encima del salario que podía cobrar su marido, al cobro de una herencia de 240.000 euros. Además, hay sospechas de que parte del dinero robado pudo ser llevado a Marruecos.

La fiscalía, tras un parón en la instrucción, ha reactivado el caso reclamando al juez la imputación de la mujer y de los siete miembros de la familia como partícipes en las operaciones comerciales desarrolladas en diversos negocios de la ciudad con, supuestamente, los fondos extraídos del Ayuntamiento. En ambos casos, el fiscal identifica un delito de blanqueo de dinero recogido en el artículo 301 del Código Penal, que castiga operar con fondos a sabiendas de su origen delictivo.

La investigación debe aclarar también cómo durante años el cajero pudo sacar 7,8 millones de euros de las arcas municipales sin que nadie en el Ayuntamiento lo notase. La principal sospecha, hasta ahora, es que el funcionario fue extrayendo el dinero casi a diario en pequeñas cantidades que restaba de ingresos que se hacían en la caja.

Mientras avanza la instrucción penal, el Tribunal de Cuentas ha fijado para el 16 de octubre el juicio contable por estos hechos para tratar de recuperar el dinero. El Ayuntamiento, gobernado por José Loaiza (PP), pedirá en ese juicio responsabilidad subsidiaria a los exalcaldes del PA, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, este último es hoy concejal gracias al pacto que los populares mantienen con los andalucistas.