Ocho años de cárcel para el exdelegado de la Zona Franca por malversación

El primer gran escándalo enjuiciado de la Zona Franca de Cádiz ya tiene sentencia. El exdelegado, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, ha sido condenado a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por fraude, prevaricación y malversación por la creación del portal informático Rilco. Su sucesor en el cargo, Miguel Osuna, y el resto de acusados han sido absueltos. Con todo, la sentencia no es benévola con Osuna, al que acusa de mantener una actuación "gravemente negligente" e "imprudente", aunque no aprecia conducta delictiva.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial, firmada por el presidente de sala, Manuel Grosso, considera probado que Manuel Rodríguez de Castro, delegado en la Zona Franca entre 1996 y 2001, puso en marcha el proyecto Rilco de comercio exterior con América. Lo adjudicó a un matrimonio de Miami, Germán y Camila Leiva, con una oferta que no se ajustaba "a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones". Cláusulas que modificó para poder adjudicar a este matrimonio el contrato "en contra del asesoramiento legal recibido". El exdelegado dimitió en 2001 rodeado de escándalos pero "colocó" en Rilco a una persona de confianza, Rafael Ortiz, para acceder a toda la información y poder influir en la toma de decisiones. Su sucesor, Miguel Osuna, conoció las "irregularidades". Tomó algunas medidas que perjudicaron a la Zona Franca pero el tribunal considera que lo hizo "sin intención".

La sentencia es especialmente dura en el relato de hechos probados contra la estrategia de defensa de Manuel Rodríguez de Castro, quien se presentó ante el tribunal como víctima de los abogados del Estado que, según él, autorizaron y apoyaron el desarrollo de Rilco. "Se presentó como una marioneta de los abogados del estado limitándose a hacer lo que estos le decían", algo que, según el tribunal, dista mucho de la realidad y es una muestra más de su "personalidad manipuladora". La sentencia describe al exdelegado como una persona "de gran inteligencia y preparación, que le llevan a idear un plan en el que va implicando a terceros, a veces como peones ignorantes de su verdadero papel".

Ese plan era poner en marcha a toda costa el portal Rilco, su gran idea de negocio, que aún hoy Rodríguez de Castro defiende como el proyecto que hubiese cambiado la economía de Cádiz, una plataforma digital que auspiciaría el comercio entre Europa y América. El tribunal no censura su fin sino sus métodos. "Creer en lo que se hace no es reprochable, todo lo contrario. Ahora bien cuando se entra en una dinámica de actuar al margen de las reglas para obtener unos réditos, que de otro modo no se hubiesen obtenido, se cruzan líneas rojas del ilícito penal". La sala considera demostrado que Rodríguez de Castro cometió fraude de subvenciones, prevaricación y malversación de caudales públicos. Le condena a ocho años de prisión, 30 de inhabilitación y al pago de 235.513,94 euros a la sociedad Rilco, que está en proceso de disolución.

La sentencia, con todo, no atiende los requerimientos de las acusaciones que ejercían la Abogacía del Estado, fiscalía y PSOE, que reclamaban 10 años de prisión para Rodríguez de Castro y el pago de más de ocho millones de euros. Y además echa por tierra todas las acusaciones contra el resto de personas que se sentaron en el banquillo: Osuna, los Leiva y Rafael Ortiz. Todos han sido absueltos. Según el tribunal, no se ha podido demostrar que participaran de las irregularidades incluidas en el plan de Rodríguez de Castro.

De Osuna llega a decir que sí supo de algunas conductas incorrectas y que trató de subsanarlas, aunque no lo consiguió siempre. "Fue gravemente negligente", dice la sentencia. Pero cree que no hubo mala intención, sino imprudencia. Y al no haber dolo, no hay delito. Pero esta apreciación sí apoya la condena que ambos exdelegados tienen en el Tribunal de Cuentas, por la que deben pagar más de 4,3 millones de euros a la Zona Franca. Esa sentencia ha sido recurrida. La absolución de Osuna, que tiene todavía pendiente el juicio por el caso Quality Food, es un alivio para el PP, que le ha pagado la defensa y ha mantenido sus apoyos al exdelegado.