Bruselas investigará la adjudicación de la contrata de limpieza a Ortiz

La Comisión Europea abrirá una investigación sobre la contrata de limpieza y residuos de Alicante, que la alcaldesa Sonia Castedo, del PP, acaba de adjudicar a una UTE participada por el contratista Enrique Ortiz, los dos imputados en Brugal. La investigación surge a raíz de diversas preguntas planteadas por el eurodiputado de IU Willy Meyer que denunció "el posible incumplimiento de las directivas de residuos y adjudicación de contratos públicos".

Según el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, la Comisión contestó a Meyer en una respuesta fechada el pasado 15 de julio. En la contestación considera que los hechos planteados por Meyer "merecen una mayor atención" y el organismo europeo propone "poner en marcha una investigación para proceder a una evaluación de hecho y de derecho y, en caso necesario, adoptará las medidas adecuadas".

Esquerra Unida recuerda, a través de un comunicado de prensa, que el servicio de limpieza finalmente "fue adjudicado por el equipo de gobierno municipal del PP por urgencia el pasado día 18 a la única oferta presentada tras inadmitirse por un tribunal administrativo el recurso especial en materia de contratación que EU interpuso contra la clasificación de esa única oferta, presentada por una UTE --cuyas empresas llevan gestionando el servicio desde el año 2000-- participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal.

El anuncio de la contrata de basura, por un valor máximo de, 435 millones con IVA ,"no se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, pudiéndose por ello haber incumplido la directiva sobre adjudicaciones de contratos públicos", según considera EU.

El eurodiputado recordaba que la adjudicación incluye la gestión de la planta de residuos de Fontcalent, cuya construcción se cofinanció con fondos europeos, y recalcaba que la gestión de los residuos en la planta "ha sido denunciada por diversos colectivos ecologistas y vecinales que registraron en diciembre de 2012 ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo 1.500 quejas por el enterramiento masivo de los residuos (en 2011, según datos oficiales, se enterraron 105.000 de las 135.000 toneladas tratadas, casi un 80%), por los ínfimos porcentajes de recuperación (un ridículo 1,1% según esos mismos datos oficiales en 2011) y por problemas de malos olores y vertidos de lixiviados".

Por último, EU denuncia "que los criterios de adjudicación del servicio no contemplen ningún objetivo ni de minimización de los rechazos ni de recogida selectiva en origen de la materia orgánica, pudiendo haberse incumplido la directiva de residuos".