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Botella aprueba un plan urbanístico para solventar la sentencia del Supremo

La oposición se amotina contra el PP, negándose a participar en el pleno

Acusa al gobierno municipal de “déficit democrático"

La delegada de Urbanismo, Paz González, se ha dirigido a Ana Botella para felicitarla por su cumpleaños y hacerle "el mejor regalo", la modificación urbanística que anhelaban miles de cooperativistas. "Era tu compromiso y has cumplido en tiempo y forma", le ha dicho. En la foto, los concejales felicitan a Botella. Ampliar foto
"El mejor regalo"  La delegada de Urbanismo, Paz González, se ha dirigido a Ana Botella para felicitarla por su cumpleaños y hacerle "el mejor regalo", la modificación urbanística que anhelaban miles de cooperativistas. "Era tu compromiso y has cumplido en tiempo y forma", le ha dicho. En la foto, los concejales felicitan a Botella.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que debe solventar la paralización de los nuevos barrios de la capital por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de septiembre. Lo ha hecho merced a la mayoría absoluta del Partido Popular, y con el silencio amotinado de toda la oposición, que se ha negado a participar en el pleno municipal y ha acusado luego en rueda de prensa al gobierno local de “déficit democrático”.

¿Cuál es el problema? En 1997, el Ayuntamiento, regido entonces por José María Álvarez del Manzano (PP), aprobó un plan general de ordenación urbana que exprimía todo el suelo disponible en el municipio y convertía en urbanizable (y casi exclusivamente residencial) el doble de superficie de la que ocupa la almendra central. Parte de esos terrenos habían sido protegidos por su valor ecológico o agropecuario en 1985, cuando gobernaba la ciudad el socialista Enrique Tierno Galván.

La Comunidad, en manos del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), validó el plan en abril de 1997. Y el Partido Socialista, junto con Ecologistas en Acción, lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que cinco años después, en febrero de 2003, estimó en parte sus quejas. En 2007, el Tribunal Supremo tumbó el plan urbanístico al considerar que no se había justificado adecuadamente la conversión de suelo protegido en urbanizable.

El Ayuntamiento, gobernado para entonces por Gallardón, trató de remendar el problema mediante dos acuerdos, de noviembre de 2007 y marzo de 2009, que añadían al plan las explicaciones que los magistrados habían echado en falta. Pero el pasado 28 de septiembre, el Supremo sentenció que “no se puede subsanar, enmendar o convalidar un plan nulo”.

De un plumazo, mató todo el desarrollo urbanístico del último cuarto de siglo en la ciudad, incluido el barrio de Valdebebas, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la ampliación del aeropuerto de Barajas. La sentencia, que afecta al 15% de la superficie del municipio, y sobre todo en los desarrollos previstos junto a la M-40, mató el plan urbanístico de 1997 y devolvió la ciudad legalmente al marco del anterior, de 1985.

La urgencia de Valdebebas. Madrid tiene 604 millones de metros cuadrados. La sentencia afectó a 89 millones repartidos en 21 ámbitos: Mingorrubio; Portillo del Prado; Manzanares Norte; Cuatro Vientos; Campamento; El Salobral; La Dehesa; La Atalayuela; Los Cerros; Los Ahijones; Los Berrocales; Valdecarros; Valdebebas; ensanche San Fernando; remate suroeste de Campamento; La Escorzonera; solana de Valdebebas; Fuente Fría Norte; Arroyo del Fresno; Valdegrulla; y sistema aeroportuario de Barajas.

El fallo del Supremo no implicaba que tuviera que tirarse abajo todo lo construido en los últimos 26 años. Pero, a la espera de una solución legal a este revés judicial, el mayor al que se ha enfrentado la ciudad en su historia reciente, todos los actos administrativos se paralizaron en el área afectada.

En Valdebebas, hay 12.500 pisos previstos; un tercio ya está en obras. La mayoría, de cooperativas, que han invertido 1.100 millones de euros. Aproximadamente 2.000 familias deberían recepcionar sus viviendas este año, según Pedro Vizcaíno, director de comunicación de la Junta de Compensación. Esta mañana Javier García Valcarcel, representante de 4.000 familias y 55 promociones de Valdebebas, ha señalado que, tras “nueve meses de auténtico calvario”, “hoy es un día de tranquilidad”.

“Tenemos 1.200 viviendas terminadas a punto de entregar. Nos habíamos quedado sin garantías hipotecarias, los bancos podían paralizar las promociones y las aseguradores negarse a respaldarlas. Pedimos una solución urgente, porque a las familias cada mes de retraso les supone un esfuerzo titánico”, ha añadido. José María Pérez, de la misma asociación, ha cuantificado en 2.000 millones la inversión paralizada en Valdebebas, donde se está construyendo, según ha dicho, el 30% de las viviendas de la región y el 10% a nivel nacional. “Eso estaba en riesgo”, ha señalado, dando las gracias al Ayuntamiento por solucionarlo.

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? Tras conocer la sentencia, el gobierno municipal inició en octubre la redacción a marchas forzadas de un nuevo plan urbanístico que copiara el anulado pero incluyera los informes que echaron en falta los magistrados. Contó con la colaboración estrecha de la Comunidad de Madrid (PP) y del Gobierno central (PP), muy afectados también por la sentencia. Así, los 72 informes requeridos se redujeron a 38, y la mayoría de trámites y plazos legales se achicaron para hacer posible la aprobación de un plan urbanístico, una tarea que generalmente lleva años, en apenas nueve meses. El pleno municipal lo ha sancionado esta mañana, y, una vez cuente con el beneplácito de la Comunidad, entrará en vigor, previsiblemente a primeros de agosto, solventando en principio el problema.

La concejal de Urbanismo, Paz González, ha defendido hoy este trabajo: “Hemos sido muy rigurosos porque no queríamos cometer ningún error. La seguridad jurídica no existe al 100%, pero queríamos salvar la situación de esas 10.000 familias que nos miraban con inquietud y estaban esperando una solución”. El Ayuntamiento ha recibido 42 alegaciones (ha aceptado nueve en su totalidad y 10 parcialmente) durante la tramitación, por lo que ve posible que se presenten recursos judiciales también a este plan: “Ya lo resolverán los tribunales”, ha zanjado.

En ese sentido, González ha avanzado que solicitará al Gobierno central (PP) un cambio legal para blindar el urbanismo de posibles intereses espurios. “Queremos que se modifique la acción pública en el ámbito urbanístico, que no puede salir gratis porque hay muchos intereses implicados. Creemos que aquellos que no tienen interés directo y legítimo deberían avalar económicamente su recurso, mediante la presentación de unas garantías por los daños económicos que pudieran ocasionar”. El recurso que ha puesto en vilo a toda la ciudad fue defendido en última instancia por un particular.

La oposición se amotina. El Partido Socialista (PSM), Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD) han decidido esta mañana boicotear el pleno municipal para mostrar su repulsa por la forma en que el Partido Popular ha gestionado este asunto. Se han abstenido de usar sus turnos de intervención, de forma que la aprobación del plan se ha hecho de forma unilateral no sólo en la votación, que era previsible, sino también en el debate parlamentario.

"No lo teníamos decidido”, ha explicado luego el líder de IU, Ángel Pérez. “Hemos participado en el proceso hasta donde ha sido posible. Presentamos alegaciones, y estábamos a la espera de ver qué hacía el PP con ellas. Pero el lunes, a las tres de la tarde, recibimos documentos nuevos con más de 1.500 folios [apenas 24 horas antes de la comisión de Urbanismo, y 48 antes del pleno]. Eso es una burla que impide cualquier control democrático, es una burla a los mecanismos de participación democrática, que el PP sólo ve como un obstáculo a superar”, ha añadido Pérez.

Palacios, Sanz y Pérez, en la rueda de prensa de ayer. ampliar foto
Palacios, Sanz y Pérez, en la rueda de prensa de ayer.

El tema se discutió antes de la comisión extraordinaria de Urbanismo, celebrada ayer, pero el PP se negó a ampliar el plazo para dar tiempo a la oposición a leer la documentación aportada. Según la concejal de Urbanismo, Paz González, “la oposición ha lanzado un discurso victimista para justificar el trabajo que no ha querido hacer desde el primer minuto uno”. “Tenían toda la documentación desde hace 52 días, y los cambios introducidos estaban reseñados en un informe de 37 páginas para que pudieran ir al grano. Nadie les ha obligado a revisar miles de folios en 24 horas, nadie les ha impedido ejercer su labor de oposición”, ha añadido, visiblemente enfadada por el desplante en el pleno.

“La oposición no ha respetado las reglas del juego, lo que no sé si evidencia su temor a no salir triunfadores en el debate de las ideas. Aquí no veníamos a ganar unos y perder otros sino a resolver problemas de los ciudadanos, al margen de las escenificaciones. Los problemas son reales, no son una obra de teatro”, ha añadido González, que ha tachado de “lamentable” la actitud de los tres grupos.

Enfado monumental pero sin moción censura. Más enojados estaban si cabe los representantes de la oposición, que han comparecido en una rueda de prensa conjunta tras el pleno y han coincidido en sus críticas feroces contra el PP. Preguntados sobre si esa “tomadura de pelo”, tal y como la han calificado, tendría consecuencias mayores en forma de una reprobación contra el gobierno de Ana Botella, el representante de UPyD, Mariano Palacios, ha rebajado el tono y Ángel Pérez (IU) ha ironizado: “La única moción de censura posible es la que está realizando la alcaldesa [contra la oposición]”.

 Palacios ha expresado su “malestar” con el PP por la falta de “solidez formal” de sus planteamientos. “Todos sabemos que no hay atajos en la vida, y menos en un expediente administrativo de estas características. UPyD quiere que se cierre este triste problema con una solución urgente, satisfactoria y duradera. Pero la solución del PP tiene un futuro cuando menos gris. No queremos que el Ayuntamiento deje tirados de nuevo a los madrileños con el plan urbanístico de la ciudad”, ha añadido.

 Ángel Pérez (IU) ha señalado: “Lo que ha sucedido hoy tiene que ver más con la democracia que con los contenidos concretos del plan urbanístico. El PP no sabe encajar cuando le dicen que no porque es un gobierno agobiado, en fase terminal política y que depende de que alguien ajeno decida si San Blas va a ser el centro olímpico unos días”. Pérez ha recalcado que la responsabilidad de que el Supremo tumbara el plan “es de 16 años de soberbia del PP, en contra de la oposición, de la sociedad y de los tribunales para imponer su única verdad”. “Y ahora hay situaciones urgentes que no tienen soluciones lógicas por culpa de eso. Nosotros no vamos a poner un solo palo en las ruedas de la solución, pero lo que no puede pretender el PP es que nos traguemos todo el universo de su modelo de gestión, que es lo que ha retrasado e impedido los derechos de los ciudadanos”, ha añadido. “El respeto también es democracia, y si el PP nolo entiende, es que además de agobio tiene un déficit democrático importante; esperamos que eso lo resuelva pronto la ciudadanía”, ha concluido Pérez.

El representante socialista, Marcos Sanz, ha asegurado: “Lo que hemos visto hoy es un monologo, un gobierno que habla consigo mismo porque está solo. Lo que hemos hecho ha sido con nuestro silencio, renunciando a la palabra, es decirles que así no. Si siguen monologando, que monologuen ellos solos, no van a poder escribir una partitura en la que nosotros figuremos como meras comparsas”. “El plan urbanístico es la constitución de la ciudad, la baraja que marca las reglas del juego, y lo que nos ha venido a decir el PP es algo tan engañoso como que si no estáis con nuestra solución es que estáis con el problema. Pues no, no estamos con su solución, estamos claramente a favor de que se resuelva el problema pero no con su solución porque las hay mejores y más seguras jurídicamente. Una solución debe aliar el pasado con el futuro, y esta solución hipoteca radicalmente el futuro de la ciudad, es simplificadora y atenta contra los intereses de Madrid”, ha añadido Sanz.

“La respuesta del PP no es democráticamente pobre sino democráticamente preocupante, muestra la anemia democrática del equipo de gobierno, una nave sin timonel en mitad de la borrasca. En agosto se solucionarán temporalmente los problemas [generados por la sentencia del Supremo], pero en un contexto de inseguridad jurídica altamente preocupante”, ha concluido el concejal socialista.

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