El exinterventor general apunta a la cúpula de la Junta en los ERE

"Una patología presupuestaria muy singular". El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha utilizado esta gráfica expresión para definir el fondo de los ERE durante su declaración como imputado ante la juez Mercedes Alaya.

El alto funcionario ha dejado claro que la partida presupuestaria dotada con 721 millones de euros entre 2001 y 2010 era legal, pero también que las ayudas se concedían con un procedimiento administrativo anómalo, que sorteaba los controles, cuyas nefastas consecuencias se han visto años después. El fraude, entre intrusos (personas que cobran prejubilación por una empresa en la que nunca trabajaron), ayudas indebidas a empresas y sobrecomisiones por la mediación en los expedientes de regulación de empleo, se acerca a los 140 millones de euros.

El funcionario subrayó dos aspectos clave de las irregularidades del fondo que ya apuntó en sus informes: el procedimiento administrativo empleado y el agujero que causaba en las cuentas de la Junta, pues el dinero gastado anualmente superaba ampliamente el presupuestado.

Estas irregularidades fueron denunciadas por la Intervención General de la Junta durante siete años (de 2003 a 2009) hasta en 15 informes distintos, pero sus quejas cayeron en saco roto y el fondo siguió pagándose durante una década sin que se hiciese nada para cambiarlo.

Gómez, a quien la juez ha imputado por los supuestos delitos de malversación y prevaricación, ha asegurado que la cúpula de la Junta conocía sus advertencias y las ignoró. Con este reproche, el exinterventor no acusaba a los responsables del Ejecutivo autónomo de cometer ningún delito, ya que sus informes no alertaron de un menoscabo de fondos públicos, sino irregularidades administrativas por haber prolongado un procedimiento “inadecuado”.

El problema para el presidente José Antonio Griñán y para el expresidente Manuel Chaves es que las críticas de Gómez refuerzan la tesis de la juez Alaya, que considera que todo directivo de la Junta de Andalucía que conoció las advertencias de la Intervención General sobre el fondo y no hizo nada para frenarlo tiene responsabilidad penal. Alaya estima que pecaron de inacción hasta 20 altos cargos y funcionarios autonómicos —inlcuida la exministra Magdalena Álvarez— que permitieron la creación y persistencia del fondo irregular y por eso les ha imputado. El exinterventor fue el primero de todos ellos que ayer dio sus explicaciones.

En su relato, Gómez ha detallado que consideraba “absolutamente impensable” que Griñán, consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, no conociese las irregularidades que denunció en sus informes porque eran “llamativas”. El alto funcionario ha afirmado que el Consejo de Gobierno de la Junta andaluza ratificó el acuerdo de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía para la creación del fondo de los ERE. Asimismo, en 2003 encargó a la Intervención General que fiscalizara las subvenciones concedidas gracias al fondo para empresas en crisis.

Pero, sobre todo, Gómez considera clave para deducir el conocimiento de sus informes por parte del Gobierno andaluz el desfase presupuestario que cada año generaba el fondo. Es decir, la Dirección General de Trabajo concedía subvenciones millonarias por encima de su presupuesto, que sobrepasaba en ocasiones hasta en 90 millones al año. La juez pudo comprobar algunos extremos de la declaración del exinterventor, ya que recibió las actas de todos los Consejos de Gobierno después de que la Junta se las entregara tras una cruda disputa.

Gómez declaró que Griñán debía estar al tanto de sus reparos, aunque matizó que no tenía certeza de que conociera los detalles de los 15 informes que emitió sobre esta partida, pero sí sus conclusiones generales, dado que el déficit del fondo alcanzó un año los 93 millones. Y este grave desfase alteró el presupuesto general de la Junta, produciendo un gran descuadre en las cuentas de la Junta.

Griñán ha argumentado que los informes nunca llegaron a su despacho, a pesar de que debían haber sido remitidos hasta él dado su cargo como consejero de Hacienda. La actual consejera de Hacienda y exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo explicó en su día que ella fue el alto cargo que recibió los informes que criticaban el procedimiento seguido para financiar los ERE, pero que nunca consideró necesario elevarlos a Griñán dado que no alertaban del menoscabo de fondos públicos.

El exinterventor ha insistido, tal y como hizo en la carta que envió al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en que Griñán pudo haber frenado el fondo en cualquier momento dados los problemas de tesorería que la partida estaba generando,sobre todo entre 2003 y 2005.

El interrogatorio ha sido “un debate sobre derecho administrativo” dada su complejidad, según explicaron abogados presentes durante la declaración, en la que Alaya enfrentó sus argumentos a los de Gómez. La juez le ha preguntado si había recibido presiones políticas de sus superiores para no emitir el informe de actuación que habría alertado de dicho menoscabo de fondos públicos y, ante la negativa de Gómez, Alaya hizo un gesto claro de incredulidad.

El abogado José María Mohedano, que defiende al viceconsejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Lozano, lamentó el interrogatorio “inadmisible” de una “juez inquisitorial”. Alaya le reprochó al letrado que defendiera al mismo tiempo a Lozano y a su sucesor como director general de Presupuestos, Buenaventura Aguilera. El abogado presentó su protesta ante la imposición de Alaya, que le prohibió que represente a ambos acusados. Además, el letrado citó algunas de las frases que, a modo de queja, pronunció Gómez durante el tenso interrogatorio de la juez Alaya: “No me deja usted contestar [...] Ya no sé ni lo que estoy contestando”.

Anoche la magistrada no adoptó medidas cautelares contra Gómez, salvo que comunique al juzgado un posible cambio de domicilio, dado que no se las pidió la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones particulares.

La relevancia de la declaración del exinterventor está no solo en su futuro procesal, sino en el peso que tiene sobre el futuro de Griñán, la consejera Martínez Aguayo y los diputados nacionales Manuel Chaves y Gaspar Zarrías como integrantes del Gobierno al que Gómez remitió sus informes.