La Diputación de Barcelona lleva a la Generalitat ante el TSJC por impago

La Diputación de Barcelona llevará ante los tribunales a la Generalitat por el impago de 168 millones. Es la cantidad que le prestó en marzo del año pasado al Gobierno catalán para que pudiera enjugar la deuda que tenía con los municipios. Pero la Generalitat solo ha abonado los intereses y no ha devuelto ni un euro del principal del préstamos. El pleno de la Diputación aprobará mañana presentar un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para reclamar esta deuda.

La curiosidad del caso es que las dos Administraciones están gobernadas por CiU y hace un año sacaban pecho por la operación de préstamo para publicitar un acuerdo insólito entre administraciones. El ente provincial emprende así un camino judicial con el que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha amenazado en más de una ocasión, pero que no ha tomado. El Ayuntamiento de Barcelona también es una de las fuentes de financiación de la Generalitat, a la que ha prestado 225 millones.

Las cuatro diputaciones, todas gobnernadas spor CiU, salieron al rescate del Gobierno catalán cuando la deuda con los Ayuntamientos superó los 700 millones a finales de 2011. El impago asfixió a muchos municipios y las diputaciones, con una situación económica más holgada, decidieron prestar a la Generalitat 211 millones para que esta aliviara esta situación. La mayor parte la puso la barcelonesa, con 168 millones, mientras que Lleida y Tarragona aportaron unos 15 millones y Girona, 11.

Ambas administraciones están comandadas por CiU, pero sus responsables niegan malestar político

El préstamo debía devolverse antes de finalizar 2012, pero no fue así, ni tampoco durante las prórrogas dadas por la Diputación de Barcelona. Finalmente, se ha recurrido a la vía judicial. “Nuestra obligación es preservar los intereses de la Administración que representamos, seamos o no del mismo partido”, defiende el vicepresidente económico del ente local, Carles Rossinyol, que niega crispación entre ambas Administraciones. “La Generalitat, no es que no quiera pagar, es que no puede”, remacha.

De momento, el ente barcelonés será el único que lleve al TSJC el impago. En Girona, lo descartan. “Son momentos complicados y debemos buscar soluciones entre todos”, apunta su responsable económico, quien espera que la deuda se pueda incluir dentro del nuevo plan de pago de proveedores que ha activado el Gobierno central.

Pero de momento esta posibilidad no tiene visos de prosperar. El Departamento de Economía asegura que en los 2.000 millones que ha pedido no se han incluido los 211 millones de las diputaciones. “Solo pueden ir las administraciones que tienen deuda con los proveedores y nosotros estamos al corriente de pago, así que no podemos añadirnos al plan”, lamenta Rossinyol.

El decreto, firmado por el presidente del ente barcelonés, Salvador Esteve, prosperará sin muchas dificultades en el pleno, ya que además de estar impulsado por el gobierno provincial, cuenta con el apoyo de otros partidos. “Es escandaloso que no hayan pagado ni un duro. Ello demuestra una falta de sensibilidad de la Generalitat hacia los municipios”, tercia Álex Mañas, portavoz de ICV en la Diputación.