La Audiencia reabre una causa contra el alcalde de Eibar por prevaricación

Miguel de los Toyos (PSE), alcalde de Eibar, deberá declarar en calidad de imputado por un supuesto delito de prevaricación por la venta y posterior compra por parte del Ayuntamiento de la parcela Errebal. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa estima en parte, en un auto fechado el pasado 15 de julio, un recurso presentado por Aralar. El tribunal obliga al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Eibar, que había archivado provisionalmente el caso, tomar declaración a De los Toyos y a otros tres cargos del Consistorio (la secretaria municipal, el asesor jurídico del área de Urbanismo y la arquitecta municipal), todos imputados por el mismo delito.

La resolución descarta de momento que deba comparecer el secretario general del PSE en la provincia, Iñaki Arriola —alcalde del municipio cuando sucedieron parte de los hechos—, esgrimiendo su condición de aforado. La misma prerrogativa que concede a José Luis Vallés Molero, concejal por la misma formación en Eibar. Arriola entregó su acta de parlamentario el pasado mes de marzo, mientras que el segundo fue senador por Gipuzkoa la pasada legislatura.

El Tribunal sostiene que si no se aclaran los hechos deberá comparecer Arriola

El pleno del Ayuntamiento de Eibar, con los votos del equipo de Gobierno, en manos del PSE, aprobó en mayo de 2006 la venta de la parcela Errebal, de propiedad municipal. Hasta entonces allí se había levanto un mercado de abastos y una escuela de música. El objetivo de la iniciativa era la construcción de un centro comercial. El concurso público se licitó en cerca de 650.000 euros. La empresa que ganara además debía entregar al Ayuntamiento un local del futuro centro para albergar el antiguo mercado y un aparcamiento, valorados los dos en 3,6 millones.

SPV Boulevard S. L. se hizo con el concurso pero no fue capaz de terminar la primera fase de ejecución del proyecto, la entidad que sustentaba económicamente las obras retiró la financiación por los retrasos acumulados.

El pleno del Ayuntamiento acordó en enero de 2010 la resolución del contrato con SPV Boulevard S. L. por mutuo acuerdo. La parcela volvió a ser de titularidad pública por 1,1 millones —los 650.000 euros en los que se valoró el solar, el mismo precio que abonó la adjudicataria y 488.133 euros por las obras que se habían hecho—.

Aralar decidió entonces presentar una denuncia por un supuesto delito de prevaricación porque entendió que el Ayuntamiento no tendría ni que haber enajenado el solar, ni comprobó la viabilidad económica de la empresa adjudicataria, ni se tendría que haber revocado el contrato con la compañía en los términos en los que se hizo. Dos aspectos, estos últimos, en los que el Ayuntamiento no obró de acuerdo con la legislación, según recoge un borrador del Tribunal Vasco de Cuentas sobre el asunto.

Aralar recurrió el pasado enero el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Eibar, entre otras cosas, porque no se había llamado a declarar a los denunciados —Arriola, todos los concejales socialistas que votaron a favor de los acuerdos municipales con los que se fraguó la operación urbanística y a los tres funcionarios—. Un extremo sobre el que la Audiencia le otorga la razón, argumentando que el sobreseimiento provisional “se ha adoptado de forma precipitada y sin practicar una diligencia básica de investigación, la declaración de los denunciados o de quienes ostentaron una posición relevante en el desarrollo de los hechos”.

La Audiencia añade que De los Toyos y los tres cargos municipales “deberán declarar en calidad de imputados” y si su relato de los hechos no aclara lo sucedido, entones el órgano competente (el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) deberá tomar declaración a Arriola y a Vallés Molero.