Antifraude denuncia que el modelo sanitario catalán facilita la corrupción

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, arremetió ayer contra los consorcios sanitarios que gestionan algunos hospitales catalanes y en los que se entremezclan intereses públicos y privados. En su opinión se trata de un modelo que provoca “confusión”, y la prueba de ello es el grupo Serhs que preside desde hace 19 años el empresario Ramon Bagó, que se benefició de diversos contratos otorgados por organismos públicos de los que él formaba parte.

Se trata de un caso “de libro de concurrencia de intereses públicos y privados”, dijo De Alfonso, en el que, “por supuesto”, se incumplió la Ley de Incompatibilidades. La Fiscalía de Barcelona investiga a Bagó tras un demoledor informe elaborado por la OAC a finales de enero.

De Alfonso habló ayer por primera vez de ese informe en la comisión del Parlament que investiga presuntas irregularidades en la sanidad catalana y reiteró que Bagó pudo cometer un delito de negociaciones prohibidas y otro de revelación y/o uso de información privilegiada.

Bagó, que fue alcalde de Calella por CiU, presidió las sociedades del holding del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) hasta marzo de 2008 y a finales de 2011 se reincorporó al Consejo de Administración de las empresas públicas del CSC, y se integró en la comisión ejecutiva de ese holding público. Eso significa que estuvo en el grupo directivo desde el que se tramitaban, informaban y resolvían adjudicaciones que beneficiaron al Grupo Serhs, SA, del que Bagó es fundador, accionista principal y presidente del Consejo de Administración.

“Se produjo un conflicto de intereses”, insistió De Alfonso, para quien el problema radica en que “el sistema ha permitido que esa persona se esté autocontratando”. El director de Antifraude considera que “esa es la principal debilidad y ahí es donde debe ponerse el control”. De no ser así, “el negocio está servido”. Por eso advirtió de que “la Generalitat no se puede considerar una Administración independiente del CSC, porque está vinculada”, y por eso debería tutelar su buen funcionamiento, remachó.

Daniel de Alfonso explicó en la comisión que en el último año y medio la Oficina Antifraude ha abierto 11 investigaciones relacionadas con la sanidad catalana, de las que cinco han sido archivadas, cuatro están en fase de investigación y otras dos han finalizado. Una es la referida precisamente al Grupo Serhs que preside Ramon Bagó, y que ha sido enviada al fiscal. Ese informe se refiere solo a una parte de las adjudicaciones que beneficiaron a ese empresario, que ascendieron a 50 millones de euros.

Después del director de la Oficina Antifraude compareció Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salut (CatSalud) y del hospital de Sant Pau, imputado en un juzgado de Reus por seis delitos supuestamente cometidos por su relación con el grupo empresarial Innova, dependiente del Ayuntamiento de Reus y otro de esos consorcios que entremezclan intereses públicos y privados.

Manté dijo sentirse “sorprendido” por su imputación y se mostró convencido de que será exculpado. El exdirectivo sanitario explicó que rechazó un contrato con Innova porque le ofrecían un sueldo mensual de 13.000 euros y él “aspiraba a más”. Por eso decidió montar su propia empresa de asesoramiento y facturar a las arcas públicas de Reus como autónomo. El conglomerado Innova lo formaban 18 empresas y arrastra 202 millones de euros de deuda.

Blanco o negro, lo importante es que el gato cace ratones, vino a decir Manté. A su parecer, se le hace un flaco favor al modelo sanitario catalán “si cuando una persona entra en un hospital pregunta si es público o privado”. Manté elogió a los exconsejeros de Sanidad Xavier Trias —ahora alcalde de Barcelona por CiU— y a Marina Geli. “Creamos un modelo de consenso que algunos llaman sociovergencia, pero que funciona”, añadió.

Carles Manté defiende su gestión en el Servicio Catalán de la Salud y confía en ser exculpado

La exconsejera socialista y actual diputada por Girona también pasó ayer por la comisón parlamentaria y dijo no tener consciencia de ninguna irregularidad en sus siete años de mandato. Geli coincidió con Manté en elogiar el modelo sanitario vigente e hizo un llamamiento a “concertar de nuevo la confianza”. La exconsejera socialista también rechazó el reproche extendido de que el tripartito derrochó dinero en la sanidad pública, y recordó que cuando se hizo cargo del departamento en 2003 el gasto sanitario por persona era de 860 euros. Cuando se marchó en 2010 quedó en 1.300 euros y en dos años y medio, con el regreso de CiU a la Generalitat, se ha reducido entre un 25 y un 30%.

También pasó por la comisión el exdirector del CatSalud Josep Maria Sabaté, quien reclamó que se diga “claramente” que el Sant Pau es público y que debe ser tratado como tal. Eso implica revisar su contratro programa y su función en el modelo sanitario, que también elogió, aunque reclamó una “profunda revisión” del CatSalud.