Lasquetty se enroca en la privatización hospitalaria y la oposición pide que dimita

Las tres horas y media que ha durado la comparecencia del consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, han servido para comprobar que, además de no contar con ningún apoyo entre los colectivos sanitarios (sociedades científicas, Colegio Oficial, asociaciones profesionales...), los partidos políticos de la oposición han endurecido su discurso: o retira su plan de privatización de la gestión de seis hospitales públicos o tiene que dimitir.

Con más o menos palabras, eso es lo que le han dicho hoy en la Asamblea de Madrid, donde el consejero comparecía a petición propia. Lo ha hecho en un momento delicado: con el conflicto con la marea blanca enquistado desde hace nueve meses, sin respaldo de otras autonomías del PP,  con el plan paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y una querella que acusa de graves delitos a la cúpula sanitaria madrileña estudiándose en otro juzgado. Lasquetty, acorralado, se revolvió contra sus críticos, acusando a los políticos de oportunismo y a los sanitarios y ciudadanos que les acompañan en las protestas de radicales.    

El consejero comparecía para dar detalles del proceso de privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales de la Comunidad de Madrid, especialmente del concurso. El TSJM estudia, tras una denuncia del Partido Socialista, una modificación que se introdujo a cuatro días de que terminara el plazo de presentación de ofertas. Mediante una corrección de errores, Sanidad añadió el término anual en el apartado de garantía, lo que en la práctica rebajaba casi a una décima parte --la concesión es por 10 años-- la fianza que deben depositar las concesionarias del 5% del valor total del contrato (más de 200 millones) a los 28 que supone ese porcentaje sobre el valor anual. Lasquetty defendió que el 5% anual es "suficiente" para preservar la calidad del servicio y negó cualquier otra irregularidad.

 Concurso o reparto

"No ha habido verdadera competencia de las empresas, sino que se han repartido los hospitales. La probabilidad de que tres empresas se interesen por seis centros distintos se deba al azar es menor del 1%", le recriminó Enrique Normand, de UPyD, al consejero. De "insulto a la inteligencia" lo calificó. El concurso de privatización ha sido polémico desde el inicio. Solo se presentaron tres empresas, y a las tres les interesaban centros distintos, algo que la oposición no atribuyen al azar —la probabilidad de esa combinación es del 0,02% según denuncia el socialista José Manuel Freire—, sino a una concertación o un reparto previo. Ribera Salud pujó por dos centros (Vallecas y Arganda), Sanitas optaba al hospital de Coslada y el grupo puertorriqueño HIMA San Pablo gestionará los tres restantes: San Sebastián de los Reyes, Aranjuez y Parla. Pese a que supuestamente las empresas no sabían si iban a tener competidores, optaron por no rebajar más que en unos céntimos la cápita propuesta por el Gobierno regional.

Un rayo en Vallecas

El consejero respondió a las críticas de "reparto" en el concurso de privatización comparando la probabilidad de que tres empresas no se pisen al interesarse por seis hospitales con la probabilidad de que a alguien le caiga un rayo, que, dijo, "es de una entre tres millones". "A un vecino de Vallecas le cayó uno el otro día. Estas cosas suceden", señaló. En la sala de prensa, donde los periodistas veían la comparecencia por circuito cerrado de televisión, sonaron las carcajadas. "No puede haber reparto ni condicionamiento previo en un concurso abierto, ya que si así fuese ahora no habría recursos de sindicatos ni partidos políticos, sino de quien se hubiese sentido mal tratado", aseguró en otro momento el consejero, que en otro momento de su intervención ironizó con la "casualidad estadística" de que el portavoz socialista estuviera hablando de presuntas irregularidades cuando al mismo tiempo la Policía registraba la sede del PSC.

¿Xenofobia con Puerto Rico?

Además de calificar la consulta popular por la sanidad pública que recogió cerca de un millón de firmas contra el plan privatizador de "pseudoconsulta" y las protestas pacíficas en centros de salud de "asaltos", Lasquetty acusó de xenofobia a quienes han criticado el desembarco del grupo sanitario puertorriqueño Hima San Pablo. El responsable de la sanidad madrileña se preguntó por qué se ha dado credibilidad a "una entrevista radiofónica". Los portavoces de Sanidad de los partidos de la oposición le recordaron que en la entrevista que el presidente de Hima San Pablo dio a la cadena SER afirmó que uno de sus objetivos era “atraer turismo sanitario de Marruecos o de otros puntos de Europa”. El problema es, añadieron, que Sanidad ha tenido que ir hasta Puerto Rico para conseguir un licitador para tres hospitales, que además no parece tener muy claro en qué consiste el negocio, puesto que los pliegos del concurso prohíben expresamente aceptar pacientes por vía privada en los seis hospitales. "Usted ha llamado personalmente, y me consta porque amigos míos estaban delante, a directivos de empresas sanitarias pidiendo que se presentaran", abundó Freire durante su intervención. "Nadie ha ido a buscar a nadie", le contestó después Lasquetty, que aseguró que no había oído hablar de Hima San Pablo hasta tres días antes de que presentaran la oferta.

Los ojos del pueblo

El consejero terminó su primera intervención, que leyó casi íntegramente, afeando el "comportamiento" de la oposición, "sobre todo" del grupo socialista que, dijo, se ha aliado con sindicatos "extraordinariamente radicalizados". Para defender la "transparencia" que en su opinión ha habido en todo el proceso, Lasquetty señaló que dos de los actos de apertura de ofertas de la mesa de contratación fueron públicos y asistieron varios diputados de la oposición. Ironizó diciendo que el portavoz de Sanidad del PSM dijo ir en calidad de "ojos del pueblo". En esta línea agria, el consejero criticó a los grupos de la oposición que la última vez que habló del proceso privatizador en la Asamblea se levantaron y se marcharon. Lo hicieron en protesta por haber recibido la información sobre los pliegos del concurso apenas unas horas antes y no haber podido analizarla. "Supongo que los ojos del pueblo tenían ese día algo más importante que hacer", ironizó Lasquetty.

El portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea, Javier Rodríguez, calificó a la salida de la comisión --los portavoces de IU, UPyD, PSM y PP respondieron a preguntas de los periodistas; el consejero se negó alegando que era tarde-- de "muy positiva" la comparecencia y aseguró que demuestra  "transparencia y claridad"."En pleno se han hecho siete preguntas al presidente del Gobierno, 13 al consejero de Sanidad y 15 comparecencias en pleno", añadió.

El 'agosto' de los abogados

El consejero de Sanidad mencionó una de las consecuencias del proceso en la que prácticamente nadie había pensado hasta ahora. Afirmó que los partidos de la oposición y sindicatos, con su estrategia de recursos judiciales "carentes de fundamento jurídico", están haciendo el agosto de los letrados. "Los despachos de abogados se están forrando gracias a ustedes", aseguró. "Alguno cobra 1.000 euros la página", insistió. Lasquetty añadió que con los recursos se causa un "perjuicio objetivo" a los ciudadanos, pues se trata de "impedir que se aplique una medida de eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario". El consejero dirigió la mayor parte de sus críticas al Partido Socialista, al que acusó de "boicot" y de "acoso".

Bárcenas, sobres y fechas

En cuanto José Manuel Freire sacó el tema de unas "cantidades entregadas al señor Luis Bárcenas" la presidenta de la comisión le cortó en seco: "Este no es el objeto". "Tiene que ver con la  construcción de los hospitales de Madrid. Hay una cierta relación temporal", respondió él. El diputado socialista insinuó que las fechas de las "entregas" coinciden con el periodo de adjudicación de hospitales públicos de gestión privada y habló de "negocios nada claros". Insistió en que, al no haber "razones de interés público" en la privatización, "tiene que haber otras". Lasquetty contestó en su segunda intervención que las fechas que han salido en "determinados papeles" y esas adjudicaciones "no guardan ni la más mínima correlación".

Ideología o ahorro

"Siempre he pensado que la Administración no es buena gestionando un servicio público", reconoció el consejero. Antes, Enrique Normand, de UPyD, le había acusado de "primar la ideología sobre la evidencia" y le había recordado que no hay ningún estudio que avale el ahorro de la medida ni pruebas de que la gestión privada sea más eficiente. En su primera intervención, Lasquetty aseguró que "el ahorro total por la externalización para los seis hospitales alcanza los 169 millones de euros al año, y esto incluye 141 millones de ahorro por el menor coste asistencial, más 28 millones de ingresos por el canon que se cobrará a las concesionarias". Normand acusó al consejero de haber "faltado a su palabra" al asegurar que tenía un estudio económico que probaba la mayor eficiencia del modelo privatizado. "No lo ha publicado", le espetó, y también le recordó que su partido fue el más votado, pero que no llevaba en el programa electoral la privatización de la gestión de la sanidad madrileña. "Lo que tiene que hacer el Gobierno regional es paralizar definitivamente este proceso de privatización", pidió Rubén Bejarano, de IU. "No se puede gobernar de espaldas a los ciudadanos. Hay contundencia en el rechazo".

El quid de la cuestión

El juez que estudia la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha pedido extensa documentación a la Consejería de Sanidad sobre una cosa que se llama "facturación intercentros" y que está en la base del cálculo que hace el Gobierno regional para afirmar que con la privatización ahorra un 20%. Según los contratos, los hospitales de gestión privada son penalizados si los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros centros de la red pública. Los médicos de Afem aseguran que la Consejería de Sanidad no disponía hasta el pasado mes de abril de mecanismos de control de esa facturación intercentros, por lo que dudan de que la Administración pública estuviera realmente cobrando esas asistencias a las empresas.

Tanto Freire como Normand aseguraron que las cantidades fijadas por la Consejería con ese cálculo "muy poco fiable" están "infladas" de manera que el ahorro del 20% no es tal puesto que realmente los hospitales no gastan tanto. Freire acusó a Lasquetty de no tener "legitimidad alguna" para acometer el "mayor programa de privatización de España y Europa" con un contrato que, a su juicio, "desborda" un mero contrato de concesión de gestión. Añadió que Sanidad está "subcontratando" la asistencia sanitaria recogida en la Seguridad Social. "Está privatizando el aseguramiento sanitario de esta población", concluyó.

Mejoras por contrato

Los hospitales afectados por el plan privatizador son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid pretende que estén funcionando con el nuevo modelo, del que asegura que la libre elección funciona como "mecanismo de control" ya que los pacientes van donde les atienden mejor, para el mes de septiembre. Lasquetty desgranó en su comparecencia las mejoras que las empresas adjudicatarias han ofrecido en sus ofertas de plan asistencial. Ribera Salud ampliará la dotación del Infanta Leonor de paritorios y camas de UCI y hará un acceso peatonal desde el núcleo de Vallecas Villa. En Arganda, implantará una unidad de paliativos de 20 camas y un nuevo centro de especialidades en Rivas. Hima San Pablo sumará nuevas camas y quirófanos en sus hospitales. Sanitas propone aumentar la cirugía mayor ambulatoria y que los quirófanos trabajen de tarde en el hospital del Henares.

El Consejo de Gobierno aprobó el 4 de julio la propuesta de adjudicación de los seis centros, con la que la Comunidad de Madrid espera ahorrar 169 millones de euros. Sin embargo, los contratos de concesión aún no están firmados. El Consejo aprobó adjudicar a Ribera Salud los centros Infanta Leonor y del Sureste; para Bupa Sanitas el del Henares; y para el Hima San Pablo el Infanta Sofía, Infanta Cristina y el del Tajo.

Apenas seis días después, el 10 de julio, el TSJM acordó en un auto paralizar el proceso de privatización de la gestión al aceptar las medidas cautelares urgentes que había pedido el Partido Socialista. Desde el pasado viernes, día en el que el Gobierno regional presentó sus alegaciones a la decisión, el TSJM disponía de 10 días para ratificar o levantar la suspensión. El proceso abierto por la querella del PSM por vía contencioso administrativa se suma a la querella por vía penal que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) tiene presentada en un juzgado madrileño. Ha sido admitida a trámite y dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos de la Consejería están citados a declarar con su abogado en septiembre próximo.