Imputada la gerente del PSC por el espionaje a Alicia Sánchez-Camacho

La gerente del Partit dels Socialistes (PSC), Lluïsa Bruguer, ha sido imputada por la juez que investiga el espionaje que sufrió Alicia Sánchez-Camacho (PP), durante el almuerzo que mantuvo en julio de 2010 con Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Bruger declarará como imputada la próxima semana ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona.

La gerente recibió ayer en su despacho del PSC la visita de la policía, que le comunicó la citación judicial y un auto en el que se ordenaba que entregara a los agentes su ordenador habitual. El objetivo era buscar indicios y pruebas de que el PSC encargó a la agencia de detectives Método 3 el espionaje a la líder del PP con motivo del almuerzo celebrado en el restaurante La Camarga de Barcelona hace tres años.

No tenemos nada que ver con el caso. Somos los primeros en querer aclarar todo el asunto", dice Terradas, secretario de organización del PSC

La irrupción de la policía en la sede central del PSC, en la calle de Nicaragua de Barcelona, se produjo sobre las nueve de la mañana y duró 45 minutos. Los agentes analizarán ahora el ordenador de Bruguer en busca de algún dato que confirme la relación del PSC con el espionaje. Si fuera así, Bruger será interrogada sobre ello en su declaración ante la juez, Elisabeth Castelló, que ha prorrogado un mes el secreto del sumario. Fuentes judiciales no descartan que a partir de la declaración de Bruguer puedan ser imputados otros cargos públicos del partido.

El PSC negó ayer cualquier relación con el espionaje. Pere Navarro, primer secretario del partido, defendió la inocencia de los socialistas: “Es un caso que nos queda muy lejos y confío en que la justicia demuestre que no tenemos ninguna implicación”. Horas antes, Esteve Terradas, secretario de Organización y Finanzas, leyó una declaración en la que aseguró que el PSC “no ha participado ni tiene ninguna responsabilidad en este hecho”. La relación del partido con la agencia de detective Método 3 se limitó, según dijo Terradas, a labores de seguridad para el PSC y de cargos electos.

El diputado Zaragoza rechazó su implicación en el espionaje el pasado mes de febrero

Al estallar el escándalo en febrero pasado, se supo que el PSC hizo cuatro encargos a Método 3 entre 2009 y 2011. El Mundo publicó entonces que fue el exsecretario de Organización del PSC José Zaragoza, ahora diputado en el Congreso, quien encargó el espionaje. Este lo negó y anunció acciones legales que no materializó. Terradas admitió ayer que no había hablado con Zaragoza, con quien la dirección actual del PSC mantiene ciertas reservas: “Somos los primeros interesados en aclarar los hechos”, dijo.

Tanto Zaragoza como Sánchez-Camacho comparecerán en el Parlament para dar explicaciones. La popular denunció los hechos por la vía civil y penal, pero hace tres semanas se retiró de ambos procesos tras llegar a un acuerdo con Método 3, que reconoció haberla espiado y se comprometió a indemnizarla con 80.000 euros. La juez civil avaló el desestimiento, pero no así la de instrucción, que continúa las pesquisas. La cúpula popular lamentó la decisión de la senadora, que achacó a su cansancio. La senadora rectificó y reclamó volver a la vía penal ahora pendiente de decisión judicial.

Pese a ello, el PP recordó ayer que la investigación judicial se inició en febrero gracias a la denuncia que los populares presentaron en la policía. La presunta implicación del PSC fue recibida con una indisimulada satisfacción en el PP, que han vivido el caso como una pesadilla. En una conferencia de prensa, Enric Millo, portavoz popular, exigió explicaciones claras a Navarro y dio por hecho que la gerente no actuó por libre. “No descubro nada si digo que la gerente cumplió instrucciones de responsables políticos del PSC que tienen nombres y apellidos”, afirmó el diputado. La gerente, empleada del partido desde hace años, nunca ha ocupado cargo orgánico alguno en el PSC.

Por su parte, Pere Navarro rechazó esas acusaciones y desvinculó al partido. “Estamos convencidos de que se demostrará que no hay relación del PSC con el espionaje. Por eso pedimos celeridad a la justicia, porque hay nombres implicados y eso afecta a la honorabilidad de las personas”. Según Navarro, “el espionaje es un tema que queda muy lejos del PSC”.

El Parlament rechazó en su día la petición del PP de crear una investigación sobre la trama y ayer los populares recordaron que la iniciativa se frustró por el acuerdo entre CiU y ERC. “Nos gustaría saber qué esconden ellos y el PSC para obstruir esa comisión”, reiteró Millo, quién aprovechó para recalcar que la justicia ha puesto en “su sitio” a aquellos políticos y medios que han querido “difamar, manipular y lanzar manchas sobre Sánchez-Camacho”.

Las sospechas sobre la popular surgieron, sin embargo, a raíz de su pacto con los detectives. Dos de ellos ya habían declarado ante el juez que la senadora estaba al corriente de la grabación e incluso uno de ellos reservó el restaurante en su nombre y pagó el almuerzo. La senadora siempre ha señalado que no se puede dar crédito a la versión de unos detectives imputados, pero aún queda pendiente el gran interrogante: quién estaba al corriente de su cita con Victoria Álvarez.

“¿Hipótesis? Esa pregunta también nos la hacemos nosotros”, dijo Millo. “Quedará aclarado cuando se levante el secreto de sumario”. Tras la decisión de la juez de seguir investigando, los fiscales Emilio Sánchez-Ulled y Fernando Bermejo han preparado en los últimos días, en medio de un gran hermetismo, un documento para pedir nuevas diligencias, concretadas ayer en la irrupción de la comitiva judicial en el PSC y la imputación de la gerente.