Valderas pide a los bancos que paralicen los desahucios en Andalucía

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), ha pedido este lunes a la banca que opera en Andalucía un gesto: que durante cinco meses se paralicen los desahucios en la comunidad. Cinco meses es el plazo estimado para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la paralización cautelar del decreto autonómico que permitía al Gobierno andaluz expropiar a las entidades el uso de las viviendas de las familias en riesgo de exclusión que vayan a ser desalojadas. Esta norma, ahora en suspenso, ha llegado hasta el tribunal por el recurso interpuesto por el Ejecutivo central. Y cuando es el Estado el que recurre la sola admisión implica "la suspensión de la disposición o resolución recurrida", como establece el artículo 161.2 de la Constitución. El tribunal "deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", se añade en ese artículo. Lo que ha propuesto Valderas en Huelva ha sido que, mientras llega ese pronunciamiento, "no se produzca en Andalucía ningún desahucio", informa Europa Press.

El también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales ha anunciado que trasladará esta propuesta al Consejo de Gobierno de la Junta para que sea el Ejecutivo andaluz el que realice formalmente esa simbólica petición. Fuentes del Gobierno regional, en manos de PSOE e IU, no han aclarado este lunes si finalmente se asumirá la propuesta de Valderas.

El vicepresidente ha defendido el decreto contra los desahucios, una norma que se gestó en la Consejería de Fomento y Vivienda, que controla IU. En su opinión, no hay "razón jurídica" para el recurso, ya que es una discrepancia "política". "Los andaluces tienen una norma aprobada por su Parlamento sin voto en contra, porque el PP andaluz se abstuvo, para que le ampare", ha añadido Valderas.

Ese mensaje que ha lanzado Valderas es un recado para los populares andaluces. Al PP regional el recurso de sus compañeros en el Gobierno central les cogió con el paso cambiado, ya que su presidente, el sevillano Juan Ignacio Zoido, apostó en su día por intentar "mejorar" el decreto y no por llevarlo a los tribunales. La encargada de fijar este lunes una posición de los populares andaluces ha sido Carmen Crespo, delegada del Gobierno en la comunidad y una de las aspirantes a suceder a Zoido. Según Crespo, las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia de desahucios ya "aportan soluciones efectivas, equilibradas y protegen a las familias en riesgo de exclusión social", por lo que ha intentado mandar un mensaje de tranquilidad a los afectados, que "se verán amparados dentro de las leyes estatales". Crespo ha asegurado que el Gobierno no tiene intención de retirar el recurso contra el decreto de la Junta.

Eso es precisamente lo que ha reclamado este lunes el PSOE andaluz. Mario Jiménez, vicesecretario regional de los socialistas, ha anunciado que los grupos municipales de su formación plantearán mociones en todos los Ayuntamientos de la comunidad instando al Gobierno a la retirada del recurso. En la misma línea que Valderas, el dirigente socialista ha insistido en que la demanda contra el decreto antidesahucios no responde a "ninguna razón jurídica, sino política" por "la subordinación indecente e intolerable" del Ejecutivo de Mariano Rajoy a las directrices del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.

Jiménez también ha exigido al PP andaluz que dé explicaciones a las familias que no se van a poder acoger el decreto: "¿Qué respuesta le va a dar el paniaguado PP de Andalucía a las familias que se van a ver en la calle?".

La estrategia de los socialistas es similar a la que anunció IU la semana pasada, antes de que se conociera la paralización cautelar de la norma. La coalición también afirmó que los grupos municipales de IU llevarían a los plenos de los Ayuntamientos de la comunidad una moción de apoyo al decreto.

Por su parte, el nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha insistido en que "nada se va a parar en Andalucía", en referencia a la situación generada por el recurso ante el Constitucional. Maíllo ha apuntado a que la Consejería de Fomento aportará "soluciones creativas" para paliar esta situación durante este periodo. El coordinador andaluz de la coalición ha instado a las familias que estén en riesgo de perder su vivienda a que sigan acudiendo a las oficinas de la Junta del programa en defensa de la vivienda, que asesora a las familias que corren el riesgo de ser desahuciados.