Cuestión de fuero

Acomplejada por la execrable red corrupta que anidó en sus entrañas durante una década, la Junta de Andalucía ha tardado más de dos años en reaccionar a la investigación judicial de la rama política del caso de los ERE. Es indiscutible que la juez Mercedes Alaya ha acumulado indicios sobrados para sostener que una trama de altos cargos de la Administración, empresarios, abogados y sindicalistas participó en un expolio sistemático de fondos públicos.

Sin embargo, la parte de la instrucción referida a la cúpula de la Junta, que está removiendo sus cimientos, sí suscita un debate político y jurídico de calado. Previsible porque en los más de 30 meses de singular instrucción a nadie con un mínimo conocimiento de la causa se le ha escapado que Alaya pretendía llegar al momento actual.

La tesis de Alaya es sencilla: la Junta repartía el fondo de los ERE con un procedimiento (las ya famosas transferencias de financiación) que sorteaba los controles internos y que dio lugar al “dispendio” de dinero público. Y todos los rectores políticos y altos funcionarios que de forma más o menos directa tuvieron relación con el fondo que gestionaba la Consejería de Empleo tienen responsabilidad penal.

Con esta base ha imputado a 20 altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, en un auto con una escueta motivación y una breve descripción de hechos que destacados juristas, como el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, ven muy difícil que tengan encaje en el Código Penal. La resolución no permite intuir ni por asomo qué tipificación delictiva es imputable a los altos cargos, algo extraño a estas alturas de la instrucción. Sobre todo cuando esta línea del caso se fundamenta en los informes de la Intervención que alertaron del procedimiento (que se conocen desde hace más de dos años) y en el de la Cámara de Cuentas, terminado hace nueve meses. El auto, además, alimenta la idea de que hay una imputación selectiva de responsables políticos, esquivando a los aforados.

Siendo estos aspectos relevantes, principalmente porque la falta de motivación de las imputaciones abre la puerta a la revocación del auto, el capítulo judicial que empieza ahora promete ser, sin duda, el más interesante de cuantos ha habido en el caso de los ERE. Alaya ha puesto ya las cartas sobre la mesa de por dónde quiere encauzar la investigación: el papel que tuvieron los máximos dirigentes de la Junta en la puesta en marcha de las transferencias de financiación, un instrumento presupuestario que en su opinión dio pie al fraude y por el que caben responsabilidades penales.

Cautelosa hasta ahora en esta línea del caso, la Junta ha presentado un recurso en el que le dice a la juez que el “camino elegido es harto peligroso para el sistema democrático”. La respuesta se centra en la defensa del fuero de la Administración y ha sido igualmente contundente: las transferencias de financiación se aprobaron año a año en el Parlamento en la ley de Presupuestos y un juez no puede cuestionar una norma de esta naturaleza salvo que presente una cuestión de inconstitucionalidad; la partida se debatió y recibió enmiendas de la oposición sin que nadie apreciase ilegalidad alguna y una cosa es la creación del fondo y el procedimiento de concesión de las ayudas (que forma parte de una decisión política compartida por ejecutivo y legislativo) y otra es el uso perverso que se le dio a posteriori al dinero público.