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La Junta acusa a la juez Alaya de poner en peligro la democracia

El Gobierno ataca a la magistrada tras la imputación de 20 altos cargos en su último auto

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, en la comisión parlamentaria de los ERE. Ampliar foto
El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, en la comisión parlamentaria de los ERE.

Durísima réplica de la Junta de Andalucía a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya. El recurso del Gobierno autónomo, que es acusación particular en el caso, al auto de la magistrada en el que imputó a 20 altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, incluye acusaciones muy graves: “El camino elegido es harto peligroso para el sistema democrático”, dice la Junta sobre las imputaciones de Alaya, a la que achaca “subvertir el Estado democrático” al cuestionar las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz, que incluyeron la partida de 721 millones con la que se financió el fondo de los ERE año tras año durante una década (2001-2010).

Estas acusaciones suponen el enfrentamiento más serio entre la Junta y Alaya desde que esta exigió la entrega de las actas de todos los Consejos de Gobierno, que provocó la negativa inicial del Ejecutivo y la posterior amenaza de la juez de enviar a la policía a por ellas. Ahora la Junta ha recurrido el último auto de Alaya ante la Audiencia de Sevilla, y al ser acusación particular corre el riesgo de ser expulsada del proceso por la magistrada ante esta anómala situación. El Gobierno considera que la imputación de sus altos cargos por permitir supuestamente el uso inadecuado de las transferencias de financiación para financiar los ERE, “supone un ataque frontal al Estado de Derecho”. Alaya les imputa permitir un “menoscabo de fondos públicos” que provocó un “dispendio continuado” por el sistema de pagos empleado en los ERE.

La Junta arguye ahora que entre los cargos están imputados los responsables de elaborar los anteproyectos de presupuestos. “Y el siguiente paso es evidente: la imputación de todos aquellos que aprobaron las leyes de presupuestos y, en un paso más, a todos aquellos que no votaron en contra”. El recurso acusa a la juez de que, según su tesis, debería imputarse a los 109 diputados del Parlamento andaluz, incluidos los de IU y PP: "O se imputa a todos los parlamentarios que han votado a favor de la Ley o que han realizado enmiendas a dicha partida o concluimos que el problema no está aquí sino en las ayudas concretas que daba la Consejería de Empleo". En otro pasaje, matiza: “La Consejería [de Empleo] no adoptó la transferencia de financiación porque sí, sino porque lo ordenaba la Ley de Presupuestos”, reza el texto.

La Junta recuerda en su recurso que el Parlamento es soberano para aprobar sus normas (la ley de Presupuestos en este caso), y Alaya nunca sería competente para cuestionarlas, sino que debería remitirse siempre al Tribunal Constitucional.

Como primera medida, la Junta pide a la Audiencia que suspenda la única declaración fijada para dentro de dos semanas: la del ex interventor general Manuel Gómez, que ha cargado con dureza contra los exconsejeros, entre ellos el presidente del Gobierno autónomo, el socialista José Antonio Griñán. En paralelo el recurso pide la suspensión de las otras 19 comparecencias previstas en esta rama política del caso de los ERE.

Ante la controvertida decisión de recurrir el auto, la Junta alega que busca “la limpieza procesal” y que la investigación no se vaya al traste por cuestiones formales como ulteriores nulidades. El Ejecutivo considera que Alaya debe motivar más su auto, que tilda de “imputación indiscriminada” sin indicios de delito.

La tesis fundamental que defiende la Junta sobre el fraude, cifrado de momento en torno a los 140 millones, es que este se produjo por la ejecución y mal empleo de las transferencias de financiación. El recurso pone el foco en la conducta de ciertos políticos que permitieron la malversación de fondos, y rechaza que sea fruto de la inclusión del sistema de pagos en la Ley de Presupuestos durante 14 años. “Un exceso inaceptable”, califican los letrados el planteamiento expuesto por la juez. El escrito, de 20 páginas pero con otras 100 de documentos anexos, es una defensa cerrada del procedimiento, que Alaya considera diseñado para evitar los controles de la Intervención General.