Mar impone nuevas normas que bloquean la venta de almeja de Carril

Tras el acuerdo con la flota del pulpo, a la Consellería do Mar se le ha abierto otro frente. La orden del 27 de julio de 2012 que regula las tallas mínimas de moluscos ha puesto en jaque a la Agrupación de Parquistas de Carril (Vilagarcía de Arousa). El texto impone por primera vez a este colectivo, integrado por 300 mariscadores, límites de tamaño para poder vender el producto, unos requisitos que mantienen bloqueada la producción. “Esta normativa está asfixiando nuestra economía, todavía más, en plena crisis económica y de precios, pero los políticos ni nos escuchan ni buscan soluciones por el bien de todos”, afirma el presidente de los productores, José Luis Villanueva, quien junto al patrón de la cofradía ha remitido un documento a la consellería que aún no ha obtenido respuesta. “No podemos esperar de brazos cruzados mientras muere el poco marisco que hay en los viveros”, añade.

Inspectores de la Xunta ya obligaron a retirar y devolver a los parques cientos de kilos de almeja babosa al no cumplir con la talla mínima de 38 milímetros que exige ahora Mar. Estas intervenciones podrían derivar en importantes sanciones económicas para la cofradía como responsable de la lonja y del marisco que vende. Además, parquistas y cofradía han acelerado las reuniones para intentar salvar la Festa da Ameixa que se celebra en Carril desde hace 20 años y que debido a la falta de almeja babosa de talla reglamentaria está en el aire. Mientras esperan una mediación del alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, la suspensión de la cita, afirman, supondría otro quebranto a su economía. “Esto es un castigo gratuito y no entendemos el motivo pero tenemos claro que intentamos el diálogo y no queremos enfrentamientos porque la fiesta la organizamos para promocionar la almeja de Carril”, dice Villanueva.

Mientras no haya respuesta de Mar, los parquistas se encuentran atrapados por las tallas impuestas. Tan solo el 10% de la almeja de los parques pasaría los controles legales porque no todo el bivalvo crece del mismo modo ni al mismo ritmo. Informes biológicos admiten que hay almeja babosa que nunca alcanzará la talla comercial que exige la Xunta y que acabará muriendo en los parques. “Ella tiene su ritmo biológico que no es el de la consellería”, añade el presidente.

La medida afecta de lleno a la Cofradía Santiago de Carril, en cuya lonja venden los parquistas los bivalvos y que supone anualmente un volumen de negocio de 12 millones de euros. La agrupación ya interpuso un contencioso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para anular la normativa pero el fallo no se conocerá hasta septiembre, según fuentes judiciales. Los asesores jurídicos de la agrupación entienden que la aplicación de la orden, en lo que respecta a los parquistas, quedaría en suspenso al ser recurrida, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional que han invocado ante la Sala. La interpretación de este último tribunal permite a los parquistas vender sus productos, debidamente documentados, a otros clientes autorizados como alternativa a la venta en lonja, pero no lo están haciendo ante las amenazas de medidas coercitivas que ha lanzado el secretario general del Mar, Juan Maneiro.

Otro conflicto es el desatado tras el anuncio de Mar de reformar el Real Decreto 158/91 que regula los derechos de las concesiones administrativas de este colectivo desde hace 22 años. La reforma, que se perfila en un borrador, es para los productores “absolutamente innecesaria e introduce una gran incertidumbre económica para el futuro de su actividad”. La agrupación viene reclamando la legalización de algunas concesiones que llevan años operando en precario. Los parquistas de Carril no han estado representados en el Consello Galego de Pesca y los trabajos de reordenación se han diseñado sin que pudieran ser escuchados.

Los parques de cultivo de Carril representan un caso singular, más localizado y menos conocido en la actividad marisquera gallega, diferente al marisqueo libre o a pie o a la acuicultura industrial. Se basa en el cultivo intensivo de bancos artificiales de arena divididos en parcelas adjudicadas bajo concesión administrativa a familias que llevan más de 200 años explotándolas.