El 26% de los contratos de servicios del Consell suplanta tareas de funcionarios

Hasta un 26% de los contratos de prestación de servicios que mantiene la Generalitat invaden competencias propias de funcionarios. Un informe de la inspección de servicios de mayo pasado así lo refleja tras analizar una muestra de 39 expedientes. El análisis excluye las encomiendas de gestión a Vaersa, empresa pública que dio pie en julio de 2012 a un primer documento del viceinterventor general de control financiero de la Generalitat que reconoció explícitamente la existencia de este tipo de problemas.

Se trata del tercer informe interno de la Administración valenciana que detecta la suplantación de tareas de funcionarios por personal contratado, a través de las denominadas encomiendas de gestión o mediante el uso irregular de los contratos de servicios. El hecho ha dado lugar, en algunos casos, a sentencias judiciales que han establecido la existencia de una cesión ilegal de trabajadores para ejercer actividades, como la redacción de dictámenes o la tramitación de subvenciones, que exigen las garantías de objetividad que solo se atribuyen a los funcionarios públicos. La propia Generalitat afirma tener conocimiento de 13 de esas sentencias.

Precisamente la polémica generada con Vaersa dio pie a que el secretario autonómico de Administración Pública, Pedro García Ribot, se comprometiera en octubre pasado en las Cortes Valencianas a desarrollar un plan para examinar los contratos.

"El PP ha creado una Administración paralela”, dice el socialista Rubio

En ese plan se enmarca el informe de evaluación elaborado por la inspección de servicios de la Generalitat, que se ha centrado en los 593 contratos mayores, es decir, aquellos cuya cuantía superaba los 18.000 euros, y que existían a 31 de diciembre de 2012. Se trata de 523 contratos de servicios y de 70 encomiendas de gestión. Un total de 553 eran contratos con personas jurídicas y 40 con personas físicas.

La misma inspección de servicios ya redactó en febrero un informe específico sobre las encomiendas de gestión de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente con Vaersa. Aquel documento dio pie a que el diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco denunciara que el informe reconocía la suplantación de personal pero rechazaba "la exigencia de responsabilidades disciplinarias". Precisamente en base a ese informe, la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Generalitat, donde están representados los sindicatos de la Función Pública, anunció el lunes que denunciará ante el Tribunal de Cuentas las contrataciones supuestamente irregulares en el área de Medio Ambiente.

Excluidas, pues, las encomiendas de gestión, este tercer informe, fechado en mayo y que el diputado socialista Rafael Rubio ha recibido tras una petición de información, concluye que, de la muestra de 39 contratos seleccionados, "una gran mayoría (29 contratos, es decir, el 74%) se refieren a servicios cuya contratación se ajustaría plenamente a la ley de contratos". Y añade: "En diez supuestos (26%) estaríamos ante contrataciones en las que cabría oponer dudas sobre la idoneidad de su objeto pues, a juicio de esta Inspección, afectan a actividades a desarrollar por funcionarios, tanto por su esencia como por su continuidad en el tiempo".

"Aquí se han confundido los papeles. En muchos casos no se han creado plazas de funcionarios que hacían falta y se ha recurrido a empresas que han acabado desarrollando actividades con potestades administrativas", comenta el diputado Rubio. "El informe nos da la razón y ratifica las denuncias que hemos estado haciendo de que el PP ha creado toda una Administración paralela".