Ortega defiende que los recortes a los funcionarios han evitado 24.000 despidos

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha defendido hoy los recortes aplicados sobre la administración pública catalana en los dos últimos años con el argumento de que se han hecho para evitar males mayores. Ortega ha asegurado que recortes como no pagar la extra o reducir la jornada y el sueldo un 15% a 6.800 interinos han evitado el despido de 24.000 empleados públicos. El cálculo sale de dividir los 730 millones de euros de recorte anual entre 30.000 euros de sueldo medio en la administración.

Con un año de retraso, Joana Ortega ha presentado en comisión parlamentaria la esperada diagnosis sobre la que se debe vertebrar el “Plan de ocupación para la racionalización y optimización de la organización de personal al servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña 2012-2014”. Para sorpresa de los grupos de la oposición y los sindicatos, Ortega apenas ha concretado el plan, ni en cifras ni en calendario. Afectará, esto sí a 20.374 empleados de los servicios centrales, los que se dedican a las tareas administrativas y técnicas. La vicepresidenta ha asegurado también que “no habrá despidos masivos”.

Tal y como ya se había apuntado en marzo de 2012, la diagnosis prevé movilidad “intra e interdepartamental” para paliar los desequilibrios detectados entre áreas de la administración. Como ejemplo de ello, Ortega ha anunciado (sin decir cuánto ni cuándo) que se producirá trasvase de personal hacia los departamentos de Bienestar (que ha asumido el trámite de gestión de la residencia de los inmigrantes) y Agricultura (para tramitar las ayudas europeas). En cualquier caso ha precisado que en conjunto, y de producirse, los traslados no afectarán "ni a un millar de personas". La Generalitat tiene en cartera aprobar la nueva Ley de Función Pública, que entre otras cuestiones establecerá mecanismos para flexibilizar la movilidad de sus empleados.

Ante el reproche sobre la falta de concreción por parte de todos los grupos políticos de la cámara salvo CiU, Ortega ha argumentado que el cuánto, cómo y cuándo se diseñará durante la negociación con los sindicatos. La diagnosis, elaborada a partir de cifras de los propios departamentos de la Generalitat, también habla de falta de personal específico en determinadas áreas debido a la ausencia desde hace unos años de convocatorias de oposiciones. Faltan, ha explicado, servicios de prevención de riesgos, abogados, ingenierías o de control en áreas como la intervención. Para cubrir estos puestos se realizarán concursos internos. Una de las cuestiones que el estudio ha revelado es que el 40% de los empleados públicos tienen una formación superior a la que les corresponde por el puesto que ocupan. Una de los principios que han centrado la intervención de la máxima responsable de la función pública catalana es el incremento de la profesionalidad del personal. "Tenemos capacidad para dar una respuesta más tecnificada y cualficada, se trata de casar las necesidades profesinales con los efectivos que tenemos", ha defendido.

Ortega también ha afirmado que los principios que regirán cualquier cambio de área o traslado físico serán la voluntariedad, proximidad a la localidad donde se prestan los servicios, objetividad, igualdad de mérito y máxima transparencia. “La sociedad cambia, las necesidades de su población también, y la administración y su herramienta, la función pública debe hacer frente a sus necesidades en constante evolución. Se han acabado las épocas en las que la necesidades se cubrían con un incremento irracional del gasto”, ha concluido la vicepresidenta su intervención.

Los sindicatos, convocados hoy a primera hora para conocer el nuevo informe, han expresado su recelo ante las consecuencias que la reorganización pueda suponer para el personal de la administración, con especial temor a que se produzca un “despido masivo” de interinos. Durante la reunión mantenida con la directora general de Función Pública, Susanna Buil, han preguntado por aspectos como qué ocurrirá con los interinos si funcionarios de carrera pasan a ocupar la plaza en la que ellos trabajan por procesos de promoción interna; si volverán los interinos de los que se ha prescindido (6.000 según los sindicatos); o si cuando la situación económica lo permite se restablecerá el 100% de jornada y sueldo a 6.800 interinos que la tienen recortada en un 15%. En este sentido, Ortega ha respondido que el ejecutivo catalán trabaja "para replantear esta medida".

El diagnóstico presentado hoy llega tras el controvertido informe encargado por la Generalitat a un grupo de expertos capitaneando por Guillem López Casasnovas que propone prescindir de la mayoría de funcionarios: avanzar, en el futuro, hacia una administración pública con empleados contratados en régimen laboral donde sólo policías, inspectores o figuras de autoridad como quienes otorgan licencias mantendrían el estatus. Ortega no ha hecho hoy ninguna referencia al informe de los expertos.