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La auditora de la Cámara de Cuentas censura el procedimiento de Invercaria

La consejera de la Cámara de Cuentas Amelia Martínez declara como testigo ante el juez del caso

La exauditora y consejera de la Cámara de Cuentas, Amelia Martínez, en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La exauditora y consejera de la Cámara de Cuentas, Amelia Martínez, en los juzgados sevillanos.

La auditora jefe de la Cámara de Cuentas que fiscalizó la gestión de la empresa pública de la Junta Invercaria, Amelia Martínez, ha censurado el funcionamiento y las inversiones realizadas por la sociedad de capital riesgo ante el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez. Martínez, hoy consejera del órgano fiscalizador a propuesta del PP, ha declarado como testigo y ha criticado la autonomía de decisión de Invercaria sobre sus inversiones en diferentes proyectos que apoyaba, dado que, según su criterio, la empresa debía estar sujeta a la orden de incentivos que establece unos procedimientos para asegurar la concurrencia pública. Invercaria gestionó 60 millones para 276 proyectos.

Martínez dirigió el equipo de auditores que entregó el informe que desencadenó el caso judicial, al poner el foco sobre el supuesto incumplimiento de las normativas sobre contrataciones y subvenciones y la concesión discrecional de préstamos, entre otras presuntas irregularidades que ahora investiga el magistrado. “De haber sometido Invercaria a los procedimientos de la orden de incentivos habría tenido más publicidad y se le habría comunicado las ayudas a los agentes sociales”, ha afirmado, a pesar de que recordó que Invercaria contaba con un “director de promoción para publicitarse y para buscar clientes”. Por el contrario, Invercaria arguye que su autonomía le permite ignorar esta orden de incentivos porque invertía gracias a sus fondos propios.

“No observé un procedimiento homogéneo para la concesión de los incentivos, no observé realmente procedimiento alguno, cada uno es de su padre y de su madre”, ha declarado Martínez, que resaltó que en algunos procedimientos no existían comprobaciones posteriores a las inversiones. Eso sí, esa supuesta falta de procedimiento no significaba necesariamente un menoscabo de fondos públicos. “No puedo asegurar que esta falta de procedimiento podría implicar un menoscabo en los fondos públicos que manejaba Invercaria. De haberse seguido el procedimiento de la orden de incentivo hubiese habido menos riesgos”, ha indicado la auditora en referencia a inversiones fallidas como la realizada en Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). Sobre esta falta de procedimiento, el expresidente imputado Tomás Pérez Sauquillo alegó que existía un plan director que hacía las veces de procedimiento para fijar las inversiones pertinentes.

Sobre la entrega de expedientes por parte de Invercaria durante sus trabajos de campo para la auditoría, Martínez matizó que Invercaria no entregó los expedientes con prontitud, sino que fue “un chorreo continuo a lo largo de todo el trabajo”. A continuación, la auditora ha deslizado una sombra de duda sobre una supuesta criba de los correos electrónicos remitidos: “La explicación que me dieron es que los tenían [los expedientes], pero que los tenían que limpiar. Los tenían que limpiar de correos de la consejería que no tenía por qué ver”, ha explicado.

Por otra parte, Martínez ha destacado la contratación de tres empleados que no prestaban sus servicios en la sede de Invercaria pese a que estaban en nómina de la empresa, denominados “mochileros”. Al mismo tiempo, ha destacado los gastos “no justificados adecuadamente”, en referencia a los 25.000 euros gastados en comidas y no justificados en un principio. Sin embargo, tras las explicaciones pertinentes de la empresa pública, el Tribunal de Cuentas descartó que los responsables de la empresa pública incurrieran en responsabilidades contables por estos dos factores denunciados ante el órgano fiscalizador con sede en Madrid.

A pesar del fallo del Tribunal de Cuentas sobre la ausencia de responsabilidad contable, Martínez se ha ratificado en su informe, que aludía a la contratación de los tres trabajadores “que no prestaban de forma justificada” sus servicios en ella y la censura a los gastos de representación de Pérez Sauquillo por 25.101 euros.

La auditora ha subrayado que las directrices y la práctica de entonces (el informe se realizó entre 2010 y 2012) no incluían el deber de avisar a su superior, uno de los consejeros de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, el manual de procedimiento de 2005 destaca que los “supuesto de infracciones de la normativa” deben ponerse en conocimiento del consejero pertinente.