Los sindicatos denuncian al Tribunal de Cuentas contratos irregulares en Vaersa

Han tramitado ayudas a la vivienda, planes urbanísticos y desempeñado funciones propias del funcionario, solo que sin la garantía de objetividad e imparcialidad propia de los empleados públicos. “Han externalizado o privatizado funciones públicas para conseguir [supuestamente] decisiones a medida del poder”, dijo ayer contundente uno de los miembros de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Generalitat. Los sindicatos UGT, CC OO, Intersindical, CGT y CSIF, con representación en la junta, anunciaron que denunciarán al Tribunal de Cuentas —lo harán a lo largo de la semana— la contratación supuestamente irregular de la Consejería de Medio Ambiente de empresas y falsos autónomos en la empresa pública Vaersa.

Los sindicatos entienden que esta práctica, que vienen denunciando desde 2004 y que ha sido ratificada por informes de la Inspección de Trabajo y de la Intervención de la Generalitat, puede significar el posible desvío de fondos públicos y por eso pedirán que se investigue. Los sindicatos estiman el sobrecoste en el que ha incurrido la Generalitat por la encomienda de Medio Ambiente a Vaersa en un 26%.

El pasado mes de septiembre, recordó el presidente de la Junta de personal, Adel Francés (Intersindical), denunciaron ante la Inspección de Servicios “graves irregularidades” en la contratación de empresas y falsos autónomos. “Éstas han tenido especial incidencia en la Consejería de Medio Ambiente y Territorio, por la que han pasado Rafael Blasco, José Ramón García Antón, Esteban González Pons y Juan Cotino”, agregó el vicepresidente de la Junta, Toni Calderón (UGT).

Según Francés y Calderón, esta práctica se ha extendido en el tiempo y ha afectado a otras consejerías y departamentos de la Generalitat. En 2005 estimaron en que la Generalitat se beneficiaba de entre 1.600 y 1.800 contrataciones supuestamente fraudulentas. Otros departamentos han caído en la misma práctica.

La denuncia de los sindicatos viene avalada por informes emitidos por departamentos de la Generalitat. La Subdirección General de Atención al Ciudadano sacó un informe tras la denuncia de los sindicatos de la función pública en la que pedía a la Consejería de Medio Ambiente que corrigiera y revisara estos encargos para que los trabajadores de la empresa pública Vaersa no desarrollaran tareas de los funcionarios de la propia consejería. El informe lo solicitó el diputado Ignacio Blanco, de EU.

El documento advertía además que estas contrataciones podían interpretarse como “cesión ilegal de mano de obra” e instaron a que no se repitiesen. La Junta de Personal ha ido reuniendo sentencias judiciales que les daban la razón. Un segundo informe, el de la Viceintervención General de Control Financiero de la Generalitat, puso sobre la mesa “numerosas evidencias de incumplimiento de la ley”. Estos papeles ponen de manifiesto que en las direcciones generales que tienen encomiendas de gestión solo el 21% del personal era funcionario y el 79% procedía de Vaersa, “la mayoría seleccionado sin atender a principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.

La consejería contestó entonces al informe de la Inspección de Servicios que era consciente de lo inadecuado del sistema actual pero lo justificó por el aumento de la carga de trabajo y la carencia de personal funcionario propio.