La justicia pone coto al urbanismo desenfrenado

Los tribunales han puesto freno al desarrollo urbanístico desaforado. Durante los últimos meses se han sucedido una decena de sentencias que han anulado proyectos urbanísticos (Rabassa, Porxinos, Benicàssim Golf, Marina d’Or Golf, Fonts de l’Algar y dos planes generales de ordenación urbana, el de Castellón y el de Benissa) por diversos motivos. La mayoría de las sentencias detectan irregularidades en la tramitación de los proyectos, falta de documentación y, especialmente, no hay garantías de los recursos hídricos. Las plataformas y colectivos que durante la última década han luchado contra el urbanismo salvaje, que promotores y ayuntamientos alentaban, celebran que estas sentencias les otorguen la razón.

 “No es fortuito, ha habido un cambio en la jurisprudencia que confirma un cambio de sensibilidad de los jueces”, asegura Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y uno de los fundadores de la PIC (Plataforma de Iniciativas Ciudadanas) que se creó precisamente para evitar que prosperara el Plan Rabassa de Alicante. Distinta es la opinión de los responsables de la consejería de Territorio que destacan que todos los autos judiciales cuestionan “aspectos formales, pero no entran en el fondo de la cuestión”. Sin embargo, todos estos autos judiciales dejan en dique seco estas iniciativas y vienen a confirmar que la época de la aprobación desmedida de programas urbanísticos ya es historia, y que la crisis económica también ha servido de freno al ladrillo.

Enrique Climent, presidente de Abusos Urbanísticos No, una plataforma ciudadana que acaba de cumplir su décimo aniversario y que aglutina a 27.000 afectados de toda la Comunidad Valenciana, estima que esta concatenación de sentencias obedece a que hay una “concienciación general de que el urbanismo desaforado no es viable”. Climent también comparte el argumento de Alcaraz de que los jueces “son personas que han visto la reacción ciudadana, y se han tomado muy en serio todas estas denuncias”. El representante de Abusos Urbanísticos No critica la “soberbia” con la que actuaron políticos y promotores durante la última década aprobando y concediendo licencias de obras a destajo.

El representante de esta asociación contra el urbanismo desbordado recuerda que uno de los motivos por los que se han anulado gran parte de los proyectos urbanísticos en tramitación es porque antes el informe sobre los recursos hídricos se tenía solo que solicitar, pero con la reforma de la Ley de Agua, aprobada en 2005, ese informe pasó a ser obligatorio y, además, debía ser favorable. Y este argumento ha servido a los jueces para tumbar algunos PAI como el de Rabassa, con 13.500 viviendas en Alicante que no tenían garantizada el agua, o Porxinos, con 2.600 viviendas y una ciudad deportiva para el Valencia. En este proyecto la sentencia incide precisamente en que el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de agua resultaba “preceptivo y vinculante”, pero en Porxinos dicho informe no figuraba, solo había uno del año 2005, y era desfavorable. El TSJ agrega, citando al Supremo, que informes sustitutivos del de la Confederación Hidrográfica elaborados por entidades “colaboradoras” de la Administración no son válidos. Y remata el entierro del proyecto urbanístico de Porxinos señalando que la tramitación por parte de la Consejería de Territorio vulneró, además, el procedimiento administrativo establecido.

José María Perea, presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que se fundó precisamente por su oposición al Plan Rabassa, atribuye estas sentencias al “esfuerzo de mucha gente que durante años ha denunciado estos desmanes urbanísticos”. Perea considera que ese “clamor social” queda recogido en las sentencias. El Plan Rabassa acumula cuatro varapalos judiciales por irregularidades en la tramitación, falta de informes y de recursos hídricos, entre otras muchas cuestiones.

Las personas consultadas también inciden en que la crisis económica ha tenido un papel determinante. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional provocó que la mayoría de estos proyectos urbanísticos “económicamente estuvieran muertos”, según apunta Gerardo Roger, arquitecto urbanista y uno de los mentores de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) en la Comunidad Valenciana. Roger estima que un 80% de los PAI que iniciaron su tramitación no se aprobarán porque no son viables, ya que hay una gran cantidad de suelo urbanizable, que “pronto dejará de serlo, y muchas viviendas vacías en el mercado inmobiliario”. Para el experto, en los próximos meses habrá proyectos que se reprogramarán “a la baja” para adaptarse a la demanda del mercado. Para Manuel Alcaraz las últimas sentencias relacionadas con el urbanismo confirman que “empresarios y políticos” durante unos años consideraron que en materia urbanística “valía todo”. Las personas consultadas también coinciden en que los varapalos judiciales al ladrillo confirman que la lucha que durante años, y de manera sosegada y discreta, han mantenido los colectivos ciudadanos, y muchos particulares, al final ha surtido efecto. “Sin esa red social, que costó de aflorar, y luchó contra políticos y empresarios no se hubiera podido frenar a los piratas especuladores del suelo urbanizable”, concluye Alcaraz.

Sin embargo, Juan Giner, director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consejería de Infraestructuras, recuerda que todas estas sentencias “no entran en el fondo de la cuestión, y anulan cuestiones formales”, relacionadas con la falta de publicidad, la legitimidad de algunos informes o la falta de documentación. “Sería deseable que hubieran entrado en el fondo de la cuestión, para disponer de jurisprudencia y poder actuar en el futuro”, asegura el responsable de la Administración del PP. Giner recuerda que en algunas de estas sentencias hay “votos discrepantes” de algunos magistrados, y lamenta que todos estos autos generen cierta “inseguridad” jurídica, ya que hay disparidad de criterios, y en ningún momento se cuestiona el modelo urbanístico. “Desde la Generalitat queremos hacer las cosas bien, y pedimos seguridad jurídica, porque si la legislación urbanística dice una cosa y los tribunales otra distinta, los políticos no sabemos a qué atenernos”, reflexiona el director general de la consejería.