El reparto de beneficios del Canal provoca tensiones internas en PSM e IU

El reparto de los 118,3 millones de euros en dividendos que la junta general ordinaria de accionistas de Canal Gestión (el 82,4% de sus acciones corresponden al ente público Canal de Isabel II y el 17,6% restante a 111 Ayuntamientos), aprobó el 26 de junio ahondó en algunas de las tensiones internas que afectan al PSM y a IU. Meses antes de las elecciones de 2011, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, calificó la privatización de “inmoral” y “no tener sentido”. Incluso afirmó que, en caso de gobernar, revocaría la decisión y la empresa seguiría “siendo de todos los madrileños”, en una estrategia similar a la impulsada frente a la privatización de la gestión de seis hospitales. Siguiendo esa línea, Gómez también anunció un recurso al Constitucional para evitar lo que denominó como “expolio”.

Frente a los mensajes de sus ejecutivas contrarios a adscribirse a la nueva empresa —a entender de la oposición el movimiento anterior a la privatización del Canal—, los principales municipios de los dos partidos de la oposición han terminado participando en una parte del pastel de los 135 millones de beneficios de Canal Gestión, constituida en julio del año pasado y paso previo a la entrada de capital privado. El 10% de la nueva sociedad corresponde a Madrid (los otros 110 municipios se reparten el 7,6% del accionariado), lo que le ha supuesto a la capital (PP) unos dividendos, por criterios de población, de 11,8 millones. El segundo más beneficiado fue Móstoles, del mismo signo político, con 745.000 euros. Fuenlabrada (PSM) es la siguiente de la lista, con 719.000 euros. Dentro del top ten también figura otra ayuntamiento socialista: Parla, sexto, con 435.000 euros. Rivas (IU) obtuvo 245.000, lo que la convierte en la 12º localidad más beneficiada, mientras que San Fernando de Henares (21º) ha recibido por su parte 150.000.

De los 118,3 millones en dividendos, 69,5 fueron distribuidos a cuenta a finales de 2012 y los 48,8 restantes llegarán a los ayuntamientos en octubre. La aprobación de los dividendos contó con el 98,7% de accionistas a favor. Los municipios del PSM y de IU representados se abstuvieron (1,2%), lo que llevó al presidente de Canal Gestión y número dos de la Comunidad, Salvador Victoria, a preguntar con ironía si la abstención implicaba que renunciaban a los beneficios. Un alcalde de IU negó semejante idea moviendo airadamente los brazos desde su asiento.

“En los tiempos que corren, todo lo que sea recibir ingresos para un Ayuntamiento es una satisfacción, pero a nosotros lo que más nos preocupa es que la empresa o el Gobierno regional iban a privatizar parte de las acciones o iban a sacarlas a bolsa Lo que queremos es que la empresa siga siendo 100% pública”, manifestó tras la junta el regidor de Fuenlabrada, Manuel Robles. Por su parte, José María Fraile, su homólogo de Parla, se mostró “satisfecho desde el punto de vista económico”, reivindicando “poner en valor el carácter público de la empresa”. En un acto en la sede del PSM en Callao en 2011, los representantes municipales socialistas se comprometieron a no respaldar la privatización, total o parcial del Canal de Isabel II. “Y ese supuesto no se ha producido”, recalcan en el partido, donde distintas voces apuntan que una docena de alcaldes no firmaron la entrada en Canal Gestión y hubo otros “más pragmáticos”. “No tuvimos alternativa”, se justifican por su parte en IU.

Mientras, en el Gobierno regional reconocen que la coyuntura sigue sin favorecer la entrada de capital privado. La intención del Ejecutivo autonómico es que sea el 49% para 2016. La Comunidad alega para desprenderse de casi la mitad de la sociedad la necesidad de hacer frente a 4.000 millones en inversiones obligadas por Bruselas durante los próximos 15 años. En el PSM consideran que con la constitución de Canal Gestión se elude la obligación de reinvertir los beneficios del Canal en infraestructuras, unos 120 millones de media en los cinco años previos a la creación de Canal Gestión. Según el valor contable de la entidad, la venta de las acciones supondría unos ingresos de 1.052 millones, de los que 185 millones corresponderían a los ayuntamientos con acciones. En el Canal niegan que las infraestructuras vayan a perder calidad.