Sentarse a hablar alivia los juzgados

A veces ni el problema es tan grave ni la solución es tan complicada. La mediación para poner fin a un conflicto entre vecinos es lo que desde enero lleva haciendo un equipo multidisciplinar en Granada. Solo tres mujeres —Marisol Oña, Mariola Aguilar y Purificación Sotelo— están demostrando cómo, si hay voluntad y un mediador acompaña de forma neutral a las partes, es posible llegar a una solución de forma rápida, económica y eficaz. No siempre lo logran, pero la convivencia es más fácil si se dialoga en problemas que a menudo se enquistan y pueden terminar incluso en los tribunales.

Por sorprendente que parezca no se dialoga con la asiduidad deseada. “Muchas veces no nos podemos entender simplemente porque no nos hablamos”. Así lo manifiestan al menos desde este equipo que trabaja en un proyecto piloto impulsado por la Fundación Mediara adscrita a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta. Tienen su sede en un local cedido por el Ayuntamiento de Granada en el barrio del Zaidín y hasta allí les llegan consultas y problemas de los ciudadanos.

Cristina (nombre ficticio) llevaba más de un año sin poder pagar los recibos de comunidad de su edificio. Está en paro y se había creado un problema entre los vecinos. La labor del equipo en este caso fue poner en contacto a las partes y, pese a la creencia de mala predisposición, el resto de vecinos entendió la situación y se llegó a un acuerdo a través del presidente de la comunidad sobre la forma de pago que ha permitido mayor paz social. “Yo recomendaría este servicio a otra gente”, asegura la usuaria que no fue la que acudió en primer lugar a buscar la mediación.

Como en este caso, la mayoría de los conflictos que abordan surgen de la vida cotidiana y suelen estar relacionados con problemas en las comunidades de vecinos o en el día a día de cualquier barrio. Llevan seis meses trabajando solo en Granada y han gestionado unos 50 casos, de los que casi el 35% se ha resuelto con mediación y dentro de estos casi la totalidad con acuerdos totales o parciales. “Lo importante es que aquí son las partes las que resuelven el problema, lo que garantiza su cumplimiento puesto que los ciudadanos son los que han acordado la solución, su solución”, argumenta Mariola Aguilar.

El mediador aquí no es ni un árbitro ni un juez, sino un acompañante neutral que establece unas normas para que los enfrentados encuentren el acuerdo más práctico y ventajoso. Es una tercera persona, imparcial y experta. En este caso las tres son mediadoras y además, una socióloga, otra abogada y otra psicóloga. En los más de seis meses que llevan en marcha tienen cerrados casi la mitad de los expedientes, pero el camino no está siendo fácil.

“En la mayoría de los casos hay un conflicto aparente y otro relacional”, explican. Lo habitual es que sea una de las partes la que se pone en contacto con ellas y normalmente cuenta su problema pero no tiene mucho conocimiento del vecino. “No se relacionan”, agregan. Son ellas las que han de buscar a la otra parte del conflicto e invitarla a participar en la mediación. “Mucha gente niega que exista y considera que es un problema del otro, no un conflicto”.

A través de las juntas de distrito y de distintas asociaciones han ido llegando a los vecinos, también se ha recurrido a la vía del Defensor del Ciudadano de Granada y la Universidad, si bien aún queda por hacer. La iniciativa surge como servicio público gratuito que permite a los ciudadanos resolver sus enfrentamientos de forma dialogada, confidencial y gratuita. Tanto es así, que la confidencialidad está asegurada incluso aunque alguno de los asuntos llegue a juicio. Aliviar la carga de los juzgados, muchas veces colapsados por asuntos que podrían resolverse por otras vías, es otro de los objetivos prioritarios de este proyecto que tiene asegurado, hoy por hoy, medio año más de vida.

Se puso en marcha tras presentar la Asociación de Mediadores Profesionales (Amefa Granada) la idea a la Junta que seleccionó el proyecto como espacio de diálogo que trata de favorecer la convivencia vecinal. El protagonismo lo tiene el ciudadano y se favorece la igualdad. Según las promotoras, el trabajo consiste en difundir “la cultura del diálogo los y valores democráticos” que en el futuro harán posible evitar nuevos conflictos.

Ruidos, olores, animales domésticos, morosidad, antenas, aires acondicionados… esas cuestiones que a veces hacen difícil la vida entre vecinos pueden encontrar solución. Además de ahorrar dinero al contribuyente y a la Administración, puede evitar que aumente la tensión en el conflicto. Los que acuden a la mediación deben hacerlo con respeto y buscar soluciones compartidas.

Juan José Olvera es un administrador de fincas que ha colaborado. Por su trabajo está acostumbrado a presenciar conflictos entre propietarios de una misma comunidad y coincide con las mediadoras en que la mayoría de las veces los problemas surgen porque “los vecinos no se hablan”. Hay casos en los que el conflicto está muy “enquistado”, pero él, que ha planteado varios casos, ve como una buena “solución” este servicio que solventa con pocos recursos “el malestar ciudadano”.

Inspirado en proyectos similares pero con mucho más desarrollo en comunidades como Cataluña o País Vasco, el de Granada, financiado con 15.000 para un año, prevé expandirse a otras provincias de Andalucía. La iniciativa se enmarca en las propuestas para tratar de implantar en la sociedad una cultura de la mediación que contribuya a cambiar comportamientos y valores para pasar del litigio al diálogo y de las discrepancias al acuerdo. En el ámbito mercantil, la consejería desarrolla un proyecto en Sevilla y Cádiz.