La obra social de la caja urge ingresos estables para no quebrar en 2019

La obra social de la antigua caja de ahorros gallega, heredada y desarrollada hoy por la Fundación Novacaixagalicia, mengua por el “desgaste de sus recursos” ahora que, desde diciembre, ya nada tiene que ver con Novagalicia Banco y debe vivir de sus ahorros y de los ingresos por alquiler de locales o venta de entradas. De seguir a este ritmo, no podrá continuar más allá de 2019 a no ser que alguien compense su déficit anual de entre cinco y siete millones de euros. Así lo reveló ayer en la comisión parlamentaria de investigación sobre las cajas el gerente de la fundación, Pedro Otero.

También ayer los trabajadores de la entidad, primero a través de un comunicado remitido a todos los grupos políticos y luego con la comparecencia de uno de sus representantes, reclamaron “un flujo de rentas” fijo para la fundación. Para ello, apelan al presidente Alberto Núñez Feijóo, y al ministro de Economía, Luis de Guindos, para que cumplan su compromiso de lograr un sistema de financiación estable y pongan fin al “proceso de transición” en que está la entidad nombrando un patronato sin “disputas políticas o localistas”.

Coincidieron en sus peticiones los gestores y ex gestores de la obra social, aunque se mostraron menos pesimistas asegurando que, pese a las dificultades, “sigue viva”. Pedro Otero recordó que, cuando la antigua caja fusionada se quedó con apenas el 6,84% de Novagalicia Banco, la obra social tenía margen para funcionar sin nuevas aportaciones hasta 2016. Ahora, ya sin participación en la entidad financiera y tras nuevos ajustes, la liquidez con que cuenta la fundación “permite garantizar la continuidad en un horizonte de siete años”. Eso se lograría con pérdidas anuales de entre cinco y siete millones de euros, porque como recordó Otero “toda obra social es por esencia deficitaria”. Para cubrir ese déficit y permitir que la entidad siga trabajando más allá de 2019 sin abandonar líneas de actuación es para lo que el gerente pidió “el apoyo de las Administraciones y del banco", aunque éste ya no tenga vinculación.

De producirse el fin de la fundación, “probablemente este país se retrase 20 o 30 años”, había asegurado horas antes José Manuel García Iglesias, responsable de la obra social de Caixa Galicia. En la misma línea se pronunció Guillermo Brea, al frente de la obra social de Caixavigo, Caixanova y la Novacaixagalicia ya fusionada hasta hace un año. Tanto García Iglesias como Brea destacaron la necesidad de mantener todas las actividades. El primero recordó que “lo que dejan las cajas a nivel de obra social no es gasto, es patrimonio”, mientras que el segundo advirtió de que “si la obra social no existiese, la Xunta tendría que hacer una aportación a la sociedad” similar.

Ambos coincidieron con los trabajadores en reclamar a las Administraciones que “doten de un buen patronato a la fundación”, necesario para obtener unos “ingresos recurrentes”. Y Brea pidió, como también sugirió Otero, “presionar” a quien compre Novagalicia Banco para que aporte fondos a la obra social. El portavoz del PP, Pedro Puy, no concretó sin embargo cuándo las Administraciones van a nombrar el patronato de la fundación y se limitó a apelar de forma genérica al deseo de “dotar entre todos de unos estatutos” a la entidad.

Sobre el destino de las indemnizaciones millonarias que cobraron los exdirectivos de las cajas, los tres gestores y los partidos coincidieron en que si la justicia exige devolverlos, el dinero debería destinarse a la obra social. El BNG destacó que algún directivo llegó a cobrar el doble de lo que necesitaría la obra social cada año para evitar su déficit.

En la comisión también compareció ayer Carlos Príncipe, alcalde vigués de 1991 a 1995 y hoy pediatra alejado de la primera línea política. Para él, las cajas desaparecieron por la mala gestión de sus responsables, en particular de Julio Fernández Gayoso, responsable de Caixanova, al que acusó de “artificios contables” y una “gestión clientelar”.