El Gobierno niega que incumpla el Estatuto en materia de inversiones
Crespo cifra el “gasto real” del Estado en la comunidad durante 2012 en el 18,6%
La respuesta del Gobierno central ante el anuncio de la Junta de emprender acciones judiciales contra el Ejecutivo de Rajoy por “ignorar” el Estatuto de Autonomía en materia de inversiones no se ha hecho esperar. La delegada del Gobierno en la comunidad, Carmen Crespo, ha negado que el Ejecutivo de la nación haya incumplido el reglamento andaluz y ha cifrado el “gasto real” del Estado en la región durante 2012 en el 18,6% (1.060.903.892 euros), lo que supera el 0,8% del porcentaje previsto (17,8%).
“No es cierto, con los datos de ejecución presupuestaria en la mano, que este Gobierno haya incumplido la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía. Sí la incumplió el anterior gobierno de Zapatero debido al bajo nivel de cumplimiento de sus presupuestos”, asegura Crespo, quien ha resaltado que “por ello es importante elaborar presupuestos realistas, que se puedan cumplir y que no sean papel mojado”, informa Europa Press.
Estamos reclamando lo que le pertenece a los andaluces
Diego Valderas
En este sentido, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha reiterado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no quiere cumplir con este punto del Estatuto. “Estamos reclamando lo que le pertenece a los andaluces y España le debe algo de suma importancia, a la luz de los planes de fomento del empleo que se necesitan en Andalucía para ganar la batalla al desempleo”, asegura Valderas, tras recordar que la deuda en inversiones con la comunidad asciende a unos 5.000 millones de euros. “La Junta va a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante esa realidad que hoy el Gobierno le quiere negar a nuestra tierra”, recuerda.
Tal y como manifestó la secretaria de Estado de Presupuestos en la carta remitida al consejero de Economía, Crespo ha considerado que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta-Estado “carece” de competencias en materia de inversiones, por lo que entiende que lo acordado sobre las inversiones que se dejaron de ejecutar en 2008 y 2009 “no supone ningún compromiso de gasto” para el Gobierno.
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