La fiscalía pide que Gordó aclare el papel de la Generalitat en el ‘caso ITV’

La fiscalía ha pedido que el consejero catalán de Justicia, Germà Gordó, declare como testigo en el caso ITV, la presunta trama de corrupción que trató de tumbar una adjudicación de estaciones de ITV para convocar un concurso a medida. Entre los imputados por tráfico de influencias está el exnúmero dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, a quien el juez considera el “vértice” de la trama. Su defensa se ha adherido a la petición del fiscal para que Gordó, hombre de la máxima confianza de Artur Mas y secretario del Gobierno cuando ocurrieron los hechos, comparezca como testigo.

Los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto pretenden que Gordó aclare qué papel jugó el Ejecutivo para resolver el embrollo de las ITV, un sector en constante polémica y con enfrentamientos en los tribunales. El hoy titular de Justicia era, además, responsable de coordinar el gabinete jurídico de la Generalitat. Su directora, Margarida Gil, se reunió en un almuerzo con dos imputados en la causa: el magistrado del TSJC Joaquín José Ortiz Blasco —que debía decidir sobre el conflicto judicial— y el empresario Ricard Puignou, que había impugnado la adjudicación de un lote de estaciones del tripartito. En su declaración como testigo, Gil dijo que asistió al encuentro porque le habían dicho que Puignou era un experto internacional de las ITV, pero que ignoraba su condición de empresario.

El sumario del caso recoge una única conversación telefónica de Gordó. El 26 de octubre de 2011, llamó a Josep Tous, designado por la Generalitat como “mediador” en el conflicto de las ITV. En la llamada, Tous expone a Gordó cuál es la situación y le recomienda que opte por impulsar la revisión de oficio de los concursos públicos. “Hazme media hoja de esto que hablaré con el presidente. Lo preparas en este sobre que me envías”, le responde el consejero.

El caso ITV se investiga ahora por el procedimiento del jurado. Ayer se celebró una comparecencia en la que las distintas partes hicieron sus alegaciones y propusieron distintas pruebas. Maldonado y Duerto pidieron la declaración como testigos de diversas personalidades: Rosa Solero y Silvia Quesada, abogadas de los servicios jurídicos del Departamento de Empresa de la Generalitat; Albert Roig, ex director de Seguridad Industrial; Olga Tomás, directora de Servicios de Empresa; así como dos empresarios. La defensa de Pujol pidió la comparecencia del ex consejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena.

Los fiscales del caso exigen documentación sobre el mapa de las ITV del Ejecutivo autonómico

Los fiscales han pedido diversa documentación; entre otra, los informes que presuntamente elaboró Josep Tous, el mediador, para el empresario Sergi Alsina, imputado y amigo íntimo de Pujol. Según consta en la causa, Alsina pagó a la mujer de Pujol, Anna Vidal, 200.000 euros por asesoramiento empresarial sobre una reconversión industrial en Cataluña. Los fiscales también reclaman acceso al plan territorial de ITV de la Generalitat y a un informe de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre la implantación de concesionarios en Cataluña.

El consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, manifestó ayer la voluntad del Gobierno catalán de colaborar “siempre y por definición” con la Administración de justicia en todo lo que sea necesario. El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, ha solicitado la imputación de tres empresarios que, en su día, declararon como testigos: Xavier Pujol, consejero delegado de Ficosa, Pedro Navarrete, expresidente de Sony en España, y su mujer, María Jesús Muro. Todos ellos participaron, presuntamente, en la creación de la empresa Upprime Energy, que pretendía obtener una adjudicación de ITV de forma fraudulenta, según los investigadores.