El alcalde de Granada, imputado por una operación urbanística

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), ha sido citado a declarar en calidad de imputado por la posible comisión de un delito de prevaricación. El caso se inició a raíz de una denuncia del grupo municipal socialista por una operación urbanística en la que, según los denunciantes, el Ayuntamiento, que gobierna y gobernaba en mayoría el PP, aceptó cobrar un deuda de ocho millones de euros con una parcela valorada en uno menos. Es decir, el municipio habría perdido un millón de euros.

Los hechos se refieren a una operación urbanística relacionada con la construcción del Palacio de Hielo que nunca llegó a ejecutarse. Se fraguó en 2011. Vinculada a ella hay otro caso que el próximo mes de octubre sentará en el banquillo de los acusados al que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada durante el primer mandato de Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), tres altos funcionarios del Consistorio, dos constructores y un abogado.

El exconcejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, se sentará en octubre en el banquillo de los acusados por otro caso vinculado

Lo que el principal grupo de la oposición denunció en este caso por el que ha sido citado el alcalde es que éste selló de forma privada con los promotores un acuerdo por el que renunciaba a cobrar en líquido las deudas que tenía con ellos —derivada de los aprovechamientos urbanísticos de un plan parcial— pese a tenerlo asegurado con embargos y aceptaba un pago “en especie”. El caso es que la parcela estaba valorada en siete millones de euros en vez de ocho. Y eso ocurrió con la crisis inmobiliaria en auge y con problemas económicos en el Ayuntamiento, sostiene el PSOE.

Por esta denuncia, que el juez de Instrucción 1 de Granada admite a trámite, tendrán que declarar además del alcalde otras cinco personas entre las que se encuentran los promotores y responsables de la entidad financiera que participó. En el auto, que adelanta hoy el diario ‘Ideal’, el instructor pide a la secretaria municipal que aporte toda la documentación relativa al caso, el acuerdo de liquidación y el pago de la deuda derivada del proyecto de reparcelación, así como una licencia comercial y los expedientes de recaudación municipal seguidos contra los promotores imputados.

También pide copia de los escritos de acusación de la causa que sentará en el banquillo al exconcejal de Urbanismo García Royo y la documentación de una empresa con sede en Madrid que, según el PSOE, se constituyó “expresamente” para este negocio. El juez quiere saber en qué consiste su actividad, si tiene oficina abierta, empleados, quiénes son los administradores y cuál es la actividad principal de los mismos.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, explicó al presentar que acudieron a la vía judicial ante el “silencio” y las “cortapisas” que el PP ponía para intentar esclarecer lo ocurrido en el caso.

El acuerdo supuestamente alcanzado entre el Ayuntamiento y los promotores, que ahora investiga el juez, habría supuesto un “menoscabo” importante para el patrimonio de los granadinos, ya que aunque estaba asegurado el cobro de las deudas de las promotores relativas a los aprovechamientos urbanísticos del plan parcial en cuestión –en el Cerrillo de Maracena--, el alcalde firmó un acuerdo privado para cobrarlo en especie y por un precio inferior, siempre según los denunciantes.

La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, aseguró el año pasado que lo que se hizo fue una “dación en pago”

El acuerdo se produjo además, según recordó el PSOE, cuando ya había un procedimiento judicial abierto sobre dicho plan parcial, es decir ya estaba “bajo sospecha”. Se condonó la deuda a los promotores, añadió Cuenca, y entró en acción una empresa constituida expresamente para la ocasión, sin capital suficiente para asumir la compra de una parcela valorada en 48 millones de euros, y en la que se anunció la construcción de un centro comercial que iba a generar miles de puestos de trabajo. Ese proyecto nunca vio la luz.

Tras la presentación de la querella el pasado año, la actual concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), justificó que lo que se hizo fue una “dación en pago”. El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, que es además concejal en el Ayuntamiento ha asegurado hoy que está “convencido” de que el Consistorio demostrará la corrección de la operación urbanística y ha respaldado al alcalde. El principal responsable del Ayuntamiento de Granada tendrá ahora que dar explicaciones al juez. La citación está inicialmente fechada en julio si bien no se descarta un aplazamiento. El auto es recurrible.