Erkoreka exige un cambio en la política penitenciaria

El consejero de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha exigido a los agentes legislativos del estado que modifiquen "las políticas penitenciarias que consagran situaciones de excepcionalidad, para reorientar algunos excesos judiciales que arrojan resultados poco respetuosos con los derechos fundamentas". Además, ha recordado que la justicia "tiene que estar al servicio de la convivencia democrática para consolidar una sociedad que viva en paz excluyendo todo tipo de excepcionalidad".

Erkoreka ha asistido a una jornada organizada por la Fundación Sabino Arana para debatir en torno al fin de ETA, en la que también han participado el Fiscal Jefe del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, la exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, el juez magistrado del Tribunal Superior, Joaquín Giménez, el Secretario para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández.

Calparsoro, por su parte, ha sugerido un posible traspaso de las competencias judiciales en terrorismo, ya que ha expresado que "la desaparición de la actividad terrorista quizás es motivo u ocasión para volver a establecer las competencias de los órganos del lugar de comisión del delito", que en su caso, sería, Euskadi. Asimismo, ha recordado que el pode judicial vasco tendría actualmente "una plena competencia para juzgar los presos sobre terrorismo". 

El juez magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, por su parte, ha asegurado que el problema actual de Euskadi no es el terrorismo sino más bien la convivencia, ya que dentro de una sociedad plural todavía cuesta reconocer "al de enfrente no como un enemigo sino como una persona a respetar". Además, ha defendido que la política de un Estado no la pueden "dictar las víctimas" aunque ha manifestado un total respeto hacia ellas al ser uno de los pilares básicos para la reconciliación de la sociedad vasca.

Por otro lado, y respecto a la dispersión de los presos ha manifestado que para dar pasos adelante "cuanta menos excepcionalidad haya mucho mejor"  y ha abogado por llevar a cabo investigaciones serias en torno a los posibles casos de tortura para que España no vuelva a ser juzgada por ello.