La doctrina de Fabra contra la corrupción se frena en Blasco

El presidente alega que ha ido más allá de lo que se esperaba

Rita Barberá saludó a Rafael Blasco, ahora diputado no adscrito, al acabar la sesión de control al presidente Fabra.
Rita Barberá saludó a Rafael Blasco, ahora diputado no adscrito, al acabar la sesión de control al presidente Fabra. MÒNICA TORRES

La doctrina que el jefe del Consell, Alberto Fabra, ha bosquejado frente a los casos de corrupción que afectan a su partido da señales de agotamiento. Tras el episodio de la marcha de Rafael Blasco del Grupo Popular, la eventual expulsión de más diputados parece descartada, aunque Fabra deja abierta la puerta a que cada caso tenga su tratamiento.

Fabra intentó presentar este jueves la marcha de Blasco, exconsejero y exportavoz del PP, a un escaño de diputado no adscrito como la culminación de su política frente a la corrupción. La oposición, en cambio, dedicó monográficamente la última sesión de control de este periodo parlamentario a poner de manifiesto que las “líneas rojas” marcadas por Fabra son incoherentes y pretenden proteger al grueso de los imputados. En lugar del cumplimiento de un compromiso, lo ocurrido con Blasco marcaría el agotamiento del recorrido ante la corrupción cuando se abre una etapa en la que diputados del PP que desempeñaron cargos de relevancia empezarán a pasar por el banquillo.

El presidente de la Generalitat insistió, frente a las críticas de la oposición, en que ha cumplido “a rajatabla” las líneas rojas que marcó. No entiende que el caso Blasco sirva para mostrar las carencias de su criterio cuando en sus dos años de mandato han abandonado sus puestos, destituidos o voluntariamente, 15 altos cargos. El presidente considera que en la Administración valenciana —consejerías y empresas públicas como RTVV, Emtre y Aerocas— y en la dirección del PP ha apartado a todos los cargos salpicados por corrupción con un celo extremo. Respecto al Grupo Popular, desde el entorno de Fabra se resalta que ya dimitió Pedro Hernández Mateo, con sentencia condenatoria, y ahora se ha logrado apartar a Blasco.

Torres (PSPV-PSOE): “Le quedan ocho imputados. ¿Qué va a hacer con ellos?”

Varias veces durante el debate, Fabra reiteró que ha ido “más allá” de lo que esperaba la oposición y pidió pasar página para centrarse en otros asuntos. La alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, sobre la que pende la amenaza de una imputación junto al expresidente Francisco Camps en el caso Nóos, le reventó el mensaje cuando se acercó al escaño de Blasco, en la última fila del hemiciclo, apenas había concluido la sesión de control. La oposición empezó a burlarse aplaudiendo la escena y Barberá dedicó un saludo torero a los diputados. Desde la tribuna, donde tenía que empezar a intervenir en el siguiente punto del orden del día, el socialista Francisco Toledo exclamó: “¡Qué bonito! ¡Cuánto cariño!”.

El portavoz socialista, Antonio Torres, exigido al presidente del Consell una “respuesta clara” y la misma contundencia ante casos como los de Emarsa, Brugal, Gürtel y Nóos como con el fraude en las ayudas a la cooperación, por el que la Generalitat pide 11 años de cárcel para Blasco. “Le quedan ocho imputados en el grupo. ¿Qué va a hacer con ellos?”, preguntó Torres, que describió a un presidente débil, “con un grupo fragmentado y en fase de descomposición”.

Fabra defendió que el asunto de Blasco es diferente al resto, y que la Generalitat decidió personarse como acusación penal en el caso Cooperación para recuperar el dinero malversado de las arcas públicas. En cambio, en el caso Nóos, se mantiene solo la reclamación civil porque la Abogacía de la Generalitat dio su “aval y visto bueno” al convenio firmado con la entidad de Iñaki Urdangarin.

Morera (Compromís): “¿Qué hará cuando imputen a Camps y Barberá?”

“¿Qué hará cuando imputen a Camps y Barberá en el caso Nóos?”, preguntó el portavoz de Compromís, Enric Morera, mientras la diputada de su grupo Mònica Oltra incidía en las diferentes varas de medir y se preguntaba si el dinero del caso Cooperación “iba a otra organización y no a la organización madre”, en referencia a la supuesta financiación irregular del PP. “¿La diferencia es a quién beneficia la presunta malversación?”, dijo.

Morera recordó, sin citarla, que la diputada de su grupo Mireia Mollà llevó a la fiscalía una de las denuncias que han conducido al procesamiento de Blasco. Por su parte, el diputado socialista Francisco Todelo recordó que su compañera Clara Tirado, a la que citó por su nombre, presentó la denuncia que abrió el caso.

La intervención más contundente fue de la portavoz de Esquerra Unida del País Valencià, Marga Sanz, que repasó todos y cada uno de los casos en los que están implicados diputados y cargos del PP. Preguntó a Fabra qué hará cuando juzguen a Milagrosa Martínez, Angélica Such y Vicente Rambla; dónde estará la línea roja con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y el exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos diputados; o cómo actuará cuando sean imputados Camps y Barberá. “No hay corrupción de primera y de segunda”, concluyó Sanz, que acusó a Fabra de usar las líneas rojas “para blindarse pero no para atajar la corrupción”.

El jefe del Consell insistió en que la oposición ha dedicado “un tercio” de sus preguntas de este periodo parlamentario a la corrupción y la criticó por perjudicar la imagen de la Comunidad Valenciana.

Sin auditorías suplementarias de la deuda pública

Los populares utilizaron ayer su mayoría absoluta para rechazar en las Cortes Valencianas una moción socialista en la que se reclamaban que la Sindicatura de Comptes audite la deuda de las empresas públicas de la Generalitat y determine cuál fue su origen. La iniciativa del PSPV-PSOE pedía también que los administradores de los entes públicos expliquen las pérdidas y responsabilidades, en caso de que no estén justificadas. Los socialistas reclamaban que los contratos de empresas y fundaciones públicas fuesen accesibles y un informe “sobre las condiciones que han favorecido que las tramas de corrupción que afectan a la Generalitat”.

El socialista Francisco Toledo advirtió que este año la deuda del sector público de la Generalitat rondará los 800 millones de euros. Toledo recordó que su grupo ya propuso una reestructuración a la que se opuso el PP porque se centraba sobre las empresas con las que los populares hacían sus “mangarrufadas”.

El diputado del PP Rubén Ibáñez defendió la transparencia de las empresas de la Generalitat y apuntó que su control está a un clic en Internet.

“Basta un clic para comprobar la transparencia del PP y comprobar las cuentas del sector público empresarial”, remarcó Ibáñez, que insistió en que ese es el esfuerzo necesario para comprobar el informe de la Sindicatura de Comptes, en el que se señala que las cuentas de la Generalitat cumplen la legalidad vigente y no se han detectado responsabilidad contable.

La diputada de Compromís Mireia Mollà, cuyo grupo apoyó la iniciativa socialista, justificó su voto al considerar que se trataba de un ejercicio de transparencia. Al respecto, Mollà lamentó que el PP hubiese utilizado el sector público empresarial para crear “una Administración paralela y para enchufar”.

El portavoz adjunto de Esquerra Unida Ignacio Blanco también mostró su apoyo a la propuesta del PSPV pero advirtió de la necesidad de “hilar más fino porque vincular el sector público a la deuda es un discurso que aprovecha luego el PP que quiere cargárselo”. “Una cosa son los chiringuitos que ha montado el PP y otra el sector público en general”, recalcó.

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