Andalucía enfría el triunfalismo de Cañete al valorar la nueva PAC

El sector agrario andaluz ha enfriado el triunfalismo mostrado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en torno al acuerdo alcanzado por la Comisión y el Parlamento Europeo para reformar la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020. Mientras Cañete se apresuraba a indicar que el nuevo acuerdo “garantiza la viabilidad de todos los sectores productivos y en todas las regiones”, las organizaciones agrarias andaluzas recelan aún de un documento que, aunque evita la temida tasa plana o ayuda homogénea para cada territorio, recorta en un 30% las ayudas a las explotaciones más productivas y generadoras de empleo en aplicación de la convergencia.

El Gobierno andaluz ha convocado este jueves a las organizaciones agrarias y las cooperativas para analizar la letra pequeña de la reforma y su impacto en la comunidad. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, tan solo ha afirmado que se observan “algunos avances” que limitan “algunos de los efectos desfavorables” para los intereses de Andalucía, informa Europa Press. Planas valora que se haya logrado limitar la convergencia interna al 60%, esto es, que para 2019 ningún agricultor debería percibir menos de un 60% del pago medio de su región o país. Eso sí, los pequeños agricultores, los que reciben hasta 1.250 euros anuales, no estarán sujetos a la convergencia interna. La media actual por beneficiario en España es de 5.600 euros, frente a los 15.000 de un agricultor alemán o los 20.000 de un francés.

Planas también valora la cláusula de limitación de pérdidas por agricultor del 30%. Sin embargo, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha indicado que “no se puede vender como un éxito el recorte del 30% de ayudas, aplicando la convergencia, a las explotaciones más productivas y generadoras de empleo”. Además, Rodríguez advierte que esos trasvases de fondos vendrán a cubrir, en términos de ayudas, “nuevas hectáreas improductivas que restarán competitividad a la agricultura y ganadería productiva, en detrimento del empleo”. En concreto, la reforma reduce el número de hectáreas con derecho a ayuda en 15,5 millones de hectáreas (pasa de 38 millones de hectáreas a 22,5 millones en todo el territorio nacional).

También el secretario general de COAG en Andalucía, Miguel López, ha pedido que se eviten “triunfalismos” ante una reforma que ha calificado como “lesiva”. “Se reduce el presupuesto, se desmantelan medidas de mercado, se eliminan cuotas de producción y derechos de plantación y no se ha aprovechado la oportunidad para defender al agricultor activo”, señala.

Desde Asaja se valora que Bruselas “haya entendido las singularidades de la agricultura española, abandone sus posiciones maximalistas y acepte que el Estado miembro articule los pagos a los agricultores en función de la combinación de criterios territoriales (comarca agraria), agronómicos (sistemas productivos: labor secano, labor riego, cultivos permanentes y pastos) y económicos (la intensidad en los apoyos), lo que permitiría laminar la tasa plana y ajustar los pagos a la realidad productiva”.

Respecto al greening o pago verde, Asaja destaca la petición de que se establezca un cálculo individual para evitar también el efecto tasa plana en este tipo de ayuda.