La primera corrala de Sevilla logra un acuerdo para frenar el desalojo

Las familias pactan con el banco abandonar el edificio a cambio de ayudas

Tres vecinos de La Utopía, uno de ellos enfermo, en la vivienda que ocupan.
Tres vecinos de La Utopía, uno de ellos enfermo, en la vivienda que ocupan. julián rojas

Ibercaja y los vecinos de la Corrala La Utopía de Sevilla están más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo. El banco, propietario del edificio de la avenida Juventudes Musicales okupado desde hace un año por 36 familias, ha pedido al juez que frene la orden de desalojo que la entidad solicitó a principios de mayo. La decisión de Ibercaja llega después de que las dos partes alcanzaran un preacuerdo por el que el banco se comprometía a frenar el desalojo y volver a negociar si las familias que se encuentren en situación de emergencia social aceptan ayudas para alquilar una vivienda fuera de la corrala.

El banco y los vecinos de la primera corrala de Sevilla han mantenido conversaciones en las últimas semanas e Ibercaja ha optado por dar el paso. La noticia ha llegado este viernes, justo cuando el juez debía tomar declaración a los últimos vecinos que quedaban por comparecer por un presunto delito de ocupación ilegal. En el escrito remitido por Ibercaja al Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, la entidad pide que no se ejecute el desalojo “hasta que transcurra” el plazo de un mes que se han dado las dos partes para acordar el abandono de la corrala “de manera pacífica y voluntaria” por parte de las familias y el realojo en otros inmuebles de aquellas que demuestren que están en riesgo de exclusión.

Ibercaja, dueña del inmueble, ha pedido al juez que no ejecute la expulsión

La solución que propone Ibercaja y que han aceptado los vecinos es incluir a estas familias en el programa Llaves Solidarias, enmarcado en la obra social de la entidad y que facilita el acceso a viviendas de alquiler a personas con dificultades económicas. Serán los servicios sociales municipales los encargados de certificar la situación en la que se encuentra cada familia y determinar cuáles son candidatas al programa. Los vecinos creen que alrededor del 90% cumple los requisitos que puede imponer el banco para acceder a su programa de ayuda. Los que se queden fuera, según el preacuerdo alcanzado, deberán también abandonar el edificio.

Las familias, que llevan un año sin luz y sin agua, expresaron su satisfacción por el acuerdo. “Se ha demostrado que la fuerza de la solidaridad puede conseguir que la vivienda sea un derecho y no una mercancía, y la lucha del pueblo puede ser más fuerte que el poder de las entidades financieras”, señala el colectivo en un comunicado. El portavoz de la corrala, Juanjo García, ha afirmado que la retirada de la orden de desalojo supone un alivio para las familias, aunque vaticina que la negociación que queda pendiente para las próximas semanas va a ser “muy dura”.

La principal preocupación de los vecinos es ampliar todo lo posible el tiempo de la ayuda al alquiler que conceda el banco. En las conversaciones mantenidas hasta ahora se ha hablado de una horquilla entre los seis meses y los dos años. “Si son solo seis meses muchas familias creen que no merece la pena porque dentro de nada van a volver a estar en la calle”, explica García, que asegura que la voluntad de los vecinos es cerrar el acuerdo cuanto antes. “Están cansados. La capacidad de resistencia es limitada”, recuerda el portavoz. En las 36 familias de la corrala viven 108 personas, entre ellas más de 30 niños, dos bebés y varios enfermos dependientes.

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Las familias, que reciben el apoyo de colectivos en defensa del derecho a una vivienda, quieren también que el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento y Vivienda, que han participado en la mesa de negociación abierta con Ibercaja, se comprometan a garantizar la estabilidad de los alquileres. “Lo importante es que estas familias, una vez que acaben las ayudas del banco, sigan recibiendo apoyo para que no vuelvan a quedarse en la calle”, explica el portavoz.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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