Caso de los ERE

La instructora sitúa al dueño de Uniter como una de las claves del “saqueo”

Alaya afirma que González Mata actuó con la connivencia de sindicatos y cargos públicos

Antonio Albarracín, tras declarar ante la juez Alaya.
Antonio Albarracín, tras declarar ante la juez Alaya.paco puentes

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE, sitúa al dueño de la consultora Uniter, José González Mata (desde la noche del martes en prisión bajo fianza de 600.000 euros) como “uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta”. En el auto de ingreso en prisión de González Mata, Alaya explica los supuestos delitos cometidos por la consultora, que resume en el cobro de comisiones que considera innecesarias. Alaya cree que González Mata se concertó con los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández para la utilización ilegítima de estos fondos públicos. En el uso ilícito del dinero público, también incluye a representantes de CC OO y UGT y al despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís.

Según la juez, González Mata provocaba “la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas” financiadas por la Junta. Alaya afirma que las empresas de González Mata (Uniter, Ingotor y la sociedad patrimonial Cureña) percibieron 32,9 millones de fondos de la Junta en comisiones por sus tareas de mediación, de los que 20 millones podrían ser considerados sobrecomisiones. En su declaración del martes ante Alaya, González Mata aseguró que trabajaba “con mucha presión ya que se exigía que las pólizas en muchos casos se hicieran antes de las elecciones”.

Por otro lado, la juez ha tomado declaración este miércoles al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y a su esposa. La magistrada imputa a ambos un delito de blanqueo de capitales, “por la posesión, utilización y en su caso adquisición de bienes procedentes de la actividad ilícita desarrollada por Albarracín como director de Vitalia, fundamentalmente de las sobrecomisiones que percibía procedentes de fondos públicos”. Esa actividad ilicita se haría a través de la sociedad Permar 21. Tras la declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que fije una fianza de 200.000 euros para Permar 21, que se mantenga el bloqueo de las cuentas corrientes y la prohibición de disponer de “todos y cada uno” de sus bienes inmuebles. También ha reclamado el embargo de dos vehículos que están puestos a nombre de Permar 21.

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