El PP asume que no podrá aclarar las indemnizaciones de las cajas
Puy alude a que el asunto lo investiga un juez y lamenta no llegar hasta el final
Las millonarias indemnizaciones que percibieron los gestores que arruinaron las cajas de ahorros estaban en el origen de la comisión de investigación sobre el hundimiento de Caixa Galicia y Caixanova. Tanto, que figuran en el propio título del órgano que se dispone a fiscalizar la administración de ambas entidades en el Parlamento gallego y que ahora empieza a andar. Pero ayer, el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, echó un jarro de agua fría sobre las expectativas de conocer cómo se fraguaron esas escandalosas prejubilaciones que iban a permitir a los cuatro máximos directivos de las entidades quebradas percibir más de 50 millones de euros.
La decisión de la Xunta —avalada por sus servicios jurídicos— de declarar como reservada y por tanto de hurtar a la opinión pública los detalles de cómo se gestaron esas jugosas indemnizaciones (que luego fueron corregidas a la baja) se suma a la negativa del Banco de España de remitir la documentación que usó para ratificar semejantes pagos antes de que estallase la polémica. El portavoz del PP admitió que el de las indemnizaciones millonarias será “uno de los puntos donde la comisión va a tener más dificultades en saber lo que ocurrió”. Y añadió que su escepticismo viene de atrás porque “las indemnizaciones están siendo objeto de una investigación judicial y por lo tanto no solo es un problema de confidencialidad de datos que el Banco de España no facilita a la comisión, tiene esa connotación adicional al estar sub iúdice”. Puy manifestó cierta impotencia por no poder llegar al fondo del asunto. “Debería haber la máxima transparencia, y la sociedad debería saber cómo se decidió en un consejo de administración y fue validado por el Banco de España. Aprovecharemos las comparecencias para aclarar esta cuestión dentro de un margen que es estrecho”.
El resto de partidos del arco parlamentario responsabilizan directamente al PP de que no haya instrumentos para conocer la verdad sobre las cajas. Tanto socialistas como Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y el BNG sostienen que el informe de los servicios jurídicos que esgrime el Gobierno de Feijóo para calificar como secretos los expedientes de las cajas es de parte y trata de amordazar al poder legislativo en su intento de investigar, entre otras cosas, la gestión de la Xunta. El malestar crece cada día que pasa y ha propiciado que los socialistas pidiesen ayer amparo a la misma presidenta del Parlamento para relajar la protección de los expedientes.
El portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, anticipó que su partido hará pública esta mañana una respuesta a las limitaciones de la investigación. Las fuentes consultadas descartan que Alternativa Galega de Esquerdas vaya a abandonar la comisión antes de los interrogatorios de la cúpula de las cajas, que tendrán lugar el próximo viernes. Será entonces cuando se sienten en el Parlamento el exdirector general de Caixa Galicia José Luis Méndez y el último presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, que pilotaron durante décadas el destino de las dos entidades.
La oposición carga contra la “osbtrucción al Parlamento”
Fue después de una tensa junta de portavoces, de las más ásperas que recuerdan sus integrantes en esta legislatura. El PSdeG había pedido el amparo de la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, para dos asuntos concretos. Pedía auxilio a la máxima autoridad de la Cámara para que la Xunta remita de una vez la documentación sobre los contratos de suministros energéticos y de material informático de los hospitales gallegos a mediados de los noventa. Los socialistas están convencidos de que esos expedientes contienen las pruebas de que el entramado del contrabandista Marcial Dorado contrató con la Administración en los tiempos en que compartía excursiones de ocio con Alberto Núñez Feijóo, entonces número dosde la Consellería de Sanidade.
Por más que el PSdeG ha pedido esos papeles a través del artículo 9 del Reglamento de la Cámara, la Xunta se resiste a entregarlos y argumenta que en lugar de remitir los expedientes ya se produjo una comparecencia en el Parlamento del secretario general de Sanidade. Los socialistas quieren que sea Rojo la que requiera al Gobierno gallego para que facilite la documentación al Parlamento. Y de paso que medie para rebajar el carácter reservado de los expedientes que manejará la comisión de investigación de las cajas. La presidenta se comprometió a responder a ambas peticiones de amparo. Y todos los grupos de la oposición salieron a denunciar que el Parlamento se ha reducido a un mero apéndice del poder ejecutivo. Lo denunció el portavoz socialista, Abel Losada, y sus palabras fueron ratificadas después por los representantes de AGE, Xosé Manuel Beiras, y BNG, Francisco Jorquera.
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