La pifia que usará la defensa

“Esta investigación se habría amortizado en cinco días si no hubiese habido un error en el examen de los huesos”. En abril el juez instructor José Luis Rodríguez Lainz, que investigó las muertes de los niños Ruth y José, ofreció una conferencia en el que fue así de lacónico. El error de la forense de la policía, quien dictaminó en primera instancia que los huesos hallados en la hoguera de la finca de Las Quemadillas eran de animales, lastró toda la investigación. Y un caso que podía haber estado cerrado a las pocas semanas de iniciarse se convirtió en un largo cúmulo de pesquisas.

La pifia tuvo un lado positivo: ayudó a cimentar y armar firmemente la acusación contra Bretón. Y es que en su obsesión por encontrar la verdad, el juez revisó todas las comunicaciones que el padre había hecho con su móvil y ordenó avanzadísimos análisis de las cámaras de vigilancia que registraron los movimientos de Bretón el día de autos, concluyendo que los niños nunca estuvieron en el parque donde él dijo haberlos perdido.

Pero los nuevos análisis de los dos centenares de restos óseos, encontrados el día de la desaparición de los niños, dieron la vuelta al caso. Tras el primer informe erróneo, otros tres dictaminaron lo contrario, señalando que los restos eran humanos y de sujetos de edades similares a la de los niños desaparecidos. Entre los autores de estos informes se encontraban el forense Francisco Etxeberria y el paleontólogo José María Bermúdez de Castro.

La metedura de pata se ha convertido en casi el único asidero al que se aferra la defensa de José Bretón. Su abogado, José María Sánchez de Puerta, ha insinuado que las pruebas se manipularon y cambiaron. O también que no se vigilaron debidamente, rompiéndose la cadena de custodia legal a la que están obligadas este tipo de pruebas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó recientemente que esa cadena no se rompió.