Boi Ruiz frena la oferta del Arzobispado para a solucionar la crisis del Sant Pau

La crisis que envuelve al histórico hospital de Sant Pau se embrolla cada día más. La Generalitat —a través de su consejero de Salud, Boi Ruiz— y el Arzobispado de Barcelona han entrado en colisión. Tras el anuncio de la autoridad eclesiástica, el martes, de que considera un “deber moral” que el millar de propiedades del Sant Pau se pongan a servicio de las necesidades del centro, Ruiz contestó el miércoles que la Iglesia no es la única propietaria del hospital, por lo que no puede tomar esa decisión sola. El anuncio había sido recibido con optimismo por el comité de empresa, ya que el hospital ha acumulado unas pérdidas de 57 millones de euros en dos años y el Departamento de Justicia de la Generalitat le ha exigido que solicite el concurso de acreedores por el riesgo “inminente” de insolvencia.

Ruiz agradeció el gesto de “generosidad” del Arzobispado, que cuenta con dos de los seis miembros —a través del Capítulo Catedralicio— del órgano que gobierna el Sant Pau —la Muy Ilustre Administración, MIA—. Pero, a renglón seguido, se lanzó a aclarar que el Arzobispado no es el propietario del patrimonio y que la decisión debe tomarse en el seno de la MIA, donde la Generalitat y el Ayuntamiento cuentan con otros dos representantes cada uno, informa Europa Press.

La postura de la Iglesia es clave para desencallar la crisis, puesto que es la institución que ha gobernado el Sant Pau desde su creación por bula pontificia del papa Luna, en 1401. Además, las decisiones en la MIA se toman por unanimidad. El anuncio del Arzobispado fue muy bien recibido por el comité de empresa, que calificó de “muy importante” la decisión, porque “reconoce que el patrimonio pertenece al hospital y tiene que contribuir a las finalidades para el que fue donado”, manifestó su presidenta, Carme Pérez.

El Sant Pau cuenta con un millar de propiedades —entre viviendas, garajes, solares y fincas rústicas— donadas por enfermos y familiares a lo largo de la historia. Estas propiedades, que generan casi 10 millones de euros al año en rentas, las recibe la fundación “privada” o patrimonial, una de las tres en que está dividido el centro y que se dedica a administrar el patrimonio. De las otras dos, una se encarga de la asistencia médica —denominada la de “gestión”— y la otra lleva la investigación.

Si estas propiedades se ponen al servicio del hospital, podrían utilizarse como aval para pedir un crédito que solvente la mala situación financiera de la fundación de gestión, que carga con el déficit que genera la atención sanitaria. La Generalitat ya tuvo que inyectar casi 300 millones de euros extraordinarios en 2007 para mantener a flote la institución y poner a cero el contador del déficit. Pero esta opción no es del agrado de Boi Ruiz, que ha reiterado que la venta del patrimonio “no se ajusta a derecho”. Ruiz insiste en reducir el problema a un conflicto laboral causado por los trabajadores.

El patronato de la fundación que gestiona el Sant Pau, con su presidente Xavier Pomés a la cabeza, dimitió el viernes evitando así tener que presentar el concurso de acreedores que reclama Justicia. El patronato está ahora a la espera de que la Generalitat (tres), el Ayuntamiento (uno) y el Capítulo Catedralicio (uno) nombren a sus representantes. La Generalitat ha anunciado que lo hará “en las próximas horas”, mientras que el líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, instó al alcalde, Xavier Trias, a entrar como representante en el patronato, informa Camilo S. Baquero.

Está por ver si la MIA, que se reúne el próximo jueves día 20, acepta la propuesta del Arzobispado, y si esta vía sirve para alejar el concurso de acreedores reclamado por Justicia. Aunque satisfecho por el anuncio del Arzobispado, el comité de empresa aclaró ayer que la solución a los problemas de la institución pasa por mejorar la “infrafinanciación crónica” del hospital. “Emplazamos a Boi Ruiz a acabar con las falacias y las amenazas y poner soluciones a los problemas”, declaró Pérez, quien anunció que el comité estudia querellarse contra el consejero por amenazas y coacciones después de que este dijera el lunes que la actiud de los trabajadores podía llevar al hospital al cierre.