El Arzobispado pide al Sant Pau que ponga su patrimonio al servicio de la atención sanitaria

El escándalo que envuelve al hospital de Sant Pau ha dado una nueva vuelta de tuerca con la intervención del Arzobispado de Barcelona. La máxima autoridad eclesiástica ha afirmado que considera un “deber moral ineludible” que la MIA —el órgano de gobierno de la histórica institución sanitaria, fundada en 1401— ponga a disposición “de las necesidades del hospital” el millar de propiedades que atesora mientras no “se reconduzca la situación” de grave crisis económica en que vive inmerso.

La Generalitat instó el pasado viernes al patronato de la fundación que gestiona el hospital a que pida el concurso de acreedores por el riesgo de insolvencia “inmediata” del hospital, que ha acumulado 57 millones de euros de pérdidas en los dos últimos años, a pesar de que la Generalitat inyectó en 2007 casi 300 millones de euros extraordinarios.

El Sant Pau cuenta con un millar de propiedades —entre viviendas, garajes, solares y fincas rústicas— donados por enfermos y familiares a lo largo de la historia para sostener la asistencia médica en el centro. Estas propiedades, que generan casi 10 millones de euros al año en rentas, las recibe de la fundación “privada” o patrimonial, una de las tres en que está dividido el centro y que se dedica a administrar el patrimonio. De las otras dos, una se encarga de la asistencia médica —denominada la de “gestión”— y la otra lleva la investigación.

El patronato de la “privada” tiene seis miembros: dos representantes de la Iglesia, dos del Ayuntamiento de Barcelona y dos de la Generalitat. La Iglesia, que se había mantenido en silencio en las últimas semanas, acepta así una de las peticiones del comité de empresa del hospital, que ha reiterado —y lo ha denunciado en los tribunales— que considera un “fraude” que las rentas que generan estas propiedades no reviertan en la asistencia sanitaria.

La Iglesia cuenta también con un representante en el patronato de la fundación de “gestión” —tres más son de la Generalitat y otro del Ayuntamiento de Barcelona—, cuyos cinco miembros dimitieron el pasado viernes evitando así tener que presentar el concurso de acreedores que exige el Departamento de Justicia.

Las peculiar estructura jurídica del Sant Pau es una de las principales líneas de investigación del juzgado de instrucción 22 de Barcelona que indaga un cúmulo de irregularidades —cobros fuera de la normativa, adjudicaciones y contratos a dedo…— en las que los directivos del hospital habrían incurrido desde el año 2000. Tras la denuncia del comité de empresa, este juzgado mantiene imputados por estafa y malversación a casi todos los gestores del hospital entre 2000 y 2011.

Justicia ha instado al Sant Pau a nombrar un nuevo patronato para solventar la situación de vacío de poder en la que se encuentra tras la dimisión del patronato el pasado viernes. Por otro lado, el juzgado que lleva el caso ha desestimado una nueva denuncia del comité de empresa contra el hasta el viernes presidente del patronato, Xavier Pomés; el ex gerente del hospital —que dimitió en abril—, Xavier Corbella; y el responsable de recursos humanos, Lluis Gamell, por los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal. En un auto, el juez reprocha al comité de empresa del hospital su insistencia en “trasladar al proceso penal una cuestión laboral de salarios” al denunciar por esa vía que no se les ha pagado una prima de objetivos.