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Prisas en el Consell para que el TSJ abra juicio oral a Blasco cuanto antes

El PP confía en resolver en julio la situación del exconsejero procesado

Los plazos procesales pueden retrasar meses el auto de apertura de juicio

El presidente Alberto Fabra, a la derecha, visita las obras de un polideportivo junto al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.
El presidente Alberto Fabra, a la derecha, visita las obras de un polideportivo junto al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.

La Generalitat tiene un problema con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Y en esta ocasión no está relacionado con el hecho de que los jueces sigan imputando a cargos y excargos del Gobierno autonómico y a parlamentarios del PP, el grupo que sostiene al Ejecutivo de Alberto Fabra. Esta vez, el problema proviene del ritmo muy lento con el que las causas avanzan en el tribunal y, en concreto, con la que afecta al exconsejero y aún popular Rafael Blasco. La negativa de éste a dimitir o a abandonar el Grupo Popular en las Cortes, objetivo que Fabra intentó sin éxito la semana pasada, ha llevado al Consell a desear que la apertura de juicio oral contra el incombustible político se produzca cuanto antes. Pero los plazos con los que se mueve el tribunal, en parte por la falta de medios con los que trabaja, son, en cambio, de meses.

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que el TSJ no tiene intención de acelerar el procedimiento. Ni, aunque formalmente sea posible, de sobrevolar una secuencia de pasos que se ha cumplido escrupulosamente en otras causas, como la pieza separada del caso Gürtel sobre las adjudicaciones de Fitur, en la que también están procesadas, desde diciembre de 2012, dos exconsejeras de la etapa del expresidente Francisco Camps. La también expresidenta de las Cortes Valencianas, y todavía diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez —para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel—, y la diputada Angélica Such —para quien el ministerio público solicita que sea inhabilitada durante 10 años—.

Al tribunal le faltan medios materiales y funcionarios de apoyo a los jueces

Presidencia de la Generalitat confía en que la juez que instruye el caso Blasco decrete la apertura de juicio oral en las próximas semanas. Ello permitiría al PP cumplir con las condiciones que fijó el presidente Fabra para forzar la expulsión del exportavoz del Grupo Popular y acabar con el desgaste que ha generado la resistencia de Blasco a retirarse para no perjudicar al partido.

Según fuentes populares, si se cumple el escenario, Blasco podría ser apartado en el mes de julio del Grupo Popular y sentarse en su nuevo escaño de diputado no adscrito en el pleno escoba del periodo de sesiones, que está previsto para el 24 de julio.

Tanto en el Consell como en el PP señalan que la decisión de apartar a Blasco del grupo parlamentario está tomada, por lo que el desgaste generado por la rebeldía del exconsejero quedará compensado el día que sea separado de sus actuales correligionarios.

Las mismas fuentes recalcan que la situación de Blasco no es extrapolable al resto de imputados del Grupo Popular, ya que es el único caso en el que se ha personado la Abogacía de la Generalitat, empujada por una situación especialmente reprobable: el saqueo de fondos públicos destinados al Tercer Mundo.

Ambas cuestiones son competencia de la propia Generalitat

Los cálculos realizados en el seno del PP parecen, sin embargo, basados en los plazos legales para la presentación de recursos de los imputados en el caso Blasco. El ritmo real resulta, sin embargo, mucho más lento. En parte por la falta de medios materiales —el tribunal solo tiene una fotocopiadora que se usa también para escanear— y humanos —el número de funcionarios es muy bajo para la carga de trabajo del TSJ— que son competencia directa de la Generalitat. De hecho, como recordó al ser interrogado como imputado, el propio Blasco fue el encargado de negociar el presupuesto del que disponía el tribunal hasta junio de 2011, dado que Camps le concedió la competencia de Justicia en el verano de 2010, después de que el Tribunal Supremo reabriera la causa de los trajes en la que estaba imputado el expresidente.

En teoría, la juez instructora podría dictar la apertura de juicio oral sin esperar a que todos los recursos presentados por los imputados—ante ella y ante la Sala Civil y Penal del TSJ— sean resueltos. Lo normal, por una cuestión de economía procesal, y lo que todo apunta que hará la magistrada será, sin embargo, aguardar a que los recursos y posibles diligencias solicitadas y aceptadas concluyan antes de sentar a Blasco en el banquillo. Y para ello serán necesarios meses.

Metamorfosis en la Abogacía de la Generalitat

I. Z., Valencia

La Abogacía de la Generalitat ha experimentado un cambio sustancial desde la etapa del expresidente valenciano Francisco Camps, cuando fue utilizada como escudo protector ante el alud de irregularidades que los jueces detectaban en la relación de su Administración con la trama Gürtel, y el momento actual, en el que una de sus letradas acaba de solicitar 11 años de prisión para uno de sus exconsejeros, el diputado Rafael Blasco, por el supuesto desvío de fondos para el desarrollo en el Tercer Mundo.

La Abogacía depende por completo del Gobierno valenciano. La decisión de que sus letrados se personen o no en una causa debe ser tomada por acuerdo del pleno del Consell. El Gobierno del presidente Alberto Fabra dio el paso de convertirse en acusación en el caso Cooperación el 23 de marzo de 2012. Y no lo ha dado en ningún otro procedimiento que afecte a aforados. Ni en los que afectan a otros ocho diputados de la bancada popular —por los casos Gürtel, Brugal y Alperi—, ni en el caso Nóos, en el que previsiblemente serán imputados la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y Camps. En esta última causa, la Generalitat decidió personarse a los meros efectos de poder reclamar eventualmente reparación económica por los supuestos daños a sus arcas, pero sin acusar a los presuntos responsables.

La personación de la Generalitat en la causa en la que Blasco está procesado por cuatro delitos de corrupción en la primera pieza separada, e imputado por cinco delitos en la segunda pieza, despertó ciertas perspicacias. No hubiera sido la primera vez que una parte personada como acusación actúa en la práctica como defensa o se limita a controlar la marcha del procedimiento sin hacer prácticamente aportaciones. La reciente expulsión del Partido Popular como acusación en la causa troncal de Gürtel que se instruye en la Audiencia Nacional, o la reiterada negativa a aceptar la personación del mismo partido en la vertiente valenciano del caso, por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano, son dos ejemplos de ello.

La actuación de la letrada de la Generalitat en el caso que afecta a Blasco disipó, sin embargo, pronto los recelos. Según distintas fuentes, la actuación de la abogada ha sido modélica durante toda la instrucción, y su enfoque de la causa, muy parecida a la de los dos fiscales adscritos a Anticorrupción que iniciaron la investigación de los hechos en octubre de 2010, tras las denuncias presentadas por una diputada socialista y otra de Compromís.

Una actitud muy distinta a la que mantuvo la Abogacía, orgánicamente dependiente de Presidencia de la Generalitat, durante los últimos años de Camps. Sus letrados se especializaron en aquella etapa en responder con dictámentes jurídicos a los informes elaborados por la Intervención General del Estado (IGAE) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía a petición de los sucesivos instructores del caso Gürtel. Tres años después, cargos y excargos de la Generalitat continúan siendo imputados por dichos informes de la IGAE y la UDEF, mientras los dictámenes de la Abogacía de la Generalitat apenas se mencionan en la causa.