Jueces y parte

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a R. M. D. y a A. S. A., arquitectos honoríficos de Guadalix de la Sierra entre noviembre de 1995 y mayo de 2007 y julio de 2006, respectivamente, como autores de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios. Se les inhabilita durante tres años para empleo o cargo públcio y se les impone una multa diaria de 20 euros durante 20 meses.

La sentencia considera probado que ambos desarrollaron los proyectos de dos planes urbanísticos del municipio, la Unidad de Ejecución 5 y 7, como arquitectos privados con su empresa MDS Arquitectos, S. L., y al mismo tiempo elaboraron [en su cargo de técnicos municipales] los informes en los que se basó el Ayuntamiento para aprobar las mismas actuaciones. Los hechos fueron denunciados por Ecologistas en Acción en mayo 2007.

La resolución sostiene que tanto R. M. D. como A. S. A. actuaron “en todo momento conociendo la incompatibilidad de actuar como arquitecto privado y como arquitecto honorífico del Ayuntamiento en el mismo término municipal”. La defensa de los condenados recurrirá la sentencia porque considera que los hechos no están acreditados.

Además, el fallo indica que procede deducir testimonio contra Ángel Luis García Yuste, alcalde de la localidad, del PP, por si “hubiera podido incurrir en delito de falso testimonio”. Durante el juicio oral el regidor aseguró que uno de los condenados no emitió informes en la tramitación administrativa. Sin embargo, su firma está en varios documentos. Cuando se le pregunto para aclarar la contradicción, García contestó con “evasivas”, argumenta el fallo. Una nueva investigación decidirá sobre esta cuestión.

El alcalde mantiene que las actuaciones urbanísticas a las que se refiere el fallo son completamente legales, por lo que no tiene nada que decir al respecto. “Lo que se juzga aquí es la incompatibilidad en el ejercicio del cargo de los arquitectos”, explica. En cuanto al supuesto falso testimonio, aclara que no ha recibido ninguna comunicación al respecto.

La Audiencia también ha detectado un posible delito de falsedad documental en unos informes remitidos por la defensa de los acusados, “con contenido idéntico” a los que ya figuraban en el expediente enviado por el juzgado de Colmenar Viejo, que instruyó la causa, pero firmados por técnicos diferentes, por lo que pueden ser falsos.

María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, se muestra muy satisfecha con la condena y con la apertura de una pieza aparte para determinar el posible falso testimonio del alcalde. “Porque nosotros ya pedimos su imputación, pero el juzgado no la aceptó”, aclara.

José Antonio Herencia, portavoz de IU de Guadalix, lleva años denunciando que la situación era absolutamente anómala. “Es por lo menos curiosa”, apunta Heredia, “la acérrima defensa del alcalde a estos señores a lo largo de los años”. Por este motivo IU pedirá la dimisión del alcalde y está estudiando la interposición de las correspondientes denuncias por los delitos que han quedado reflejados en la sentencia.