El Ministerio de Economía censura el pago irregular de las ‘sobrecomisiones’

El Ministerio de Economía ha ratificado el pago irregular de las sobrecomisiones por parte de la Junta de Andalucía a las consultoras que tramitaron los ERE fraudulentos. El departamento de Luis de Guindos, a través de la Dirección General de Seguros, se ha posicionado junto a la juez Mercedes Alaya, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil al censurar estos pagos extra, cifrados por los investigadores en 50 millones.

En el caso de las sobrecomisiones, la Junta andaluza ya admitió el pasado invierno estos abonos millonarios como gastos impropios después de anular todas las comisiones pagadas en los ERE y prescindir de las consultoras y los bufetes de abogados, utilizados durante una década para que los 6.000 prejubilados cobraran sus pólizas. Hoy día el Ejecutivo autónomo abona de manera directa las pólizas a los prejubilados y la consultora Uniter le ha demandado por romper los acuerdos firmados para las prejubilaciones.

En su escrito, incluido en el sumario sobre el que se levantó el secreto la semana pasada, Economía fija el exceso de comisiones en 21,2 millones por parte de la consultora Vitalia y de 13,2 millones desde su competidora Uniter. “La comisión percibida por los mediadores ha sido superior a la media del mercado (...) Se observa la irregularidad de la no identificación adecuada del mediador”, alerta el ministerio. Es decir, la Junta ignoró la ley de mediación de seguros y no identificó a los mediadores, entre ellos el imputado Juan Lanzas, situado por la juez en la cúspide de la trama corrupta. Además, la comisión del agente era fijada “por el propio agente”, que pactaba con la Junta su comisión “fuera de precios de mercado”, “con la connivencia de la entidad aseguradora”.

Las evidencias de irregularidades en la tramitación de los ERE por parte de Vitalia se acumulan en el sumario. Numerosos trabajadores han relatado a los investigadores las órdenes de la cúpula de la consultora para que borraran servidores con correos electrónicos comprometedores y ocultaran información tras saltar el escándalo. Los dos responsables de Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué, permanecen en prisión preventiva.