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La Generalitat pide 11 años de cárcel para Blasco y Anticorrupción, 14

Acusan al exconsejero de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad

Blasco, a la izquierda, sonríe a Fabra desde su escaño en las Cortes Valencianas en 2012.
Blasco, a la izquierda, sonríe a Fabra desde su escaño en las Cortes Valencianas en 2012.

La Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años de prisión y 31 de inhabilitación para uno de sus exconsejeros, el todavía diputado del grupo popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, por su supuesta participación en el desvío de fondos públicos destinados al desarrollo del Tercer Mundo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, por su parte, 14 años de cárcel.

Las acusaciones se enmarcan en la primera pieza separada del caso Cooperación, en el que se investiga el desvío de ocho millones de euros. La pieza se refiere, en concreto, al desvío de fondos que debían servir para dos proyectos humanitarios en Nicaragua y que acabaron, en cambio, en inversiones inmobiliarias en Valencia. Los delitos que Generalitat y Fiscalía imputan a Blasco son los de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, los mismos que la juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano María Pía Calderón le atribuyó de forma indiciaria hace unos días.

La Generalitat ha solicitado igualmente durísimas penas para varios altos cargos de Blasco. Para Alexandre Català, exsubsecretario de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, 10 años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación. Para Josep María Felip, ex director general de Cooperación, ocho años de cárcel y 26 de inhabilitación. Para Tina Sanjuán, ex secretaria general administrativa de la misma consejería, 11 años de cárcel y 21 de inhabilitación. Para Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación, seis años de prisión y 15 de inhabilitación. Para Xavier Llopis, exjefe de gabinete de Blasco, cuatro años de cárcel y otros cuatro de inhabilitación.

Respecto a los miembros de la red corrupta que no ocupaban cargos en la Administración autonómica, la Abogacía de la Generalitat ha solicitado ocho años de cárcel y 18 de inhabilitación contra el responsable del entramado empresarial, Augusto César Tauroni. Cinco años de cárcel y otros seis de inhabilitación para Marcial López (presidente de la Fundación Cyes, receptora de las subvenciones que debían invertirse en Nicaragua) y su pareja sentimental, Josefa Cervera. La Generalitat piden para ambos, además, una multa de seis millones de euros.

Anticorrupción ha solicitado por su parte, además de los 11 años de prisión, 33 de inhabilitación para el exconsejero, a quien hace ya cerca de un año describió como "director" de la red dedicada a saquear el dinero destinado a la cooperación internacional. Para el exdirector general Felip, 10 años de cárcel y 19 de inhabilitación. Para el exsubsecretario Català, 13 de cárcel y 22 de inhabilitación. Para el exjefe de área Llinares, ocho de prisión y 18 de inhabilitación. Para la ex secretaria general Tina Sanjuán, 13 años y medio de cárcel y 32 de inhabilitación. Para el exjefe de gabinete Llopis, cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.

La petición de penas de Fiscalía también es muy elevada para los miembros de la trama que no trabajaban para la Generalitat. Y así, para Tauroni, supuesto cabecilla, que lleva más de un año en prisión preventiva, solicita 11 años de cárcel y 18 de inhabilitación. Para Marcial López (presidente de la Fundación Cyes), cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación. Para su pareja sentimental, Josefa Cervera, solicita las mismas penas.

El PSPV-PSOE ha solicitado, por su parte, 15 años de cárcel para el siete veces consejero de la Generalitat que, hasta hace solo unos meses era portavoz del PP en las Cortes. La petición de pena por la propia Generalitat, de cuyo Consell formó parte hasta junio de 2011, hace que su expulsión del grupo parlamentario popular resulte inevitable.

 

La segunda (y última) caída de Blasco en la política valenciana

Rafael Blasco (Alzira, 1945) es un caso excepcional de la política valenciana. En un largo tránsito desde la extrema izquierda hasta la derecha liberal, Blasco ha dedicado toda su vida a la política, siempre con la pulsión por el poder como motor.

Con el final del franquismo, Blasco abandona las formaciones marginales y apuesta por el PSPV-PSOE, lo que le lleva a convertirse en consejero de Presidencia en el primer Gobierno autonómico presidido por el socialista Joan Lerma. Allí participa en la construcción de la arquitectura autonómica hasta que en 1985 asume la cartera de Obras Públicas. Cuatro años después, en 1989, Blasco se ve salpicado por un escándalo de corrupción relacionado con la recalificación de terrenos. Judicialmente el caso acaba en nada, pero Lerma decide destituirlo y apartarlo.

Es la primera caída de Blasco, que tiene que volver a su puesto de interventor municipal. Tras distintos intentos de regresar a la primera línea de la política valenciana, Blasco encuentra la llave en el popular Eduardo Zaplana. El entonces candidato del PP utiliza sus consejos para batir al adversario y tras conseguir la presidencia del Gobierno valenciano, Zaplana lo nombra subsecretario de Planificación en la Presidencia de la Generalitat. Es el regreso del ave fénix, de un político subyugado por el poder.

En 1999, Blasco es nombrado consejero del PP. Es el inicio de un largo ciclo en el que ocupará —primero con Zaplana y luego con Francisco Camps— las carteras de Empleo, Bienestar Social, Territorio y Vivienda, Sanidad, Inmigración y Solidaridad y Ciudadanía. Los rumores, nunca demostrados, sobre irregularidades en la gestión de Blasco acabarán por convencer a Camps de la necesidad de apartarlo. Tras ser reelegido en 2007, le otorga una cartera menor: Inmigración.

Sin embargo, el estallido del caso Gürtel a principios de 2009 alterará los planes de Camps. A medida que el presidente valenciano se hunde, el político alzireño se hace más imprescindible. Tanto, que logra acumular al cargo de consejero el de portavoz parlamentario. Sin embargo, una fuga de información sobre la gestión realizada en los fondos de cooperación que gestiona y la denuncia de una diputada del PSPV acabarán en una imputación por tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y prevaricación. Es la segunda caída de Blasco y, a sus 68 años, probablemente, la última.

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