Una manera de gobernar

La anulación del plan Rabassa marca el final de una época en el gobierno municipal de Alicante. Lo hace, claro está, de una manera simbólica, porque en la práctica ese modo de gobernar había acabado hace tiempo, aunque todavía debamos soportar sus efectos. La idea del promotor Enrique Ortiz de construir una ciudad —porque de una ciudad se trataba— en los terrenos de Rabassa resultó polémica desde el principio. En otro momento, el proyecto de construir 13.000 viviendas al margen del plan general de la ciudad hubiera sido considerado un disparate sin sentido. A comienzos de siglo, en un Alicante que hervía en plena burbuja inmobiliaria cualquier aventura, sin embargo, resultaba creíble. Enrique Ortiz supo mover, además, con acierto los hilos de la opinión pública para predisponerla a su favor; buena parte de los alicantinos le creyeron.

De no haber estado gobernado el Ayuntamiento de Alicante por Díaz Alperi, con Sonia Castedo en la concejalía de Urbanismo, es probable que Rabassa no hubiera ido más allá de una idea sobre el papel. Fue la determinación de estas personas la que llevó adelante un plan que en nada beneficiaba a la ciudad, al hipotecar su futuro. Pero en aquellos momentos, un gobernante actuaba con una sensación de total impunidad. El 27 de abril de 2005, el pleno municipal aprobó el plan Rabassa con el voto de los concejales socialistas y los del Partido Popular. Para que todo resultara diáfano, en el mismo pleno los concejales acordaron una sustanciosa subida de sus sueldos. Ocho años después, constatamos que el tiempo no ha sido benévolo con los protagonistas de aquella histórica sesión. Luis Díaz Alperi es un cadáver político que se las tiene que ver con Hacienda en los tribunales de justicia. Sonia Castedo, su sucesora en la alcaldía y también imputada, ha perdido cualquier crédito y cada día actúa con menos convicción. En cuanto a los socialistas, ¿qué podríamos decir del grupo municipal socialista?

No todos los alicantinos se rindieron a la euforia del momento, y la prueba es que Rabassa provocó una cierta reacción en la ciudad. Hubo particulares que defendieron sus derechos, y a los que la Justicia acaba de darles la razón. Con todo, el efecto más positivo que Rabassa tuvo sobre Alicante fue la aparición de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas. La PIC fue la reacción moral de un grupo de profesionales ante un proyecto que consideraban “insostenible en lo ambiental, especulador del territorio y hecho de espaldas al interés general de los ciudadanos de Alicante”.

Si el plan Rabassa cabe considerarlo ya historia, sus efectos sobre Alicante continúen manifestándose, y es probable que todavía lo hagan durante un tiempo. Debemos rechazar la idea de que los enormes problemas que afectan a la ciudad son una consecuencia directa de la crisis económica. No, los problemas de Alicante vienen de antes; lo que ha hecho la crisis es ponerlos al descubierto. El propio plan Rabassa, con su efecto retardador sobre el plan general de la ciudad, es una de las causas. Alicante es hoy en día una ciudad sin planificar, es decir, sin ordenar. Pero ese desorden no es sólo urbano, sino también, como vemos estos días, económico, administrativo. El desorden de las cuentas municipales, la falta de planificación estratégica, las discusiones de última hora sobre la llegada del AVE, tiene una causa común: una cierta manera de gobernar: la misma que permitió el plan Rabassa y ha hundido la ciudad.